¿Qué plantean tres proyectos de ley sobre inteligencia artificial que generan alarmas en los sectores tecnológico y de comercio en Costa Rica?

Se trata de los proyectos de Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (expediente 23771), Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (23919) y Ley para la Implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial (24484). El proyecto 23771 se hizo famoso por ciertas inconsistencias, empezando porque fue desarrollado con asistencia de la plataforma ChatGPT-4.

A instancias de Johanna Obando, presidenta de la comisión legislativa de ciencia y tecnología, se constituyó una mesa para valorar los tres proyectos. Eso no redujo los cuestionamientos.

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la Cámara de Comercio de Costa Rica, así como la firma legal Ecija reconocen la necesidad de avanzar en la materia. Pero realizaron cuestionamientos generales y en algunos casos puntuales.

“Nuestra propuesta es desarrollar el entendimiento general de que no son correcciones puntuales, sino que hay que cambiar de completamente el enfoque”, dijo Adolfo Cruz, presidente de Camtic.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) fue más allá. “Ni el país ni el mundo están preparados para emitir una legislación que podría quedar obsoleta incluso antes de su publicación”, declaró en enero Marlon Avalos, director de investigación, desarrollo e innovación del Micitt, ante la mesa de trabajo convocada por Obando.

La jerarca del Micitt, Paula Bogantes, declaró en octubre pasado que se está tratando de regular la IA en momentos en que esa tecnología se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Vanessa Castro respondió que el proyecto que presentó lleva un largo tiempo de análisis en Comisión de Ciencia y Tecnología, recibió mesas de trabajo con una importante cantidad de expertos y del más alto nivel, y no se puede pensar que hay que empezar de nuevo.

“Todavía tenemos la oportunidad de enriquecerlo más y existe la mayor disposición para ello”, dijo Castro. “Pero hay que reconocer que hemos trabajado arduamente en una legislación para la IA. No se desconocen los modelos de otros países. Se trató de tomar las mejores prácticas de esos lugares”.

Rescatables

Para Camtic y la Cámara de Comercio hay un esfuerzo para establecer un marco normativo para la IA y en cada uno se encuentran elementos positivos.

“Cada proyecto cuenta con una serie de principios que son rescatables como ejes rectores de la política que se pretende implementar”, dijo Cruz, de Camtic.

Las preocupaciones van desde la falta de visión integral hasta que los proyectos se presentan en forma separada pese a que su objeto es el mismo, que no responden al carácter transversal, altamente dinámico y transformador de la IA y que su aprobación afectaría la innovación local y la inversión externa.

“La redacción actual aún incluye varias disposiciones que generarían efectos adversos”, recalcó Jaime Morales, asesor legal de la Cámara de Comercio.

Se cuestiona el establecimiento de trámites burocráticos y excesivos que tendrían un impacto negativo en la innovación y en los costos a las empresas emergentes, pequeñas empresas (pymes) y centros de investigación. Esos trámites, además, estarían a cargo de entidades con limitaciones técnicas y financieras.

Los proyectos también estarían omitiendo modelos para incentivar su desarrollo y adopción, promover la alfabetización y generar el financiamiento, al tiempo que se basan en la ley de IA de la Unión Europea, diseñada para una realidad distinta y que también en el Viejo Continente está en evaluación por el impacto en su competitividad.

Las cámaras solicitaron reiniciar el proceso en una mesa conjunta (sector público, cámaras empresariales y gremios tecnológicos, academia y sociedad civil), tener enfoque integral y generar un marco legal equilibrado.

La firma lega Ecija, también señaló que se requiere de cambios sustanciales para adecuarlo a la realidad local y recomendó avanzar por etapas, comenzando con la adopción de marcos éticos, estándares internacionales y buenas prácticas.

¿Es posible regular la IA?

Para todos los actores, la IA no es una tecnología más. Es “un nuevo paradigma económico y social con profundos efectos en todo el quehacer humano”, que —según McKinsey— agregaría hasta $4,4 trillones a la economía global para el 2030.

La firma Deloitte advirtió recientemente como la IA avanza, entre otras cosas, a una mayor interacción entre humanos y máquinas (incluyendo desde computadoras hasta la robótica).

Asimismo, según Deloitte, junto a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) en que se basan las plataformas (ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok y otros) a modelos de lenguaje pequeño (SLM) para tareas discretas, resultados multimodales, simulaciones y asistentes virtuales.

Las empresas enfocadas en IA atrajeron más de $32.000 millones de capital de riesgo, según el informe Venture Pulse Q4 2024 de KPMG. Los mayores negocios globales del cuarto trimestre de 2024 fueron liderados por empresas de IA, como Databricks, OpenAI y xAI, la firma de Elon Musk que desarrolló Grok.

Mientras la IA avanza aceleradamente, la legislación local en materia tecnológica viene rezagada. Lo está en áreas específicas como la protección de datos personales, la propiedad intelectual, los derechos del consumidor electrónico, la gobernanza de datos y la ciberseguridad. Lo estaría en materia de IA también. Pero aquí no es fácil.

“El modelo habitual de legislar, lento y rígido, es inadecuado para tecnologías disruptivas de impacto transversal como la IA, que requieren un enfoque mucho más adaptable”, dijo Cruz.

Morales apuntó que en los proyectos hay inconsistencias, vacíos, enfoques erróneos, desproporcionalidad entre las normas prescriptivas y las de fomento, exceso de requerimientos, recargo de responsabilidad en entidades existentes, y falta de coherencia con estándares internacionales en la materia.

El otro problema, no menor, es la capacidad del Estado, que no tiene las condiciones para el control del cumplimiento de los requerimientos exigidos en los proyectos ni hay metodologías para las evaluaciones. Al mismo tiempo, las empresas, en particular los emprendimientos y las pymes, tampoco tienen los recursos para cumplirlos.

Se cuestiona la creación de un órgano interinstitucional que deberá operar dentro del Micitt, sin que se definan las fuentes de financiamiento.

Para el sector tecnológico el cambio de enfoque es primordial. “Se debe pasar de proyectos altamente restrictivos y reguladores a proyectos que deben tener un balance delicado entre fomentar, inversión, innovación y regular, pero regular en un esquema que no nos amarre de pies y manos”, dijo Cruz.