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La Contraloría General de la República aprobó el proyecto de canon de regulación por ¢6.940 millones para el 2018, a pesar de las objeciones de los operadores sobre si procedía que la Sutel utilizara recursos del superávit presupuestario para pagar la indeminización a la firma Credit Card.
Esta indeminización podría alcanzar $21,5 millones (unos ¢12.129 millones), monto todavía pediente de definirse, luego que la Sala Primera falló en marzo del 2016 contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El regulador había exigido a Credit Card Services y al Instituto Costarricenses de Electricidad (ICE) un contrato de interconexión. La firma sostuvo que sólo requería un contrato de acceso. Tras años de litigio, los tribunales le dieron la razón.
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La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), ICE, Claro y Millicom habían criticado el incumplimiento de los principios presupuestarios.
Infocom había alertado sobre el uso de ¢1.264 millones del superávit de dos años consecutivos para que Sutel pagara parte de la posible indeminización.
El sector ve inconveniente que se utilicen recursos aportados por las compañías de telecomunicaciones, a través del canon, para cubrir deudas generadas por errores de los funcionarios y directores de la Superintendencia.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) había cuestionado el proyecto de canon de Sutel por considerar que el proyecto carecía de un informe sobre ejecuciones presupuestarias.
La rectoría también cuestionó al regulador por la metodología de cálculo empleada, la estimación por concepto de aumentos salariales y los saldos del superávit acumulado.
Tomado en cuenta
El Área de Servicios de Infraestructura de la Contraloría explicó que para la aprobación del proyecto de canon se hace un análisis detallado de sus componentes y de que las erogaciones propuestas se ajusten a su legalidad.
Según la Contraloría, en la gestión señalada "fue considerado el tema" del uso de los recursos para indemnizaciones.
Agregó que lo aprobado "en esta etapa" no es el uso del superávit, sino únicamente la legalidad y la razonabilidad de la fuente de ingresos que legalmente se identifica como canon de regulación.
Sin embargo, el veredicto parece contundente.
"Respecto a las indemnizaciones, estas deben ser cubiertas por las entidades públicas conforme a la fuente de ingresos que legalmente corresponda, siendo tal decisión de exclusiva responsabilidad de la Administración Pública. Conforme al artículo 6 de la Ley 8131 es posible utilizar ingresos extraordinarios, tales como el superávit, para financiar eventuales gastos no habituales", contestó la Contraloría.
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El presupuesto total aprobado para Sutel por la Contraloría asciende a ¢8.644 millones, sumando ¢91 millones de la renta de activos financieros y ¢1.612 millones del superávit del 2016.
Tras el visto bueno de la Contraloría a los operadores les llamó también la atención que el monto implique un aumento superior a la inflación anual.
Infocom no se refirió más a la decisión de la Contraloría.
