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La Administración Alvarado y la diputada Yorleny León presentaron el pasado 9 de setiembre un proyecto de ley para impulsar un programa de alfabetización digital. Al día siguiente, fue incluido en la Asamblea Legislativa con la firma de 19 legisladores más.
La iniciativa plantea usar recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en proyectos de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de Educación Pública (MEP).
Incluye la posibilidad de canalizar recursos a través del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) que históricamente es ejecutado por la Fundación Omar Dengo (FOD).
La industria y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sostienen que el proyecto es innecesario y que con la infraestructura de Fonatel se tiene la plataforma para alcanzar los objetivos planteados y cubrir más población.
El Micitt responde que lo que se plantea es una acción a largo plazo para dotar a la población de las competencias digitales y que la propuesta no es la nueva versión de la anterior iniciativa para trasladar Fonatel a la FOD. “No guarda continuidad”, sostuvo la ministra Paola Vega.
Para la elaboración del nuevo proyecto, según la misma Vega, el Micitt aportó elementos técnicos y jurídicos, pero no convocó ni a Sutel ni a los operadores, aunque sí les habría informado.
“Un día antes de la presentación del proyecto, la Ministra nos llamó para informarnos”, confirmó Federico Chacón, presidente de Sutel.
“Hubiéramos esperado una consulta previa”, contestó Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación de Costa Rica (Infocom).
Otra ruta
Con excepción del proyecto de ley de radio impulsado y luego retirado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, este es el mayor contraste entre el sector y las autoridades en toda una década desde la apertura de las telecomunicaciones.
Es la segunda ocasión, además, en que el gobierno quiere hacer uso de los recursos de Fonatel. El primero fue el proyecto para pago de deuda pública, que originó las renuncias de Luis Adrián Salazar y Edwin Estrada como jerarcas del Micitt y en Telecomunicaciones.
Finalmente Fonatel fue excluido del proyecto, después que las advertencias sobre sus roces constitucionales.
Se suma el rechazo del Micitt a una propuesta de Sutel para otorgar 61.500 enlaces a través del programa de Hogares Conectados y subsidiar conexiones a pequeñas y medianas empresas. El Micitt sólo aprobó 46.462 soluciones.
Tras los informes del Estado de la Nación sobre la cantidad de estudiantes sin Internet desde marzo anterior, Micitt autorizó 100.600 soluciones más.
En el proyecto de ley para un programa de alfabetización es evidente el intento por evitar los cuestionamientos que enfrentó la primera iniciativa de la diputada Yorleny León para el traslado de Fonatel a la FOD.
En aquel momento se advirtió que no se podían trasladar responsabilidades y recursos públicos a una entidad privada, así como el posible incumplimiento del tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que la haría inconstitucional.
La ministra Vega dijo que a la diputada León le señalaron los inconvenientes y que le plantearon “incluir el componente de alfabetización digital”.
El cambio fundamental del nuevo proyecto es que propone otra ruta para el uso de los recursos de Fonatel. Ahora Micitt y el MEP definen los proyectos y Sutel tiene que girar el dinero en 15 días. La propuesta crea la posibilidad para que esos proyectos se ejecuten vía el Pronie, a cargo de la FOD.
Con esos recursos también se pretende financiar los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS) del Micitt y se incluye la Red Educativa del Bicentenario, una red de banda ancha para centros educativos, a cargo del MEP y la FOD.
Vega dijo que con Sutel y el MEP han trabajado en el diseño de la la Red del Bicentenario, el cual se encontraría en la fase final de revisión y confirmación de detalles, si bien reconoció que ya el MEP adelantó algunas tareas.
De hecho, la FOD y el MEP elaboraron el cartel para esa red, el cual fue publicado en agosto pasado y se encuentra en la fase de recepción de ofertas.
Inconsistencias
Pese al esfuerzo para blindar el nuevo proyecto, la industria apunta varias inconsistencias.
Al sector le preocupa, en primer lugar, que se plantee una estructura similar a otros proyectos que proponen el traslado de recursos –que son aportados por los operadores– a una entidad privada, “aunque se plantea que es a través del MEP”.
“El contexto de este año es el que origina la búsqueda de recursos por parte del gobierno”, recordó Ramírez, de Infocom.
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La industria señala también las inconsistencias del proyecto, incluyendo que establece que los ministerios ejecuten los fondos, cuando deben estar emitiendo política pública, y que abre el portillo para el otorgamiento de contratos de manera “excepcional”.
Con la nueva propuesta el único poder que se tendría, si las firmas ejecutoras incumplen, es el que definan los contratos, mientras que en el modelo actual Sutel, que sí tiene competencias técnicas y jurídicas, puede sancionar como regulador.
La industria advirtió que la actual legislación contempla objetivos de acceso y alfabetización, lo que haría que la nueva propuesta sea innecesaria.
Se apoyan en la opinión de la Contraloría General de la República, emitida el pasado 24 de setiembre sobre otro de los proyectos que propone usar los recursos de Fonatel (el 21.945 del diputado Óscar Cascante).
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El ente contralor señaló que toda iniciativa debe demostrar la existencia de un vacío en la legislación actual y que en las leyes existentes ya se contempla que el Poder Ejecutivo es el que establece las metas de acceso y servicio universal y que quien ejecuta es Fonatel.
Otra situación que llama la atención es la falta de reconocimiento de las mejoras en la ejecución y en el alcance de Fonatel.
Según Sutel, a través de Fonatel la principal población beneficiada son los estudiantes, como en el caso del programa Hogares Conectados que ya cubría a 240.000 estudiantes y ahora incluirá a otros 215.000 con las soluciones aprobadas por el Micitt.
“A la Sutel la han ninguneado”, afirmó Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación.
De hecho la superintendencia planteó propuestas al Micitt para brindar banda ancha a los centros educativos aprovechando y ampliando la infraestructura desplegada con Fonatel.
“En los análisis que hemos hecho se ve que no es necesario realizar nuevos concursos”, afirmó Federico Chacón, de Sutel. “Nada más se requiere adaptar los contratos actuales a lo que indique el MEP y el Micitt”.
¿Qué faltaría? Una decisión del Micitt, pero no parece que esa vía se contemple.
“Si se hubiera hecho esto antes, no estaríamos como en la pandemia”, afirmó la ministra Vega.
