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En su carta de renuncia al puesto que ocupó desde el 2016, el exviceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, planteó al Presidente Carlos Alvarado que llegó el momento de dar un paso al lado.
El propósito, indicó Estrada, es “ser consecuente” con los principios de fortalecimiento de la rectoría, beneficio al usuario y su derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Agregó que se sumaría como ciudadano a un “frente común” para la defensa de la independencia del regulador, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la promoción de la competencia, la transparencia y la neutralidad tecnológica, entre otros.
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Estrada, que estuvo cuatro años en el cargo, también apuntó que para servir como viceministro debía “compartir la misma visión de quienes ejercen los cargos más altos dentro del Poder Ejecutivo”. La falta de esa coincidencia llevó a la renuncia.
Nada de eso pasó desapercibido.
“Esta frase nos revela que hay temas de desacuerdo con principios básicos que todos defendemos y que van más allá de Fonatel”, advirtió Paul Fervoy, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación.
La renuncia de Estrada, que desde el 8 de julio ocupa su plaza en propiedad en el departamento de concesiones, es la segunda baja en la jerarquía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El pasado 28 de mayo renunció como ministro Luis Adrian Salazar, quien argumentó diferencias con Casa Presidencial.
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El ministerio, que sólo responde a través de la oficina de comunicación institucional, sostiene que no se promueven cambios en la visión de política púbica o en el Plan Nacional de Telecomunicaciones.
“El Micitt es una institución consolidada, con equipos de técnicos experimentados y de amplios conocimientos”, se agregó en la respuesta.
La discordia se origina en el proyecto gubernamental para usar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en pago de deuda pública.
Tanto la industria como Sutel insisten en la inviabilidad legal de la iniciativa del gobierno, pues diferentes tratados de comercio internacionales y resoluciones de la Sala Constitucional habrían blindado al Fondo.
“Hasta el momento no se ha dado el manotazo político contra Fonatel”, dijo Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom). “El Presidente Alvarado debería tener asesores que le hagan ver las implicaciones de usar esos recursos”.
Sutel insiste en que los recursos, que provienen de los operadores, están comprometidos en los programas y proyectos planificados en los próximos siete años.
Según la Contraloría General de la República y el Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica, Fonatel ya mejoró la ejecución y los problemas existentes se deben a la estructura asignada por ley.
Preocupación
Las renuncias de Salazar y Estrada generan preocupación en la industria de tecnología y de telecomunicaciones.
El sector recalcó que se requiere liderazgo, claridad y astucia en el Micitt para asumir el reto del cambio digital en el sector público y privado, así como acelerar esa transformación en la actual coyuntura.
Ambas tareas implican avanzar en la disponibilidad de espectro para fortalecer las redes 4G, prepararse para 5G y dar conectividad en zonas remotas.
“Defendemos el manejo de Fonatel para continuar su labor de reducir la brecha digital”, recalcó Fervoy, de Camtic. “Debemos redoblar este esfuerzo y estamos seguros de que generaría réditos más allá de ayudar a controlar la pandemia”.
Fervoy indicó que esperan ser consultados sobre el nombramiento de la persona que sustituya a Estrada, así como que la actual ministra Paola Vega les conceda una audiencia.
El Micitt hace un mes insistía, por mandado de Presidencia, en encontrar el portillo legal para tener acceso y usar los recursos de Fonatel.
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La búsqueda gubernamental de ese portillo seguía, pese a que toda la legislación sobre el tema se creó hace 12 años para evitar ese tipo de abusos típicos de otros países de la región cuando se inició la reforma de los mercados a mediados de los 90.
El Micitt respondió y confirmó que el análisis de Fonatel se está realizando “de forma interinstitucional e interdisciplinaria”.
La entidad indicó que trabaja en garantizar el cumplimiento de la política pública, en mantener la ejecución de los proyectos y en analizar la modificación de las metas del plan de telecomunicaiones junto con Sutel, “acelerando en la medida de lo posible las acciones planificadas”.
Infocom, que ya se reunió con Vega, insistió que el país está sin jerarca en telecomunicaciones cuando es más necesario y que se requieren políticas para fortalecer los servicios durante y después de la pandemia.
“Nadie lo está visualizando”, insistió Castro. “Hay una amenaza permanente contra los recursos de Fonatel que se traducen en más de seis proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, especialmente el que pretende pagar deuda”.
Para Infocom el gobierno debería estar encantado de tener una herramienta para brindar conectividad. En cambio, advierte que solo logrará un impacto mínimo al usar los recursos de Fonatel.
Castro indicó que la creación por ley de Fonatel ocurrió en 2008 y que fue hasta 2011 (después que se implementó la primera concesión en telefonía móvil y empezó a operar la reforma del mercado) que se constituyó la estructura para la implementación de los programas.
Se reconoce que falta mayor conectividad en el país, pero destaca que con Fonatel se brindó enlaces de Internet a 140.000 hogares, lo que habría reducido el impacto del confinamiento en marzo anterior para empresas, instituciones, centros educativos y las mismas familias.
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La propuesta del sector es avanzar en definir políticas y programas para impulsar proyectos de conectividad en línea con las recomendaciones internacionales frente a la pandemia.
Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó en mayo anterior incrementar los esfuerzos para despliegue de servicios de fibra óptica, entre otras medidas, para garantizar conectividad durante la pandemia.
Asimismo, la industria plantea avanzar en la formulación del plan nacional de telecomunicaciones y no esperar a que venza el actual en 2021.
Precisamente Prosic señaló que Fonatel se vio afectado por los atrasos en la definición de este plan en años anteriores.
“En una audiencia con la ministra Vega le hicimos ver que es necesario superar el tema de la ejecución de los proyectos de Fonatel”, aseguró Vanessa Castro, de Infocom.
