EscucharEl 31 de marzo pasado el Grupo ICE publicó la primera licitación para contratar infraestructura que permita desplegar redes privadas empresariales basadas en tecnología de quinta generación (5G).
Tres semanas después, concretamente el 18 de abril anterior, publicó el segundo pliego de condiciones para el despliegue de la red de acceso fijo inalámbrico también con 5G.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), concesionaria de las frecuencias que se utilizarían, esperan que las primeras conexiones operen antes de terminar el 2023 para el segmento corporativo (instituciones y empresas) y que la comercialización masiva de servicios 5G sea en 2024.
Los dos pasos confirmaron que el Instituto se preparaba para aprovechar la ventaja de tener frecuencias, mientras las autoridades tardan en liberar espectro no utilizado en manos del mismo ICE (de 2500 MHz a 2690 MHz y de 3500 MHz a 3600 MHz) y en iniciar la subasta con las frecuencias que sí están disponibles en otras bandas para que los operadores compitan con servicios en 5G.
Para la industria se generan preocupaciones de una posible distorsión en el mercado, producto de que un operador tenga una ventaja al brindar servicios sin que sus competidores tengan la oportunidad de acceder al espectro radioeléctrico necesario.
Otra preocupación es sobre el uso eficiente del espectro, el cumplimiento legal de recuperar las frecuencias que no sean utilizadas y que la implementación de 5G o de cualquier otra tecnología se aleje de los principios de la libre competencia y libre mercado.
“El esquema planteado limita la libertad de los usuarios de escoger entre distintos proveedores”, advirtió Adolfo Cruz Luthmer, CEO de NextCurve y vicepresidente de Camtic. “Estamos en un mercado abierto, por lo cual es obligación de todos, especialmente de las autoridades públicas, acatar lo establecido en el ordenamiento jurídico”.
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Las frecuencias, junto con otros segmentos a disposición del Estado para sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT, por sus siglas en inglés, e incluido 5G), son consideradas como necesarias por la industria.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), las debe poner a disposición de los otros operadores mediante concurso público, que estaría a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
“El ICE de momento no ha manifestado al Micitt el interés de realizar una devolución de frecuencias del espectro radioeléctrico en segmentos para la implementación de sistemas IMT”, respondió Orlando Vega Quesada, viceministro de Telecomunicaciones.
El Ministerio continúa los procedimientos administrativos ordinarios que se iniciaron en contra del ICE y Racsa “para determinar la verdad real de los hechos sobre presuntos incumplimientos contractuales, legales y prestacionales” en los segmentos de frecuencias. Los incumplimientos han sido señalados por diversos dictámenes de la Sutel.
Vega dijo también que desde el pasado 24 de febrero de 2023 —cuando Sutel emitió el dictamen técnico que acredita la factibilidad de llevar a cabo el concurso público con las frecuencias que ya se tienen disponibles— Micitt trabaja en la fundamentación para que el Poder Ejecutivo emita la instrucción de iniciar el proceso de subasta.
¿Rechazo sorpresivo?
El anuncio del ICE genera una doble sensación. Desde hace años se reclama la disponibilidad de la tecnología 5G para desarrollos de soluciones empresariales, que incrementen su competitividad.
La nueva tecnología también permitiría conexiones de banda ancha en todos los nichos, desde clientes personales, hogares y pequeños negocios hasta a nivel corporativo. Pero lo anunciado por el Instituto produce varias preocupaciones.
El rechazo a las objeciones al primer concurso no deja de ser curiosa. Racsa aduce que los recursos carecían “de aspectos que son de conocimiento del recurso de objeción”. Al tiempo, aceptó parcialmente otras objeciones de las firmas One Way y Geintec respecto al pliego, en lo que respecta al tratamiento de los estados financieros auditados. Los operadores estudian la respuesta brindada.
“En esencia nuestra intención es que exista equilibrio en el mercado, respetando el ordenamiento administrativo que rige la asignación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico”, dijo José Gutiérrez, director Legal y de Regulación de Liberty.
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Otro objetivo fue obtener mayor claridad a las disposiciones de la contratación. “Al ser un cartel para el levantamiento de distintos oferentes, consideramos que, de cara a los principios de la contratación pública existen aspectos por aclarar”, dijo Andrés Oviedo, gerente de Asuntos Regulatorios e Interconexión de Claro.
GBM prefirió no dar declaraciones sobre el rechazo de sus objeciones “por respeto al proceso”.
En realidad, la negativa de Racsa debía ser esperada. El Grupo ICE viene preparándose para lanzar su propia red desde 2019, al tiempo que mantiene una estrategia dilatoria al negarse a entregar al Estado las frecuencias en las bandas requeridas y que no está usando.
Y aquí nacen otras preocupaciones relacionadas con la competitividad en el mercado de telecomunicaciones.
Malas señales
Los operadores y las cámaras advierten sobre la mala señal que se emite respecto a la igualdad en la competencia en el mercado.
“Liberty pretende ser un actor de referencia en 5G. Queremos estar seguros que todos los jugadores del mercado tengamos las mismas condiciones. Esto es fundamental para que Costa Rica vea maximizada las inversiones en esta nueva tecnología”, dijo Gutiérrez.
Las firmas sostienen que, con las licitaciones, se confirman las desventajas que enfrentan a nivel local, en especial porque el ICE tiene cuatro veces más espectro para servicios IMT. La situación, afirman, tendría un impacto “debilitador” de la competencia en el mercado de telecomunicaciones.
“Esperamos que el despliegue de esta tecnología tan importante para el país se realice en igualdad de condiciones para todos los operadores”, dijo Oviedo. “Nuestro interés es que el desarrollo de redes 5G se realice en igualdad de condiciones para nuestros usuarios, permitiéndole a los costarricenses disfrutar de un servicio aún más eficiente en las redes móviles”.
Para la industria de tecnologías de información, que encuentra oportunidades de negocios en desarrollo de soluciones basadas en 5G para Internet de las cosas (IoT) y automatización a nivel corporativo, la posibilidad de contar con servicios a finales del año es una buena noticia. Pero en manos de un solo operador puede tener riesgos de costos y condiciones.
“Camtic ha sido vehemente en la necesidad de contar redes 5G en el país en el menor plazo posible y este proceso (del ICE) podría verse como una respuesta parcial a dicho requerimiento”, afirmó Cruz.
La industria espera que todos los procesos conducentes a desplegar redes 5G, incluyendo el iniciado por el ICE, se realicen garantizando la competencia y el acceso a los recursos escasos, eliminado “cualquier trato desigual o condiciones inequitativas” en el mercado, y favoreciendo a los usuarios la posibilidad de elegir.
El éxito del despliegue de los servicios de 5G en Costa Rica depende, asegura el gremio, en gran parte de las acciones del Estado para asegurar que el mercado no pierda la confianza, tanto en la institucionalidad del sector como en la correcta aplicación de la regulación a todos los actores.
