EscucharEn el marco del Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2025, se han abordado diversos desafíos y oportunidades para el futuro del país. En este artículo, ofrecemos un resumen amplio y detallado de cada uno de los cuatro capítulos principales del informe.
El primer capítulo se centra en cómo Costa Rica ha logrado mantener un crecimiento robusto y una estabilidad macroeconómica en un entorno global incierto. Se destacan los esfuerzos por consolidar la política fiscal y la respuesta del Banco Central ante choques externos.
El segundo capítulo aborda la problemática de la desigualdad en el mercado laboral, subrayando la baja participación de las mujeres y la alta tasa de informalidad, así como las medidas necesarias para revertir estas tendencias.
Por su parte, el tercer capítulo explora la agenda ecológica del país, enfatizando la necesidad de diversificar las fuentes de energía y mejorar la gestión del agua y de los residuos para avanzar hacia una economía baja en carbono.
Finalmente, el cuarto capítulo analiza el papel crucial del comercio exterior, resaltando los logros y los desafíos para maximizar sus beneficios y diversificar mercados.
El siguiente recorrido por los temas más relevantes del informe le dará una visión general que le permitirá comprender de manera clara los puntos clave presentados por la OCDE en su estudio sobre la economía de Costa Rica para 2025.
Capítulo 1: Mantener el crecimiento y la estabilidad macroeconómica
Este capítulo examina detalladamente la evolución de la economía costarricense en el contexto postpandémico y en medio de un entorno global de alta incertidumbre.
Se destaca cómo Costa Rica ha logrado sostener un crecimiento robusto, impulsado por una combinación de fuertes exportaciones, recuperación de la demanda interna y un ambiente favorable para la inversión, a pesar de enfrentar choques externos y presiones internacionales.
El análisis profundiza en el desempeño del PIB, que ha mostrado resiliencia gracias a una especialización creciente en sectores de manufactura avanzada y servicios de alto valor agregado, permitiendo que la economía se recupere rápidamente de los efectos negativos de la crisis sanitaria.
Un elemento central del estudio es la estricta observancia de la regla fiscal, la cual ha permitido contener el gasto público y reducir el déficit, generando una mejora en la sostenibilidad fiscal.
Se explica que, tras décadas de déficits significativos, la adhesión a objetivos fiscales ha posibilitado una reducción progresiva de la deuda pública como proporción del PIB.
Esta consolidación ha fortalecido la credibilidad del país ante inversores nacionales y extranjeros y ha abierto espacio para políticas que impulsen la inversión en infraestructura y capital humano.
En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central ha respondido de forma ágil a los choques externos. Tras una etapa en la que la inflación descendió a niveles negativos –debido a la reversión de choques de precios internacionales y a una apreciación del colón– se observa una tendencia de incremento gradual, pero controlada, que se mantiene dentro de la banda de tolerancia. La flexibilidad en el manejo del tipo de cambio, así como la disposición a ajustar las tasas de interés, han sido herramientas clave para amortiguar la volatilidad global y sostener la estabilidad interna.
El mercado laboral es otro punto focal del capítulo. Aunque se registra una recuperación en el empleo formal y una disminución en las tasas de desempleo, se evidencia que la participación laboral global ha disminuido, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres.
Este fenómeno se atribuye en parte a desajustes entre las habilidades de la fuerza laboral y las demandas de un mercado cada vez más especializado, así como a cambios estructurales que requieren de una actualización en la formación educativa y profesional.
La necesidad de promover programas de capacitación y reformas estructurales para alinear la oferta de talento con las exigencias del mercado es subrayada como un reto imprescindible para mantener el crecimiento.
Además, se analizan riesgos derivados de la dependencia de factores externos, como la volatilidad de los precios internacionales y los cambios en el comercio global, que pueden afectar tanto la balanza comercial como la estabilidad macroeconómica.
Se plantean recomendaciones orientadas a diversificar la economía, incentivar la inversión en sectores estratégicos y mejorar la infraestructura productiva, de forma que se disminuya la vulnerabilidad ante crisis externas.
En síntesis, este capítulo argumenta que el crecimiento sostenido y la estabilidad macroeconómica en Costa Rica dependen de la correcta conjunción de políticas fiscales prudentes, medidas monetarias flexibles y reformas estructurales que modernicen la economía.
La combinación de estos factores no solo garantiza la resiliencia ante shocks externos, sino que también sienta las bases para un desarrollo inclusivo y sostenible que permita mejorar el nivel de vida de la población a mediano y largo plazo.
