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Reducir la cantidad de subregímenes laborales en las instituciones públicas, generar un sistema de salario global diferente del de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y crear incentivos no monetarios para los trabajadores del Estado, son parte de las propuestas que el Gobierno promoverá para negociar una reforma al empleo público.
El Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) envió, el pasado viernes 21 de diciembre, un documento a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa con los lineamientos y propuestas que –a criterio del Gobierno– deberían ser parte de un futuro proyecto de ley para transformar el empleo público.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, confirmó en entrevista con EF, que el documento contiene puntos clave que servirán como base para discutir y crear el texto en conjunto con los sindicatos, los diputados y las instituciones públicas, incluidos los poderes de la República.
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El presidente Carlos Alvarado encomendó a Garrido la misión de dar a conocer el documento con los diferentes actores sociales. La jerarca iniciará en la segunda quincena de enero un ciclo de reuniones para empezar la construcción de “consenso” del proyecto de ley.
Garrido indicó que convocarán a los líderes sindicales a una reunión después del 15 de enero, luego se calendarizarán encuentros con los jefes de las bancadas legislativas y sus diputados, para finalmente conversar con jerarcas de instituciones del Gobierno Central, los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes, municipalidades, instituciones públicas descentralizadas y autónomas.
¿Qué saldrá de todos estos diálogos? El Gobierno espera que un proyecto de ley, pero son conscientes de que la relación con los sindicatos se resquebrajó tras la huelga y de que podrían encontrar trabas en algunos legisladores, e incluso, en instituciones públicas.
Los cinco cambios
El documento que preparó Mideplán para iniciar el diálogo que conducirá a una reforma del empleo público es apenas un punto de partida y contiene muchas propuestas.
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Garrido compartió con EF algunos temas medulares en los que se proponen cambios para generar eficiencia, ahorros y mejorar la gestión en la función pública.
1- Reducir los subregímenes. El Mideplán estimó que, dentro del empleo público que se debe considerar como un único régimen, existen en la actualidad hasta 14 subregímenes, como, por ejemplo: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el TSE, la Fuerza Pública y el Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otros.
Estos subregímenes están organizados por conformación de planillas o por instituciones. El cambio que propone el Gobierno consiste en reducir de 14 a siete la cantidad de subregímenes dentro del empleo público.
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Los siete grupos nuevos estarán categeorizados de acuerdo con áreas de especialización. Por ejemplo: funcionarios públicos en general, empleados de empresas estatales en competencia –como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el Instituto Nacional de Seguros (INS)–, trabajadores de confianza, médicos, maestros y policías.
“Lo que buscamos es generar una organización en función del tipo de servicio que prestan los trabajadores públicos”, puntualizó la ministra.
2- Salario único, no necesariamente el de la OCDE. Es un hecho que el Gobierno impulsará la idea de un salario global o único, aunque no necesariamente seguirá el modelo implementado por los países de la OCDE.
El sistema de este grupo conocido como “el club de las naciones ricas” incluye una remuneración conformada por un salario único que representa el 90% y un 10% de pluses o incentivos.
Aunque se trata de un esquema que paga salarios más competitivos a los empleados públicos con respecto a los privados y que reduce las brechas de desigualdades entre las mismas instituciones del Estado, el Gobierno no planea, de entrada, utilizar el modelo OCDE.
Garrido aseguró que es un punto en el cual todavía se hacen evaluaciones.
El Gobierno espera definir, en las próximas semanas, la forma en que se aplicará el sistema de salario global.
3- Incentivos no salariales. La propuesta de reforma al empleo público incluye la creación de un “menú” de incentivos no salariales para que los trabajadores del Estado puedan elegir un conjunto de ellos.
Se trata de iniciativas como días de teletrabajo, pasantías, licencias de cuido y capacitaciones, que permitirán generar mayor identificación, compromiso y lealtad del empleado público con su institución.
De acuerdo con la ministra, este es un tema trascendental porque existen experiencias en instituciones como la Contraloría General de la República (CGR) o el Banco Central de Costa Rica (BCCR) –en las que se aplica el salario único– que revelan un mayor nivel de satisfacción de los trabajadores.
4- Transformar el Servicio Civil. La idea del Gobierno es que la Dirección General del Servicio Civil se convierta en una dirección del Ministerio de Planificación.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada el 3 de diciembre del 2018, le confirió al Mideplan el rango de “ente rector del empleo público” en Costa Rica, una responsabilidad que actualmente oscila entre el Servicio Civil y las oficinas de recursos humanos de las 330 instituciones públicas del país.
La intención del Ejecutivo es que el Servicio Civil se convierta en un “brazo” del Mideplan para generar directrices y lineamientos que se aplicarán en todas las instituciones públicas, incluidas los poderes de la República, las autónomas y descentralizadas.
5- Un plan para la alta gerencia. Según Garrido, en la actualidad hay personas que alcanzaron puestos de jefaturas porque acumularon cierta cantidad de años en un cargo, pero cuando ascienden son malos jefes o no tienen aptitudes de liderazgo.
La ministra dijo que se creará un currículo de requerimientos que garantice a los funcionarios públicos alcanzar un puesto de jefatura luego de superar un tamiz de calidad integral. Se incluirán criterios como el tiempo laborado, las calificaciones alcanzadas, los proyectos desarrollados con éxito y las aptitudes.
Diputados impulsarán proyecto
Una vez que el documento del Gobierno supere la etapa de diálogo social y se construya el proyecto de ley de reforma al empleo público, las fracciones legislativas más numerosas del Congreso priorizarán el avance de esta iniciativa. En eso coincidieron los jefes de las bancadas, consultados por EF.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que se debe pensar en un proyecto que permita remunerar de manera más justa a los empleados públicos.
Víctor Morales, líder de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), confía en que se pueda construir un proyecto de ley que permita modernizar el empleo público y que cuente con el apoyo de la mayoría de grupos implicados, incluidos los sindicatos.
Para Erwen Masís, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el ajuste debe incluir un sistema de salario único que en los primeros años de aplicación aumentará el gasto público, pero que a mediano plazo permitirá aplanar la curva hasta que se genere un ajuste en este rubro, como lo señaló la CGR.
Carlos Avendaño, quien lidera la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), argumentó que en el país no solo de debe hablar de pensiones de lujo, también existen salarios de lujo que se tienen que corregir, o al menos, limitar para los empleados que ingresen en el futuro.
Los cambios que contendrá el texto aplicarían únicamente para los funcionarios que empiecen a trabajar luego de la aprobación de la ley en el Congreso, o para aquellos del régimen actual que deseen cambiarse al nuevo sistema.
El Gobierno enviará el proyecto de ley al Congreso en primera semana de marzo para cumplir el pacto sellado con las bancadas del PLN y el PUSC, que le dieron sus votos para aprobar el plan fiscal a cambio de que se avance con la reforma al empleo público.
