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Costa Rica proyectó como meta a mediano plazo convertirse en un país carbono neutral. Aunque la fecha ha cambiado en varias ocasiones, la meta se mantiene. Mientras uno de los principales obstáculos para alcanzarla está en las calles, la compra de carros, motos y otros automotores parece formar parte de la solución.
La flotilla nacional de vehículos supera los dos millones según datos de la Dirección General de Tributación. De estos más de 1.283.000 son vehículos particulares y más de 648.000 son motos. En su gran mayoría, son automotores de gasolina o diésel, es decir, vehículos “sucios”. Con ellos dejar de producir contaminantes es una carrera cuesta arriba.
El primer intento del Gobierno para contrarrestar este factor, fue promover la compra de vehículos eléctricos. La idea fue hacerlos más atractivos partir de una exoneración de impuestos y otros beneficios como no pagar parquímetro o que no les aplique la restricción vehicular, además de la exoneración de algunos de los repuestos. Este proceso camina, pero tal vez demasiado lento.
La segunda gran apuesta es convertirse en el gran comprador en potencia de estos vehículos.
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Tras la firma de una directriz por parte del presidente Carlos Alvarado, el Estado costarricense espera migrar toda su flotilla a automóviles y motocicletas eléctricas en los próximos años.
Las consecuencias de esta acción –además de la disminución de contaminantes– son aumentar la oferta de estos vehículos en el país y bajar los precios para los consumidores particulares.
Nuevos vehículos: cero emisiones
El 7 de noviembre del 2018 el presidente Alvarado firmó la directriz, para la transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público. El documento además acompañó otras cuatro firmas con el mismo enfoque.
La idea es que a partir de su publicación –el 21 de diciembre– las instituciones del Gobierno adquieran solamente vehículos eléctricos o cero emisiones, siempre y cuando sea posible.
Esto no significa que los ministerios o demás instituciones públicas deban cambiar el total de sus flotillas de manera inmediata. Las inversiones deberán hacerse de acuerdo con el plan de compra de cada organización.
Cada institución debe presentar su calendario de sustitución de vehículos en un plazo de tres meses tras la publicación de la directriz.
Cambiar una flotilla de vehículos completa no es tan simple como comprar un carro nuevo.
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La poca experiencia que hay actualmente en el país, en vehículos eléctricos es un tema importante por considerar. Es por eso que el Ministerio de Ambiente y Energía fue designado como ente de apoyo y orientación relacionada con las tecnologías.
La directriz ya caló en varias instituciones. Después de la compra de más de 100 automóviles eléctricos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Correos de Costa Rica tomó la decisión de cambiar toda su flotilla de motocicletas.
La experiencia de Correos evidenció la necesidad de hacer previsiones técnicas antes de realizar las compras. La empresa calculó kilometraje, inversión en combustibles, distancia de recorrido y hasta el peso de los paquetes que transportan, para saber con certeza qué tipo de motocicletas debían comprar. El objetivo no es solo ambiental, sino también obtener un mejor rendimiento que el generador por las unidades actuales.
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El cálculo evidenció que con las nuevas motocicletas pasarían de gastar en combustible ¢28,8 por kilómetro, a ¢1,37 en el mismo recorrido, según Mauricio Rojas, gerente general de Correos de Costa Rica.
Sin embargo, el estudio también demostró que actualmente los modelos eléctricos que se venden en el país no son adecuados para todo el país. Dar servicio en comunidades como Liberia, con distancias más amplias para recorrer entre entregas requiere de modelos con mayor rendimiento. Esto es parte de lo que prevé la directriz. El vehículo que se compre debe ser acorde con la necesidad de la institución.
Otras instituciones que ya mostraron interés en hacer esta transición son el Instituto Nacional de Seguros y la Policía de Tránsito, principalmente por el gran tamaño de sus flotillas, según Rolando Castro viceministro de Energía.
Más demanda: más opciones a mejores precios
Que el Estado se convierta en un gran comprador de vehículos eléctricos traería consecuencias favorables para el país. De eso está seguro Castro.
Una demanda grande como la que podrían generar en conjunto las instituciones públicas, obligaría a las agencias a traer nuevos modelos que suplan las necesidades específicas de las instituciones. Incluso podría significar la entrada al país, de nuevas marcas.
En total, el Estado costarricense es dueño de 5.306 vehículos. De estos, 3.286 son carros y 2.020 motocicletas. Estos datos corresponden al listado de todos los vehículos cuya cédula jurídica registrada –a la hora de realizar la revisión vehicular– pertenecen al Gobierno, según Riteve.
El cambio de varios miles de vehículos se ve fuertemente limitado por la oferta.
El mercado actual de carros eléctricos es muy pequeño. Marcas como Hyundai, BMW, JAC o Nissan solo manejan un modelo específico de carro 100% eléctrico. Mientras que otras agencias ni siquiera cuentan con un modelo en su portafolio.
El faltante de oferta es aún mayor si se toman en cuenta carros de doble tracción o vehículos para trabajos más pesados. En total, desde el 2009 hasta diciembre del 2018 se han importado 510 automóviles eléctricos al país, según datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove). Este número incluye la compra realizada por el ICE y otras aisladas hechas por ministerios.
Sin embargo a nivel internacional la oferta es mucho mayor y es a lo que el Gobierno aspira llevar al país. De una manera paulatina, estas compras estatales representarían nuevos vehículos en los show rooms de las agencias y con el tiempo mejores precios para los compradores.
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La reducción de los precios no es tarea fácil. Aún hoy –después de la exoneración de impuestos– los costos que tienen estos vehículos en el país es elevado.
Por ejemplo, el Hyundai IONIQ tiene su precio inicial –para la versión más reciente– en $33.965, mientras que el Elantra, un sedán físicamente similar y de la misma marca, se puede comprar a partir de $27.800.
Ante tan escasa oferta, es mucho más complicado conseguir precios más asequibles. Este no es el único factor; para que el precio baje, también deberán abaratarse las baterías utilizadas por estos vehículos.
Esfuerzos iniciales como los del ICE y Correos funcionan para que otras instituciones aprendan de ellos. Así las instituciones pueden empezar a valorar costos, tiempos de recarga y rendimiento, entre otros.
Dentro del panorama fiscal actual la tarea no logrará de la noche a la mañana.
Cambiar toda la flotilla del Estado requiere tiempo y detalle, pero estos primeros esfuerzos destacan. Mientras tanto, el resto de las instituciones deben mantener sus planes de acuerdo con sus presupuestos, para que los vehículos nuevos representen más ahorro del que está urgido el Estado y que finalmente, cale en el bolsillo del resto de consumidores a nivel nacional.