Capítulo 2: Mejorar la igualdad de oportunidades mediante el impulso de la participación femenina en el mercado laboral y la reducción de la informalidad
El segundo capítulo se centra en dos desafíos interrelacionados que afectan al desarrollo socioeconómico de Costa Rica: la baja participación de las mujeres en el mercado laboral y la elevada incidencia de informalidad.
Se detalla cómo la brecha de género se manifiesta en la menor tasa de participación femenina en comparación con la masculina, fenómeno que se ve exacerbado por las cargas de cuidado y la insuficiencia de servicios de atención temprana y de cuidado infantil.
Este déficit en la infraestructura social limita las oportunidades de reinserción laboral para muchas mujeres, afectando no solo su desarrollo personal y profesional, sino también la productividad y competitividad del país.
El análisis expone que la informalidad laboral, que afecta cerca del 40% de la fuerza de trabajo, representa un obstáculo significativo para el crecimiento económico y la inclusión social.
Entre las causas de este fenómeno se identifican los altos costos asociados a la contratación formal, la complejidad de los trámites burocráticos y un entorno regulatorio que en ocasiones desalienta la formalización de empresas y la creación de empleos estables.
Estos factores generan un círculo vicioso que perpetúa la precariedad laboral, limita la recaudación fiscal y reduce la protección social de quienes se encuentran en la informalidad.
Se profundiza en las implicaciones sociales y económicas de esta doble problemática: por un lado, la desigualdad de género se traduce en menores ingresos y oportunidades para un segmento importante de la población, y por otro, la informalidad impide que el país aproveche plenamente su potencial productivo y de generación de empleo de calidad.
Se argumenta que la persistencia de estas condiciones no solo incrementa la desigualdad, sino que también afecta la competitividad internacional y el crecimiento sostenible.
En respuesta, se proponen estrategias integrales que combinen la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de educación inicial y cuidado infantil, con reformas orientadas a simplificar y abaratar los procesos de formalización.
Entre las medidas sugeridas se encuentran la implementación de incentivos fiscales para las empresas que contraten de manera formal, la reducción de cargas administrativas y el fomento de programas de capacitación enfocados en las necesidades del mercado laboral actual.
Además, se destaca la importancia de promover alianzas público-privadas y coordinar esfuerzos entre diversos actores institucionales para diseñar políticas inclusivas que impulsen el desarrollo del capital humano.
El capítulo concluye resaltando que mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la informalidad son condiciones esenciales para transformar la estructura del empleo en Costa Rica.
Al impulsar una mayor participación femenina y formalizar el mercado laboral, el país no solo avanzaría en términos de equidad social, sino que también fortalecería su competitividad y capacidad para generar crecimiento económico de calidad, en beneficio de toda la sociedad.
Capítulo 3: Apoyo a la transición verde mediante la diversificación de las energías renovables y el refuerzo de la gestión del agua y los residuos
Este capítulo aborda con profundidad la agenda ecológica y de transición energética de Costa Rica, enmarcada en el compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Se analiza la estructura actual del sistema energético, en el cual la dependencia histórica de la energía hidroeléctrica –que aporta alrededor del 70% de la electricidad del país– ha permitido mantener una generación limpia, pero también ha generado vulnerabilidades ante fenómenos climáticos adversos, como sequías prolongadas y variaciones en la disponibilidad de recursos hídricos.
El documento subraya la necesidad imperiosa de diversificar la matriz energética. Se explora el potencial de fuentes alternativas como la solar, eólica y geotérmica, que, si bien han sido poco explotadas hasta el momento, ofrecen la posibilidad de complementar y robustecer el sistema eléctrico.
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Para ello, se proponen reformas regulatorias que faciliten la inversión privada y extranjera en estos sectores, eliminando barreras y promoviendo un entorno competitivo que estimule la innovación tecnológica y la expansión de la capacidad instalada.
Paralelamente, se dedica un extenso análisis a la gestión integral del agua y de los residuos. Se identifican deficiencias estructurales en la infraestructura, como la limitada cobertura de la red de alcantarillado y la escasa modernización de plantas de tratamiento, que inciden negativamente en la salud pública y en la calidad del entorno.
La gestión inadecuada de los residuos sólidos, que en muchos casos depende excesivamente de rellenos sanitarios, se presenta como otro desafío crítico que afecta los ecosistemas y la resiliencia frente al cambio climático.
El capítulo propone la adopción de un enfoque integral y coordinado, en el que intervengan tanto el sector público como el privado.
