Escuchar
Múltiples iniciativas se han presentado ante la misma Asamblea Legislativa para que la gestión del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) sea traspasado a otras entidades o que sus recursos se utilicen para fines distintos a los de su creación.
La excusa repetida es la ineficiencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), entidad que tiene a cargo a Fonatel desde su creación en 2008 y su constitución en 2011, y la subejecución de presupuesto.
Dos oficios, sin embargo, enviados a la Asamblea Legislativa recientemente lo ponen en duda. Uno de la Contraloría General de la República y otro del Programa Institucional de la Sociedad de la información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica.
Los criterios de ambas entidades fueron remitidos a finales de junio a la Comisión de Asuntos Sociales que revisa el proyecto de Ley de Traslado Administrativo y Financiero del Fonatel a la Fundación Omar Dengo (expediente 21.920).
LEA MÁS: Gobierno analiza aún si puede usar recursos de Fonatel y Sutel
Este proyecto, en su exposición de motivos, parte de la premisa de que Sutel no ha ejecutado diligentemente los recursos de Fonatel por problemas administrativos y en los controles sobre el fideicomiso.
También se cuestiona los costos de la gestión y la calidad de información de la Sutel.
Debe recordarse que los recursos de Fonatel son aportados por los operadores y proveedores como una “contribución parafiscal”. Se le suman los provenientes del otorgamiento de concesiones, donaciones, multas e intereses por mora impuestas a las compañías por Sutel y los que resultan de su misma gestión financiera.
La Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) estableció además que esos recursos deben administrarse mediante fideicomisos, a cargo de entidades del Sistema Bancario Nacional, y se adjudican de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
La Sutel ha reiterado que los recursos con que cuentan en Fonatel en la actualidad están asignados a proyectos que se ejecutarán desde el 2020 al 2027.
El debate sobre el uso de los recursos ociosos de Fonatel es polémico y se presenta en un momento de mucha discusión sobre las finanzas del Gobierno Central.
La Superintendencia ha defendido que los recursos de Fonatel y de la misma Sutel son fondos con un destino especial y tienen fuentes de financiamiento diferentes a los superávits de otras instituciones.
Sutel advirtió que utilizar los recursos de Fonatel para fines fiscales afectaría la ejecución de programas de la reducción de la brecha digital y de ampliación de redes y acceso a servicios.
¿Qué dice la Contraloría?
En el caso de la Contraloría el documento es del 30 de junio y fue elaborado por el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
El criterio primero hace ver la improcedencia de trasladar las responsabilidades de Fonatel desde Sutel a la Fundación Omar Dengo, así como cuestiona si es oportuno y llama la atención sobre los riesgos para los proyectos que actualmente se están implementando.
Improcedencia
La Contraloría recuerda los fines por los cuales fue creado Fonatel y los compromisos del país en garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y la independencia del regulador (Sutel), tanto para garantizar la competitividad en el mercado de telecomunicaciones como para cumplir con las obligaciones de acceso universal.
En este modelo “la independencia del sujeto público, su especialización y conocimiento en la materia es esencial, según se deriva del citado Anexo 13 del TLC”, recuerda la Contraloría.
Se recuerda, además, los diferentes pronunciamientos de la Sala Constitucional y como desde su constitución la implementación de los proyectos de Fonatel ha sido mediante concursos públicos donde participan los proveedores y operadores de telecomunicaciones.
Reitera que las funciones establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones a Sutel, para elegir a los ejecutores de los proyectos, “no supone por sí, una condición de riesgo de conflicto de intereses”.
Es la misma conclusión que también fue indicada por la Procuraduría General de la República en un dictamen suyo de mediados de junio pasado.
La Contraloría advierte que el proyecto de ley incluido en el expediente 21.920 estaría otorgando “competencias, potestades y funciones” de la Sutel (¿y del Estado?) a un ente privado (la Fundación Omar Dengo).
Riesgos
El criterio de la Contraloría recuerda que la justificación del proyecto parte de la premisa de que un sujeto privado es más eficiente.
La entidad también advirtió que el proyecto establece que los recursos se podrían gestionar mediante un fideicomiso, por lo que se mantendrían los mismos riesgos de control y costos; si se constituyen más de un fideicomiso, como se propone, eso aumenta riesgos y costos. “Podrían multiplicarse los problemas de gestión cuestionados”, advirtió la Contraloría.
Otros cuestionamientos de la Contraloría fueron sobre la falta de claridad técnica y económica respecto a un incremento del 1% al 3% de los costos administrativos ni sobre la estructura de esos costos.
Tampoco se analizan (ni se mencionan) los riesgos que tiene trasladar, en media pandemia del COVID-19, la gestión de Fonatel para los proyectos que ya se están ejecutando, las posibles indemnizaciones a las que se tendría que hacer frente y cómo hacerse cargo de esos costos.
Alternativa
La Contraloría reitera que los problemas de Fonatel han tenido que ver con la complejidad de la estructura de gestión de Fonatel (fideicomiso y unidades ejecutoras).
También recuerda las dificultades institucionales y legales que implica implementar proyectos en parques nacionales, territorios indígenas y zonas transfronterizas, entre otras.
La Contraloría sugiere que si se le pregunta a Sutel más bien se podría identificar que lo que se requiere es “alguna reforma legal para su fortalecimiento”.
¿Qué dice Prosic?
El documento de Prosic fue enviado un día antes que el de la Contraloría, el 29 de junio, y empieza por desmentir la afirmación incluida en el proyecto de Ley de que supuestamente Sutel no reporta, monitorea, ni evalúa los programas.
“Dicha afirmación no resulta procedente”, indica el Prosic y de inmediato se enumeran los informes de Fonatel y de Sutel.
Prosic también advierte que el proyecto de Ley se basa en un informe de hace cuatro años sobre el Fondo y en un informe de ejecución presupuestaria de hace siete años, en tanto que los datos más recientes muestran que Sutel redujo la subejecución.
El informe de Prosic también reitera que los problemas de gestión de Fonatel tienen que ver con “condiciones estructurales previas” como vacíos legales y trabas municipales para despliegue de infraestructura en cantones.
Otro factor que influyó es que en la agenda que debe cumplir Fonatel se estableció hasta el actual Plan Nacional de Telecomunicaciones.
Prosic cuestiona la pertinencia del traslado de Fonatel a la Fundación Omar Dengo, a la que sí le reconoce sus esfuerzos y experiencia en los programas de alfabetización digital.
“Si se hace el traslado de fondos deberá asegurarse un control específico, que haga que dichos recursos no se trasladen a otros propósitos”, concluye Prosic.
