Desde octubre del 2009 hasta la fecha se han emitido solamente 320.000 certificados de firma electrónica, con lo únicamente el 5% de las personas físicas mayores de 18 años cuentan con esta herramienta en Costa Rica.

Asimismo, sólo se han emitido 90 certificados de persona jurídica, solicitadas por universidades, desarrolladores informáticos y de factura electrónica, bancos, puestos de bolsa, superintendencias, algunas instituciones públicas y varias empresas.

El principal freno para una mayor difusión de la firma digital es la falta de servicios, procesos y trámites electrónicos institucionales que requieran su uso.

“La emisión de los certificados está condicionada por la demanda que se haga de los mismos”, afirmó Carlos Melegatti, director de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Con él coinciden Alexander Barquero, director de gobernanza digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y Hubert Arias, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

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Lentitud

La ley de certificados, firmas y documentos electrónicos fue promulgada en agosto del 2005 y su reglamento se emitió en marzo del 2006.

La emisión de firmas digitales a personas jurídicas inició tres años después, tras la firma de un convenio entre el BCCR y el Micitt, la construcción de la infraestructura tecnológica para la generación y custodia de los certificados electrónicos y la constitución de la Autoridad Certificador del Sinpe.

La reducida cantidad de firmas digitales otorgadas contrasta con la infraestructura instalada, que tiene capacidad para emitir más de 300.000 certificados y firmas en un año.

Las entidades públicas tampoco cumplieron la directriz de la Administración de Laura Chinchilla para usar la firma digital en aplicaciones de trámites y servicios en línea.

El BCCR sostiene que su responsabilidad, como autoridad certificadora, es emitir los certificados, pero que hace falta una estrategia más agresiva en materia de gobierno digital.

Tal estrategia debería promover la creación de aplicaciones en las diferentes instituciones públicas y privadas para la automatización y simplificación de trámites, para lo que la firma digital es un elemento clave.

Tampoco hay proyectos que exijan que todas las personas jurídicas (empresas, instituciones y otras entidades) y sus representantes cuenten con un certificado y firma digital.

Algunas iniciativas de este tipo apenas están en marcha.

La difusión de la firma digital debería ser mayor.

En otros países (donde la firma digital cuesta hasta el doble), se debe tener un certificado o firma digital para diferentes tipos de uso: médico, ingeniero, notario,..

En Costa Rica el certificado o firma digital es de uso universal, para todas las aplicaciones y la idea es emitirla con el menor costo posible, apoyándose en la infraestructura de Sinpe y de las oficinas de registro en oficinas centrales y sucursales bancarias.

Nada de eso permitió que se generara, en el tiempo transcurrido, una cultura de uso de la firma digital.

“El reto sigue siendo la insuficiente disponibilidad de trámites y servicios de gobierno, comercio y banca electrónica”, respondió Barquero, del Micitt.

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¿Más de lo mismo?

Para Camtic también falta más promoción.

“Ha habido poca divulgación de los servicios en los se puede utilizar”, recalcó Arias, de Camtic. “No existe beneficio para el ciudadano de realizar los trámites en forma digital. Por lo tanto, no hay necesidad de que cuente con la firma digital”.

Aunque se requiere una estrategia para la difusión de la firma digital, el Micitt insiste en basarse en las directrices emitidas, de escaso alcance, que obligan a entidades a desarrollar procesos y trámites digitales en los que se pueda usar la firma digital.

Barquero indicó que adicionalmente se trabaja en proyectos para capacitar, sensibilizar y brindar asesoría en el uso de la firma digital, en el marco de la estrategia de gobierno digital.

El BCCR, por su parte, impulsará el uso de tarjetas de débito y crédito con capacidad de firma digital.

Ya la entidad desarrolló el servicio central de firma digital o Firmador Central, una plataforma para simplificar la autenticación de usuarios, la firma de documentos electrónicos y su validación en servicios de consumo.

Asimismo desarrolla un servicio de almacenamiento y custodia de certificados electrónicos para personas físicas y jurídicas, para no tener que portar los dispositivos de firma digital.

Melegatti, del BCCR, considera que es necesario publicar normativa que certifique la seguridad de las aplicaciones relacionadas con firma digital desarrolladas o adquiridas en el país.

No sería lo único que se debe implementar.

Camtic insiste en la necesidad de avanzar en la habilitación de trámites administrativos y de servicios de gobierno electrónico y de comercio electrónico donde se use la firma digital.

Y falta, por supuesto, divulgación, remachó Hubert Arias, de Camtic.