Entre las recomendaciones destacan el desarrollo de planes de inversión que prioricen proyectos de diversificación energética, la modernización de infraestructuras hídricas y la implementación de sistemas de gestión de residuos basados en criterios de sostenibilidad y eficiencia.
Se sugiere, además, fomentar el uso de tecnologías limpias y la aplicación de análisis de costo-beneficio que permitan identificar las iniciativas con mayor impacto social, ambiental y económico.
Otro aspecto importante es la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y la coordinación intersectorial. Se resalta la importancia de crear marcos normativos que faciliten la cooperación entre gobiernos locales, organismos nacionales y el sector privado, con el fin de garantizar una planificación estratégica coherente y la ejecución oportuna de proyectos.
El impulso a la transición verde se concibe, así, no solo como una respuesta a los desafíos ambientales, sino también como una oportunidad para dinamizar la economía, generar empleos de calidad y posicionar a Costa Rica como un referente en sostenibilidad a nivel internacional.
En conclusión, el capítulo enfatiza que la diversificación de las fuentes de energía y el refuerzo de la gestión del agua y los residuos son pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático.
La transformación hacia una economía baja en carbono requiere un esfuerzo concertado y de largo plazo, basado en políticas integrales, inversiones estratégicas y la participación activa de todos los actores involucrados, para asegurar un futuro resiliente y sostenible.
Capítulo 4: Maximizar los beneficios del comercio
El último capítulo se dedica a analizar el papel fundamental del comercio exterior en el desarrollo económico de Costa Rica, identificando tanto sus éxitos como las áreas en las que es necesario profundizar para optimizar sus beneficios.
Se describe cómo la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa han impulsado el crecimiento de las exportaciones, permitiendo que sectores de alta tecnología y servicios de valor agregado se posicionen en el mercado global.
No obstante, se pone de manifiesto que esta expansión comercial presenta desafíos importantes, como la concentración de los destinos exportadores y la dependencia de mercados tradicionales, en particular Estados Unidos, lo que genera riesgos ante posibles cambios en la demanda internacional.
El análisis examina en detalle las barreras que afectan la competitividad de las exportaciones, entre las que destacan la insuficiente infraestructura logística, el alto costo del transporte y una regulación que, en algunos casos, encarece las operaciones comerciales.
Se argumenta que la modernización de los puertos, carreteras y sistemas de transporte es fundamental para reducir los costos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro.
Asimismo, se resalta la importancia de simplificar los trámites aduaneros y eliminar barreras burocráticas que dificultan el comercio transfronterizo.
Otro aspecto central del capítulo es la necesidad de diversificar los mercados de exportación y fomentar nuevos acuerdos comerciales. Se proponen estrategias para aprovechar tendencias globales, como el nearshoring y la integración en las cadenas globales de valor, lo que permitiría ampliar la base exportadora y reducir la dependencia de pocos destinos.
En este contexto, se enfatiza la importancia de que el país negocie nuevos tratados comerciales que abran oportunidades en mercados emergentes y consoliden relaciones estratégicas con socios internacionales.
El fortalecimiento del capital humano y la innovación se presentan como elementos clave para aumentar el valor agregado de los productos y servicios exportados.
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Se hace hincapié en la necesidad de adaptar el sistema educativo y los programas de capacitación a las demandas del mercado global, impulsando la formación técnica y la inversión en investigación y desarrollo.
La colaboración entre universidades, centros de investigación y el sector empresarial se plantea como un mecanismo esencial para generar sinergias que potencien la competitividad del país.
Finalmente, el capítulo aborda la importancia de crear un entorno regulatorio favorable que incentive la inversión y fomente la competencia.
Se recomienda revisar y simplificar normativas, eliminar distorsiones que afectan a los sectores productivos y promover una mayor transparencia en la formulación de políticas comerciales.
La implementación de estas reformas no solo permitiría maximizar los beneficios del comercio exterior, sino que también contribuiría a generar empleo, impulsar el crecimiento económico y fortalecer la posición de Costa Rica en el contexto internacional.
En resumen, el capítulo concluye que para maximizar los beneficios del comercio es imprescindible adoptar una estrategia integral que combine la modernización de la infraestructura, la diversificación de mercados, la mejora en la capacitación del capital humano y la implementación de reformas regulatorias orientadas a la competitividad.
Solo a través de este enfoque holístico se podrá consolidar un crecimiento sostenible y resiliente, que aproveche de manera plena las oportunidades que ofrece la globalización y contribuya al desarrollo inclusivo de Costa Rica.
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Esta nota fue elaborada por un editor de El Financiero con asistencia de un sistema de inteligencia artificial.
