EscucharEl Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió prohibir la venta de vehículos conectados que incorporen tecnología china o rusa, alegando riesgos para la seguridad nacional.
La norma propuesta es parte del endurecimiento del presidente Joe Biden respecto a la segunda economía más grande del mundo y llega después de un anuncio en febrero de una investigación sobre los riesgos de seguridad que plantea la tecnología china en los automóviles.
La electrónica está cada vez más integrada en los autos modernos -tanto en los eléctricos como en los autónomos-, que pueden conectarse a dispositivos personales, a otros vehículos y a infraestructura como semáforos y sus fabricantes.
La norma presentada el lunes 23 de septiembre por el Departamento de Comercio cubre el software y el hardware que conectan los vehículos con el mundo exterior.
“El acceso malintencionado a estos sistemas podría permitir a los adversarios acceder y recopilar nuestros datos más sensibles y manipular de forma remota los coches en las carreteras estadounidenses”, dijo la Oficina de Industria y Seguridad del departamento en un comunicado anunciando las medidas, lo que plantea la posibilidad de que los hackers tomen el control de los vehículos mientras están en circulación.
El gobierno no especificó qué fabricantes o modelos se verán afectados por la norma, que estará abierta a comentarios públicos durante 30 días.
En respuesta a las informaciones sobre la prohibición, China advirtió el lunes a Estados Unidos que no tome “medidas discriminatorias” contra sus empresas.
“China se opone a que Estados Unidos amplíe el concepto de seguridad nacional y a que tome medidas discriminatorias contra empresas y productos chinos”, declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, al ser preguntado por las informaciones.
El American Automotive Policy Council (AAPC), la asociación que representa a los tres gigantes de la industria (General Motors, Ford y Stellantis) no respondió en lo inmediato a la AFP.
El gobierno de Biden anunció este mes un arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos y otras subidas de aranceles por valor de miles de millones de dólares.
Ambas medidas suscitaron enérgicas reacciones por parte de Pekín. Actualmente no hay vehículos de marca china a la venta en Estados Unidos.
