En Costa Rica hay 450.000 tarjetas de firma digital emitidas, pero falta que el Estado la integre en más servicios. Se requieren al menos cuatro cambios para incrementar su popularidad, que van desde la facilidad de uso hasta el precio que debe pagar el ciudadano.

“Actualmente el uso de la firma digital es muy limitado”, aseguró Paul Fervoy, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

En los últimos dos años solamente se emitieron 130.000 nuevas firmas digitales.

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Cuando un importador va a retirar la mercadería, al agente se le exige la firma digital para transmitir la declaración mediante el sistema Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA).

Luego debe presentarse para firmar la factura comercial, un documento de respaldo que no es indispensable y solo se presenta si la aduana lo pide.

“El trámite completo debería poder realizarse con la firma digital”, dijo José Manuel Quirce, presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex).

El Ministerio de Hacienda no respondió la consulta enviada por EF.

La Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos (N° 8454) establece desde hace 15 años que todas las entidades públicas quedan expresamente facultadas para utilizar la firma ditigal.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) emitió una directriz en el 2014 para la masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público, en el que se establece que todo nuevo sistema que ofrezca servicios internos y externos deberá incorporarla.

La responsabilidad, sin embargo, es de cada entidad. “Con respecto a la integración en las diferentes plataformas de la firma digital certificada, ésta la debe realizar cada institución o empresa”, respondió Jorge Mora, director de gobernanza digital en el Micitt.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene a cargo la emisión de la tarjeta de la firma digital desde hace más de una década, cuando se acordó con el Micitt usar la infraestructura de pagos electrónicos para hacer posible la distribución masiva a través de sucursales bancarias.

El BCCR reconoce que las entidades tienen dificultades para implementar servicios con la firma digital, por lo que lanzó el Firmador Digital, que permite “a un costo mínimo” una serie de facilidades (firma de transacciones, validación de archivos firmados y estampado en tiempo, entre otras). Apenas lo usan 20 entidades y solo en el Sistema de Pagos Electrónicos (Sinpe) operan 100.

“El BCCR no tiene capacidad legal para obligar al uso de la firma digital para trámite alguno”, explicó Carlos Melegatti, director de la división de sistemas de pago del BCCR.

Aplican restricciones

Todos los sectores coinciden en los beneficios de la firma digital para trámites electrónicos: rapidez, confiabilidad, eficacia, reducción de tiempo y recursos, seguridad y respaldo jurídico.

Entre los trámites que se pueden realizar usando la firma digital se encuentran los del Micitt, para radioaficionados, permisos y concesiones de telecomunicaciones, de radiodifusión, para el programa de innovación y capital humano, y para los fondos de incentivos y de pequeñas empresas.

“Actualmente no hay trámites sin uso de firma digital en nuestro ministerio”, afirmó Mora, del Micitt.

En el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) también se utiliza la firma digital en todos los trámites, indicó el Duayner Salas, ministro interino.

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En este caso se usa para solicitar la carta para trámites de las empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las solicitudes de contingentes arancelarios de importación y para exportación también exigen su uso, así como las diferentes gestiones ante el Comex. Los ciudadanos también tienen la opción de la firma física o manuscrita, en caso de no tener la firma digital.

Se utiliza en licitaciones, servicios bancarios, gestiones ante la Contraloría General de la República y el Registro Nacional, entre otras.

Se utiliza también para registros ante la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), actualizaciones del sector exportador ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para solicitar permisos fitosanitarios, notas técnicas y pagos fitosanitarios.

Durante la pandemia varias entidades la incorporaron en servicios digitales, tales como la Caja Costarricense del Seguro Social, Procomer y la Dirección General de Aduanas.

La presentación de planillas ante la CCSS, el pago de pólizas en el Instituto Nacional de Seguros y para el ingreso a sistemas y servicios del BCCR, Ministerio de Hacienda y bancos públicos.

Hay entidades y servicios, sin embargo, donde el avance es menor.

Por ejemplo, para la apertura de cuentas bancarias no se usa aún. Las municipalidades tampoco la tienen incorporada para trámites tan comunes como patentes y permisos de funcionamiento.

Algunas de las certificaciones ante Hacienda tampoco la exigen y varios trámites en el Ministerio de Salud y en el Registro Nacional.

Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), indicó que hay tramitadores que exigen se presenten documentos firmados por bolígrafo y autenticados por abogado o notario si el representante de una empresa no realiza el trámite.

Ampliar

Desde su inicio de la implementación de la firma digital la preocupación es la masificación de su uso en servicios, en empresas y en ciudadanos como componente estratégico para el desarrollo de trámites no presenciales.

Al escaso esfuerzo de las instituciones para generalizar su uso, se suma que en el sector privado se han desechado iniciativas debido a la poca cantidad de usuarios que tienen firma digital.

No parece que ampliar la cantidad de entidades autorizadas de emitir la firma digital, como plantea el Micitt para que compitan con el BCCR, sea suficiente.

Camtic advierte que el sistema actual es una buena base para madurar la herramienta y que son necesarias mejoras en usabilidad, facilidad de instalación, precio y alcance.

Con eso se podría masificar la firma digital. De forma complementaria las instituciones deben proponerse su uso inmediato, para lo cual es necesario determinación e innovación.

Evidentemente no basta una directriz como la emitida por el Micitt hace media década. Es necesario supervisión y seguimiento de su cumplimiento.

El desarrollo de una cultura de uso de la firma digital va asociada a programas de habilitación de los servicios en línea en las instituciones, incluyendo la aceptación de una factura electrónica, y a la preparación y capacitación de usuarios y funcionarios.

Más allá de lo técnico es un asunto de voluntad y de canales de servicio que brinden respuesta y apoyo al usuario.

En el Sistema de Compras Públicas, ejemplificó Camtic, no se puede firmar digitalmente desde una computadora Mac, “por una limitación propia de Sicop”.