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Marco Picado, fundador de Logistic Frog y Una Freight, recibió con esperanza la información sobre la disponibilidad de recursos para que las pequeñas empresas enfrenten la crisis por la emergencia del coronavirus.
Los dos negocios se vieron muy afectados, pues su mercado son los transportistas en Estados Unidos, chóferes costarricenses y cubanos, principalmente, radicados en Nueva Jersey y Nueva York, donde el COVID-19 se expandió explosivamente desde marzo anterior.
En Costa Rica, Picado cuenta con casi 15 colaboradores, bilingües y de 30 años en promedio.
Desde el inicio de la crisis por la pandemia, la preocupación fue cómo sostener la operación y los empleos.
Por eso, de inmediato recurrió primero al Banco Popular y luego al Banco Nacional (BN).
“No estamos buscando dinero para proyectos. Buscamos la ayuda del gobierno porque nuestra operación va en caída libre y las puertas se nos siguen cerrando”, sostiene Marco.
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Él fundó Logistic Fog hace seis años en Frailes de Desamparados. Vive y opera desde Costa Rica, pero tiene dos hermanos que trabajan en EE. UU. y uno de ellos es camionero.
A través de él se dio cuenta de este prometedor mercado, con más de 3,5 millones de camioneros activos.
Los chóferes o propietarios de los cabezales o camiones recogen las cargas y las trasladan a sus destinos, muchas veces en ciudades que están al otro lado de ese país.
Mientras hacen cada entrega, requieren que alguien se haga cargo de ir coordinando su siguiente viaje.
Si sufren algún percance en la ruta, también necesitan asistencia: desde una grúa o mecánico hasta alimentación.
También requieren financiamiento y asistencia para compra de nuevos camiones.
Esos son los servicios que brinda, desde Costa Rica y vía remota, el equipo de Logistic Frog. Los colaboradores, además, trabajan desde sus casas.
Una Freight es un negocio más reciente, que se encarga de negociar los contratos con las empresas que requieren servicios de logística.
En total, se atiende hasta 25 compañías y se obtiene hasta un 4% del monto contratado.
Con el apoyo de un informático independiente, se desarrolló el sistema informático para brindar los servicios y gestionar la operación. Incluso se estaba creando la nueva versión.
Todo iba bien.
Incluso, en 2017, Logistic Frog quedó entre las 15 primeras de 285 iniciativas del Prisma Innovation Fest, un concurso de emprendedurismo de la firma Cuestamoras.
Cuando fundó la empresa, Marco estudiaba derecho. Conforme la operación creció, tuvo que dedicarse a tiempo completo y dejó la universidad. Ahora estaba reiniciando estudios en economía.
Todo iba bien.
Hasta el 15 de marzo pasado, cuando la expansión del COVID-19 y las medidas de emergencia sanitaria en EE. UU. empezaron a reducir las operaciones.
La empresa empezó a ayudar a los chóferes a completar las aplicaciones para solicitar auxilio económico del gobierno estadounidense.
Esa ayuda es vital para ellos, pues pueden pagar los seguros de transporte. La otra opción es conseguir prórrogas.
No es suficiente, sin embargo: la caída de operaciones e ingresos es del 70%.
Marco empezó a adoptar medidas aquí en Costa Rica, intentando evitar despidos. Buscó alternativas de financiamiento.
A finales de marzo le llegó el correo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sobre la disponibilidad de ¢10.000 millones, a través del Banco Popular, para capital de trabajo, gastos operativos y planillas a micro y pequeñas empresas afectadas por el coronavirus.
“Perfecto”, se dijo.
Escribió al contacto del banco que se indicaba, pero no le respondieron. Pensó que seguro todavía no estaban listos.
El 1° de abril recibió una llamada telefónica de un funcionario del Fondo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) del Banco Popular.
Había fondos, pero debía ser cliente del Banco o haber trabajado con Fodemipyme. Después, podrían atender a los demás.
El funcionario le recomendó que contactara al banco con el cual él trabaja.
