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Ni hay viceministro de telecomunicaciones ni se toman decisiones sobre las propuestas planteadas por diferentes sectores para atender con urgencia los problemas de conectividad en medio de la pandemia.
El Poder Ejecutivo y en particular el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), rector del sector, siguen dando largas a las propuestas de brindar más soluciones (Internet y equipo) a hogares y pequeñas empresas apoyándose en los recursos, la estructura y la experiencia del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Al Micitt le corresponde tomar la decisión sobre las propuestas planteadas por la industria, el Estado de la Nación y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Cuando el Ministerio tome la decisión, procede a emitirla como política pública y se ajusta el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).
Entonces, y sólo entonces, Sutel y Fonatel pueden implementar las acciones.
“Llevamos más de cuatro meses y no se ve la reacción de política pública que active la acción”, afirmó Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
El Ministerio se acogió al plazo de ley de 10 días hábiles para responder una consulta de EF sobre su decisión respecto a las propuestas planteadas, que incluían brindar 61.500 soluciones a hogares.
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Sutel propuso al Micitt crear un subsidio temporal en conectividad a pequeñas empresas y dos ajustes en el Programa de Hogares Conectados (entrega portátil y conexión a la Web): el aumento temporal del subsidio de Internet a 130.579 familias beneficiarias e incluir 61.500 familias más.
El Programa de Estado de la Nación planteó, por su parte, la necesidad de un bono de conectividad.
La semana anterior Sutel aprobó solicitar a Micitt, al MEP y al Instituto Mixto de Ayuda Social (a través del cual se brindan los subsidios de Hogares Conectados) trabajar una propuesta para atender al medio millón de estudiantes que carecen de servicio de Internet.
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Hasta ahora el Micitt únicamente aprobó desde el 10 de julio casi 47.000 soluciones adicionales y renovar 140.500 “beneficios” del programa Hogares Conectados de Fonatel.
Urge
El 28 de abril, casi dos meses después del primer caso de COVID-19 reportado en Costa Rica, la ministra de Educación, Giselle Cruz, reconoció en la conferencia de prensa de mediodía que se requería conectividad en los hogares.
El Estado de la Nación confirmó que al menos 500.000 de los 1,2 millones de estudiantes de primaria y secundaria del país no cuentan con el servicio de Internet para estudiar desde sus casas y lo hacen vía fotocopias.
La falta de decisión del Poder Ejecutivo se atribuye a su interés por darle tiempo a que avance el proyecto para utilizar superávits institucionales en deuda pública.
El proyecto está en la corriente legislativa desde febrero anterior, antes de la pandemia. Infocom y la misma Sutel insisten que para el caso de Fonatel no tiene viabilidad legal y que los recursos del Fondo provienen de una carga parafiscal, no constituyen superávit.
El Micitt había respondido que estudiaba la viabilidad legal de lo propuesto en el proyecto.
La parálisis del Micitt sirvió para que en la Asamblea Legislativa surgieran desde marzo otras iniciativas que proponen gastar recursos de Fonatel para pago de pensiones alimenticias y empleo a mayores de 45 años.
Hay otro proyecto de ley para subsidiar servicio de Internet a productores rurales de la llamada “economía solidaria” y dos más para crear bonos de conectividad, el primero a nivel de educación y el segundo a nivel general.
Infocom insiste que algunos de esos usos no son lógicos ni viables, debido a los compromisos establecidos en los tratados internacionales, y particularmente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de contar con una entidad y recursos para reducir la brecha digital.
A estos proyectos se une el que trasladaría Fonatel de Sutel a la Fundación Omar Dengo. Esta iniciativa eleva el techo de gastos de burocracia del 1% al 3%. Además, la Contraloría General de la República advirtió que no es posible que un ente privado asuma competencias públicas.
Dos opciones
El criterio de la industria es que el Micitt cuenta con los funcionarios para realizar las justificaciones técnicas necesarias, adoptar las propuestas planteadas, convertirlas en política pública y ajustar el PNDT sin mayores demoras.
Infocom sostiene que si el Micitt actúa con más rapidez no habría chance para que alguien proponga proyectos de ley para crear bonos de conectividad, una materia que es de política pública y administrativa del Ministerio.
El problema es la carencia de una política integral que contemple a las pequeñas empresas rurales y urbanas, por ejemplo.
“No hay visión de atender otras situaciones de vulnerabilidad”, dijo Castro.
Eso incluiría considerar que muchas mujeres son cabezas de hogares y se sostienen con actividades productivas propias, por lo que también se requiere el subsidio de Internet para pequeñas empresas.
Los proyectos deben contemplar también la extensión de las redes a sitios donde no hay infraestructura para Internet o telefonía.
La tarea incluye eliminar obstáculos en postería y ductos.
Se debería contemplar incluso la creación de operadores neutrales, que desarrollan una red que es utilizada por las diferentes compañías para brindar sus servicios, con lo que se podría reducir costos.
“El Estado no puede renunciar a tomar decisiones”, enfatizó Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación. “El gobierno tiene dos opciones: dar la conectividad o abandonar los otros proyectos de telecomunicaciones”.
