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¿Ha analizado alguna vez si su pyme está violando los derechos de propiedad intelectual de otras empresas o individuos?
Esto puede ocurrir, ya sea que se haga adrede o por desconocimiento.
La propiedad intelectual, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, incluye invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se emplean en los negocios.
Este tipo de propiedad abarca dos ámbitos: la propiedad industrial, que está ligada con marcas, patentes, y diseños industriales; y, por otro lado, están los derechos de autor, en los que se ubican las películas, libros, programas informáticos (software), música, y pinturas, entre otros.
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Estas son algunas de las infracciones más comunes en las que incurren las empresas en contra de estos derechos:
1- Uso de marcas registradas
Suele suceder que las empresas empiezan a comercializar un producto o servicio y cuando le ponen el nombre no revisan si ya está asentado en el Registro de la Propiedad Industrial y si está siendo utilizado por otro negocio.
De esta manera, cometen una infracción al emplear la marca de un tercero sin estar autorizados.
Giselle Reuben, abogada experta en propiedad intelectual de la firma BLP, recomendó a las empresas registrar su marca desde el inicio y así evitarse problemas o que luego alguien la registre.
Igualmente, recordó que las marcas tienen una vigencia de diez años, por lo que debe estarse pendiente de la oportuna renovación.
Además asegúrese de que su logo sea propio, que no sea copiado de otra empresa y que su material publicitario tampoco sea una reproducción del de otra compañía.
2- Uso de software sin licencia
Pasa mucho que las empresas compran un software, se les vence la licencia y no la renuevan e idean una forma para seguir usándola. O descargan programas informáticos en la red sin pagar y sin contar con el visto bueno del propietario.
Esto también es una transgresión a la propiedad intelectual, específicamente de los derechos de autor.
Si en este momento su pyme está fallando en esto y quiere evitarse conflictos, tiene la opción de renovar las licencias respetivas o comprarlas.
Otra alternativa es valorar el uso de software libre, que usualmente es gratuito y con el que se ahorraría dinero y problemas.
Si existen indicios de que está utilizando una licencia sin autorización, puede ser demandado ante los tribunales y, si se comprueba su responsabilidad, deberá enfrentar sanciones económicas y hasta penales.
3- Uso de música con fines de lucro sin realizar los pagos respectivos
Si un negocio –como un restaurante, hotel o tienda– quiere reproducir música para generar un mejor ambiente para sus clientes y, en consecuencia es para lucrar con ella, no basta con comprar el disco o el archivo de audio en una tienda de música digital.
Para cumplir con la ley debe tener la autorización y pagarles a la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (Fonotica), así como a la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (Acam).
"Ellos recolectan este dinero y luego se encargan de hacer el pago a los titulares de estos derechos. Son asociaciones gestoras de derechos", explicó Reuben. "Si usted pone la música en su casa y solo usted la está escuchando, no hay problema, siempre que la haya descargado de una forma legal".
4- Venta de productos falsificados
En el mercado existen personas que se dedican a falsificar marcas y a vender los bienes en el mercado a un precio mucho más barato. El producto es tan similar que puede ser engañoso.
Puede pasar que algunas pymes o emprendedores ─sin saberlo─ estén comercializando productos falsos por no tomar las previsiones requeridas.
Si usted se dedica a comprar al por mayor productos (ya sea en el país o si los importa), solicítele al vendedor un certificado de autenticidad.
Reuben detalló que este certificado consiste en un documento que emite la empresa fabricante que garantiza que el bien es original.
Recuerde
El incumplir la normativa en materia de propiedad intelectual puede acarrearle el enfrentar un juicio civil en el que pueden condenarle a pagar una indemnización económica por los daños y perjuicios causados al afectado.
Además, podría verse expuesto a un proceso penal en el que pueden condenarle a pagar multas elevadas o sentenciarlo a una pena de prisión, que oscila entre seis meses y cinco años.
