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Los ciudadanos en Costa Rica reconocen poco a poco el valor de sus datos, la urgencia de protegerlos y el peso de la actualización de su información en las bases de datos de diversas empresas y otras entidades.
Al país le falta, empero, avanzar en la capacitación de los responsables, en la divulgación a la población, en el aumento de la capacidad de respuesta ante incidentes, en el mapeo completo de las bases de datos y en el cumplimiento de los estándares globales.
Un indicador del avance es que las solicitudes de eliminación de datos personales generaron la mayoría de las 133 denuncias presentadas en el 2018 ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
Se trata de un incremento, más importante por lo significativo que por el volumen, respecto a las 114 denuncias presentadas en 2017.
En 11 casos se falló ya a favor de los solicitantes y la Prodhab solicitó a los responsables de las bases de datos que eliminaran o actualizaran información de los solicitantes.
Las organizaciones involucradas son “frecuentemente” entidades financieras y “burós” de crédito.
“La agencia ha ordenado, en los casos legalmente procedentes, que las bases de datos actualicen o eliminen información de los usuarios”, respondió Ana Karen Cortés, directora nacional de Prodhab.
En casos mucho más específicos se aplicaron sanciones que van desde los ¢2,5 millones hasta los ¢15 millones.
Cortés aclaró que dependiendo de la falta, puede que la denuncia deba ser presentada ante la Oficina del Consumidor Financiero, el Ministerio Público o la Prodhab.
La Agencia es una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Paz. Su objetivo es garantizar a las personas –independientemente de la nacionalidad, residencia o domicilio– los derechos a la autodeterminación informativa en relación con sus datos privados.
Débiles
La principal debilidad en materia de protección de la información sigue siendo la falta de cuidado que tienen los mismos usuarios a la hora de presentar y divulgar sus datos personales.
Tampoco se tiene mayor cuidado cuando se brindan datos a diferentes empresas o instituciones sin revisar las condiciones de uso.
La agencia recalca que en el país continúa siendo un reto romper las barreras para que los ciudadanos se adueñen de su información, así como para que reconozcan los derechos que tienen en materia de protección y actualización de sus datos.
A eso se une la falta de inscripción de las bases de datos generadas por las empresas, pese a que en 2018 creció el número de entidades públicas y privadas que realizaron este trámite obligatorio.
Tampoco se están inscribiendo las empresas que comercializan o trasladan datos a terceros, tienen relaciones con otros países o realizan transferencias internacionales de información personal.
La falta de iniciativas de la mayoría de empresas e instituciones ocurre pese a los beneficios que podrían tener cuando registran las bases de datos que administran.
Según la Prodhab, el registro o la inscripción podría servir a las firmas para generar mayor confianza entre sus usuarios o clientes, por un lado, y para convertirlo en un elemento de competencia frente a otros rivales en sus mercados.
Otro actor que requiere un mayor impulso es la misma Prodhab.
“Es necesario fortalecer la Agencia de Protección de Datos en cuanto a recurso humano y financiero”, agregó Cortés.
Según la funcionaria, este fortalecimiento debe dirigirse a aumentar la eficiencia y la agilidad en cuanto a tiempos de respuesta ante incidentes y procesos abiertos ante denuncias o solicitudes para la protección de derechos.
Por ejemplo, se debe mejorar su capacidad para la actuación de oficio ante problemas que se presenten por deficiencias en protección y uso de la información de las personas.
También se requiere incrementar su potestad para auditar bases de datos, ya establecida en la ley de creación de la Prodhab.
Entre tanto, se mantendrán algunas iniciativas de cara a los ciudadanos, especialmente.
La Agencia espera poner a disposición un servicio en línea en el 2019 para que la población pueda interponer denuncias sobre problemas en el uso de sus datos por parte de empresas o instituciones.
Otras acciones que se implementarán durante el presente año tienen que ver con los proyectos de divulgación y capacitación y la consolidación de la llamada Estrategia Nacional de Privacidad.
La estrategia pretende involucrar a distintos sectores en la protección de la información de las personas.
Está pendiente también la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108).
La Prodhab considera que este convenio es un paso importante para que el país sea declarado “zona segura” a nivel internacional.
Más reportes
Aparte del aumento de las denuncias respecto al 2017, la agencia destacó que el año anterior aumentaron los reportes de vulnerabilidades en el manejo de la información de diversas entidades privadas y públicas.
A esos entes Prodhab recomendó diversas medidas de contención a estas organizaciones.
A los ciudadanos, como titulares de derechos, también se les recomendó “tomar acciones en tiempo real”.
Una de las acciones más relevantes de la agencia para impulsar la protección de la información personal es la capacitación de encargados en instituciones públicas y empresas.
Para este 2019 se tiene programadas 18 actividades de capacitación, pero se espera que se pueda incrementar el alcance.
En el año anterior se capacitó en materia de protección de datos a 4.500 personas en forma directa y a través de cursos en 147 entidades.
Cortés, de Prodhab, destacó la capacitación a responsables del Expediente Digital Único de Salud (EDUS), de la Caja Costarricense de Seguro Social.
También a funcionarios de la Contraloría General de la República, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, entidades financieras y cooperativas, municipalidades y universidades.
Paralelamente se realizaron varias acciones de orden más burocrático: convenio con la Defensoría y el Ministerio de Comunicación, construcción de la estrategia nacional de privacidad, y el aporte a la estrategia de transformación digital del gobierno.
Se incluyen acciones para la ratificación del Convenio 108 y la realización del Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos en Costa Rica.