Así que al día siguiente Marco se comunicó con la sucursal del Banco Nacional en Frailes de Desamparados. Él cuenta con una tarjeta para pymes de esta entidad.
En la sucursal le dieron el número telefónico del encargado de atender pymes. Aunque el funcionario estaba de vacaciones, le informó que el BN había adoptado varias medidas para ayudar a los negocios en esta emergencia.
Entre las medidas se encontraba pasar los pagos de estos meses al final del plazo.
De hecho, Marco fue a pagar a la sucursal del BN el pasado 12 de marzo la mensualidad de la tarjeta y le dijeron lo de la readecuación de las cuotas.
Preguntó por fondos para capital de trabajo, pero le respondieron que el BN no tenía a disposición para empresas afectadas por el COVID-19.
Cinthya Morera Hernández, directora de desarrollo y mujer del BN, indicó que la entidad cuenta con financiamiento para capital de trabajo e inversión, tanto con recursos propios como del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), para empresas afectadas por el COVID-19.
La funcionaria detalló que disponen de un programa de emergencias para apoyar a los clientes que enfrentan una situación de emergencia, entre ellos el COVID 19, para cancelación de pasivos y alternativas de crédito convencional.
Para el primer caso se debe calificar como beneficiarios del SBD y en el segundo caso el monto máximo es de ¢130,5 millones.
En los créditos convencionales las condiciones dependen de cada actividad y las necesidades de los clientes.
La entidad otorgó prórrogas automáticas a mipymes y profesionales independientes (dedicados a cualquier actividad económica) con créditos al día, incluyendo en tarjetas de crédito de empresa; solicitar la prórroga si tiene alguna situación particular, entre otros.
Morera indicó que, a la fecha, se ha realizado un total de 107.000 prórrogas automáticas.
Pero a Marco no le hablaron de todas esas opciones.
“Me ofrecieron fondos normales y con los requisitos normales, que podría ser que saliera algún programa nuevo”, cuenta Marco. “Para cuando eso ocurra es probable que no tenga cómo sostener la empresa”.
Se comunicó también con SBD, pero le dijeron que fuera a la entidad con la que trabajaba.
Otras entidades también disponen de facilidades, para sus respectivos clientes.
Por ejemplo, el Banco de Costa Rica ofrece financiamiento para mipymes, tanto con recursos de SBD como con recursos propios.
La entidad no especificó cuáles servicios tiene para empresas afectadas por la emergencia del coronavirus.
En BAC Credomatic, Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas de esta entidad, dijo que un 70% de los clientes pymes obtuvieron una moratoria de dos meses.
La medida se aplicó automáticamente a los clientes que se encuentran al día en sus operaciones de crédito. A los que no, la entidad brinda asesoría.
El Banco Popular hizo algo parecido: extendió plazos en 65.781 operaciones de 46.942 clientes con créditos actuales (capitalizaciones), hasta el 14 de abril pasado.
Ahí se incluyen 6.444 operaciones de 4.438 empresas.
Todas las entidades señalaron que cuentan con recursos para pequeñas empresas, tanto propios como del SBD.
El lío es qué hay para las pymes que son clientes potenciales o pueden ser clientes nuevos y están urgidos por la crisis del coronavirus.
“Ya estamos preparándonos a lo interno para sacar una serie de productos y soluciones financieras que ayuden a todos los clientes, en general, en el proceso de reactivación económica, lo cual será dado a conocer en el corto plazo”, anunció Heiner González, director de banca empresarial y corporativa del Banco Popular.
El 6 de abril pasado Marco había enviado un correo electrónico con copia al MEIC, al BN y a la dirección de Fodemipyme, del mismo Banco Popular, haciendo ver que las opciones eran insuficientes.
Recibió respuesta.
El 13 de abril anterior, un correo electrónico de la dirección de Fodemipyme le indicaba que no se estaban recibiendo más solicitudes.
En la comunicación se explica que, debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas, se había superado la disponibilidad presupuestaria del programa.
“En caso que se dé apertura de otro programa de apoyo se está comunicando por los medios oficiales”, se promete en el mensaje.
