Los futuros compradores de vehículos eléctricos tendrán exoneraciones e incentivos durante los próximos 12 años. La anterior Asamblea Legislativa dejó aprobado el expediente 21.465, conocido como Ley de Incentivos al Transporte Verde, que en esencia amplía algunos beneficios ya vigentes desde el 2018.
La legislación fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 3 de junio.
Sectores relacionados al mercado automotriz y de electrificación aplauden estas medidas, pues las consideran necesarias en virtud del costo todavía mayor que tiene esta tecnología en comparación con los vehículos de combustión.
Las estadísticas indican que la cantidad de vehículos eléctricos tiene una marcada tendencia al alza en Costa Rica y las expectativas son positivas a raíz de los esfuerzos que ha hecho el país para electrificar su parque vehicular.
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La reforma
La nueva legislación, firmada por el presidente Carlos Alvarado el jueves 5 de mayo, reforma el capítulo III de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico del 2018 (9.518), sección que establece los incentivos y exoneraciones fiscales.
Una de las novedades que destaca, y cuya incorporación se dio tras peticiones del sector, es que los incentivos aplicarán también a los vehículos eléctricos usados, hasta con cinco años de antigüedad.
“Esto va a permitir dar acceso a más población, a que más personas tengan acceso a la tecnología cero emisiones”, aseguró Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), entidad que participó en el proceso de impulso de la reforma.
La extensión de incentivos abarca tres impuestos: el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto selectivo de consumo y sobre el valor aduanero, y el impuesto a la propiedad.
En el caso del IVA, la nueva ley indica que se pagará el 1% en el primer periodo fiscal de vigencia, tarifa que aumentará un punto porcentual por período fiscal hasta alcanzar la tarifa general.
El impuesto selectivo de consumo y sobre el valor aduanero se pagará escalonadamente: los primeros 36 meses son exentos, los siguientes 36 meses se paga el 25%, luego sube al 50% durante otros 36 meses y un último periodo de 36 meses se paga el 75%. A partir de los 12 años se cancelará el impuesto completo que corresponda.
La base imponible para el cálculo del IVA y el impuesto sobre el valor aduanero será el valor aduanero cuando correspondan a importaciones o el valor de fabricación en caso de ser ensamblados o producidos en territorio nacional.
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En cuanto al impuesto a la propiedad, este no se cobrará en el primer periodo fiscal. A partir del segundo período fiscal, la exoneración será escalonada del 20% por año, hasta alcanzar la tarifa general del impuesto.
La ley también prevé la exoneración del IVA durante 10 años para las empresas de producción y ensamblaje de vehículos eléctricos que se instalen en el país, siempre y cuando el valor agregado nacional sea por lo menos del 20%.
Para ello, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) debe emitir un reglamento en ocho meses plazo para registrar a las empresas que produzcan o ensamblen vehículos eléctricos, con el cual se identificará a los sujetos a estas exoneraciones.
No obstante, se derogó el artículo 34 de la ley anterior que exoneraba de impuestos a las partes necesarias para la instalación de centros de recarga.
Para Rojas, los incentivos son todavía necesarios hasta que se logre equiparar el precio de un vehículo eléctrico a los de combustión. Las exoneraciones de la ley original tenían un plazo de cinco años.
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Mismo criterio comparte la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema). Su presidente, Carlos Aguilar, afirmó que la tecnología está aún en desarrollo y crecimiento, lo que implica altos costos, por lo que los incentivos facilitan el proceso de cambio.
“Nos ayudan en el proceso de seguir en la transición hacia nuevas tecnologías. Es necesario si realmente queremos en Costa Rica un proceso de transición”, comentó.
No obstante, Aguilar apuntó que el Gobierno debe promover la neutralidad tecnológica y no beneficiar a una tecnología sobre otra, sino facilitar el “proceso natural”. Por ejemplo, el representante lamentó que no se continuaran los beneficios para los vehículos híbridos, que son un punto medio entre combustión y electrificación, lo que, en su opinión, limitó la oferta y forzó la transición.
Flota en expansión
Los datos del Minae, ente encargado de compilar las estadísticas de vehículos eléctricos, indican que la flota vehicular de este tipo camina a paso firme en Costa Rica.
Hasta abril del 2022 se contabilizaban poco más de 5.200 unidades, que incluyen desde automóviles hasta equipo especial como cuadraciclos o carros de golf, todos con placa. Ese número es diez veces superior al registrado hace 10 años.
La ampliación de la red de carga y los incentivos fiscales parecen ser los elementos que permiten tener en Costa Rica un “buen ambiente” para el desarrollo de esta tecnología, opinó Rojas, quien agregó que las casas matrices están enviando más oferta al país.
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Además de la red rápida nacional, la instalación de cargadores semirrápidos en diversos comercios de todo el país amplía las opciones de recarga y da más confianza a los futuros conductores.
A pesar de que la pandemia afectó a todo el sector automotriz, el 2021 fue el año récord de inclusión de vehículos eléctricos en Costa Rica: aunque disminuyó la adquisición de vehículos en general, entre aquellos que decidieron tener uno nuevo un mayor porcentaje escogió uno eléctrico.
Y este año los datos apuntan a ser todavía mayores. En los primeros tres meses del 2022 se inscribió casi el doble de vehículos eléctricos que en el mismo periodo del 2021. Solo en abril la cifra cayó.
Con todo esto, las expectativas es que este año se duplique la cantidad de nuevos vehículos eléctricos y que esa tendencia se mantenga durante los próximos años, impulsada también por las apuestas hacia la electrificación de la Unión Europea, China y Estados Unidos.