EscucharHace un año, planteaba que se había iniciado el posible camino hacia el fin de una barrera comercial sin sentido. Desde la Asamblea Legislativa mocioné en la Comisión de Asuntos Económicos, para llamar a las autoridades correspondientes a que se refirieran a la prohibición del ingreso del aguacate mexicano Hass a suelo costarricense, y a través de controles políticos, también pedimos cuentas y advertimos que las acciones tomadas hasta ese momento no eran suficientes para frenar las consecuencias de la medida tomada en 2015.
Hoy tenemos nuevos elementos a considerar en este caso, que sigue sorprendiendo por la rigidez ideológica de las autoridades políticas y mantiene el nombre de Costa Rica en un mecanismo de resolución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio, los acontecimientos recientes son parte de la crónica de una muerte anunciada.
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Es importante recordar que Costa Rica importaba aguacate mexicano desde hace 22 años y mantenía niveles de importación de aguacate en 2013 de 13.000 toneladas anuales. Estabamos en el 2015, y sorpresivamente, sin notificar a las partes ni seguir los procedimientos de ley, se prohibió la importación de dicho producto por razones fitosanitarias. Este no es un producto cualquiera, ha sido ampliamente consumido por las familias costarricenses y es uno de los productos estrella de México ante el mundo, que se exporta continuamente a Estados Unidos, Reino Unido y Japón sin ningún tipo de reestricción.
Se dedicaron también desde el Ejecutivo, amplios espacios a lo sarcástico e histriónico, como los protagonizados por Mauricio Herrera y Renato Alvarado, que daban cuentas del desinterés de las autoridades sobre las consecuencias que estas medidas puedan tener sobre nuestra competitividad y reputación internacional, y en especial sobre el consumo y el bolsillo de los costarricenses.
Hoy estamos invirtiendo recursos humanos y financieros en un litigio que afecta directamente el nombre de Costa Rica ante el mundo, nuestra marca país de apertura al comercio internacional y al intercambio de productos de calidad.
“Ventana de oportunidad“
Recientemente, el Gobierno comprobó el trasfondo ideológico y político de la medida tomada en 2015 al publicar el “Plan Nacional de Fortalecimiento del Sector Aguacatero” que tiene por objetivo a largo plazo aumentar a 2.000 el número de productores nacionales de ese fruto y ampliar a 5.000 la cantidad de hectáreas sembradas. En la publicación de dicho Plan se pretende aprovechar la reestricción a la importación que se mantiene hasta la fecha como una “ventana de oportunidad” para promover la producción local en la Zona de los Santos y en el Pacífico Central.
A esto se suma, la reciente condenatoria que recibió el Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo por la prohibición de importar aguacate mexicano Hass y la afectación que esto significó para los importadores costarricenses de la fruta.
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En estrados judiciales nacionales se llegó a la conclusión de que la medida adoptada careció de proporcionalidad, razonabilidad, motivación y que no estuvo apegada al ordenamiento jurídico, asimismo se deja muy en claro la falta de sustento científico de la prohibición.
Con recursos de los contribuyentes, deberá el Estado indemnizar a los empresarios que demandaron y seguir financiando el litigio internacional en la OMC para el cual se invierten importantes recursos económicos, como la contratación de un grupo asesor en materia comercial para nuestro país.
Se deben sentar responsabilidades claras sobre quienes causaron este conflicto y sus motivaciones, especialmente poner en evidencia cómo las autoridades políticas se escudaron en criterios técnicos y científicos débiles para justificar intenciones políticas puntuales.
