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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tenía un 51% de ejecución presupuestaria al 31 de julio anterior, cuando quedan cinco meses —contemplando diciembre— para que concluya este 2021. Lo típico es que termine el año sin ejecutar todos los recursos solicitados.
La entidad acumula un superávit, a esa misma fecha de julio pasado, de casi ¢3.782 millones, que incluye el superávit acumulado durante el 2020 por ¢3.314 millones.
Pese a eso, la Superintendencia solicitó un canon de regulación —con el cual se financian sus operaciones— de más de ¢7.182 millones para el 2022 (aunque un documento de la Contraloría General de la República indicó que era por ¢8.863 millones).
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La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) realizaron observaciones sobre el monto solicitado.
La Contraloría “improbó” la solicitud de Sutel, indicando que debería ser por ¢6.611 millones de acuerdo a las directrices del mismo Consejo Directivo de la Sutel de basar el monto en los porcentajes de ejecución del periodo 2016 a 2020 y que cada dirección o área justifique debidamente los recursos que solicita si se supera el límite. La Superintendencia presentó un recurso contra la decisión de la Contraloría.
Los operadores e Infocom sostienen que el canon que solicita Sutel debe ser el necesario para el funcionamiento del ente regulador según el principio de servicio al costo, por lo que no deberían quedar recursos superavitarios al final de cada ejercicio.
“La Sutel trabaja bajo el principio de servicio al costo y basado en esto realiza su presupuesto anual. Esta proyección incluye múltiples proyectos y variables que pueden cambiar durante su ejecución”, respondió Federico Chacón, presidente del Consejo de Sutel, ante la consulta de EF.
El canon de regulación, según el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642), lo pagan los operadores y genera los recursos para la regulación del mismo sector. A Sutel le corresponde calcular el monto y, luego de aprobado por la Contraloría, indicar cuánto debe pagar cada empresa en forma proporcional.
De acuerdo a las estadísticas del sector de telecomunicaciones elaboradas por la misma Sutel, a diciembre de 2020, en el país estaban registrados 158 operadores y proveedores de servicios. De ellos, 82 son operadores y solo 46 tienen una operación comercial activa.
Según la misma Sutel, en ese año —en el contexto de la pandemia— los ingresos generados por el sector fueron de ¢728.196 millones, lo que es 4% menos que en el 2019.
Números de regulador
Los operadores cuestionan la capacidad de Sutel para ejecutar todos los recursos que se les pide.
La misma Superintendencia señala que en los últimos seis años el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 81%, incluyendo lo ejecutado hasta julio pasado. Solo en dos años la ejecución fue superior al 90% (2018 y 2019). Ese porcentaje promedio es superior al 50% de ejecución presupuestaria del periodo 2012 a 2015, como consignó un informe de Sutel en mayo de 2016.
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Chacón explicó que en el 2018 el presupuesto se incrementó debido a los recursos obtenidos en la subasta de espectro radioeléctrico, realizada en julio del 2017, de 70 MHz y por las cuales Claro y Telefónica (operación que actualmente está a nombre de Cabletica y es parte de Liberty Latin America) pagaron $43 millones.
“Estos recursos fueron trasladados a Fonatel para la atención de programas de acceso y servicio universal”, aseguró Chacón.
El funcionario indicó que parte de esos recursos se reflejan en el superávit y fueron asignados al canon de regulación del 2022, solicitado para aprobación de la Contraloría, e incorporados en el presupuesto ordinario del próximo año que está “en proceso de elaboración”. Sostuvo que al tomar en cuenta el superávit del 2020, en la formulación del presupuesto del 2022, se estaría asignando a nuevos proyectos y costos necesarios para el servicio de regulación.
En el caso del presupuesto del 2020, Chacón destacó que el 85% de ejecución fue la tercera más alta de los últimos cinco años. Lo no ejecutado se debió a “la adaptación de los procesos” de Sutel a las implicaciones generadas por la pandemia del COVID-19. Apuntó que hay, además, “aspectos fuera de control” de la Sutel: procesos de contratación administrativa ante los cuales se presentan consultas, apelaciones y recursos, entre otros, los cuales se elevan ante la Contraloría.
Chacón reiteró que la Sutel trabaja al costo, para ofrecer los servicios de regulación que requiere el mercado y que bajo ese principio se establecen los presupuestos institucionales, cuya ejecución en los últimos cinco años oscila entre el 81% y casi el 92%. “Además, trabajamos en procesos de mejora para ser más eficientes en la ejecución de los recursos”, recalcó el funcionario.
Agregó que Sutel en los últimos años adoptó las “mejores prácticas” que permiten hacer un análisis de la ejecución de los planes y ajustar el presupuesto para solicitar la correspondiente autorización ante la Contraloría y disminuir el monto del canon que pagan los operadores.
Chacón no respondió, sin embargo, cuáles serán las mejoras que se implementarán en la Superintendencia en el proceso de planificación institucional, a cargo de la Dirección General de Operaciones, tras las observaciones de los problemas en esa labor que se realizaron y se consignaron en el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Sutel realizada del 15 de abril anterior.
“El objetivo de la sesión N° 030-2021 del Consejo Directivo de Sutel fue conocer el informe de la Dirección General de Operaciones sobre la propuesta del canon de regulación 2022, que ese mismo 15 de abril fue aprobado y luego remitido a la Contraloría General de la República”, sostuvo Chacón.
