EscucharCosta Rica inició su actividad exportadora en el siglo XIX, cuando las primeras exportaciones de café y banano nos abrieron las puertas al comercio internacional. Con el tiempo, este sector se convirtió en un motor de crecimiento económico y es así como, entre 1950 y el 2024, las exportaciones crecieron exponencialmente, pasando de $63 millones en bienes a casi $30.000 millones en bienes y servicios. Además, en los últimos 40 años, el número de productos y servicios enviados al exterior aumentó en un 400%, alcanzando más de 4.400 productos que llegan a 150 mercados internacionales.
En el último año y pese a los retos que hemos enfrentado, el sector exportador sigue demostrando por qué es un factor determinante para el desarrollo del país. Entre enero y diciembre del 2024, las exportaciones de bienes registraron un crecimiento de 8%. Mientras que, al tercer trimestre del mismo año, los servicios incrementaron un 12%. Ambos sectores generan más de 700.000 empleos en todo el territorio nacional.
Este crecimiento no ha sido casual, sino el resultado de un modelo exportador enfocado en el valor agregado, la innovación y la calidad, pilares que han permitido atraer a más de 450 empresas multinacionales, diversificar así nuestro tejido productivo y consolidar nuestra participación en cadenas globales de valor de alta complejidad. Un claro ejemplo, es el sector de dispositivos médicos, donde nueve de las 15 principales compañías globales ya operan desde Costa Rica. A la fecha, este sector representa el 42% de las exportaciones de bienes y ha posicionado al país como el mayor exportador per cápita de dispositivos médicos de América.
Todas esas cifras son el resultado contundente de la propuesta de valor país que ofrecemos al inversionista y al exportador: talento humano especializado, excelente clima de inversión, una plataforma de tratados comerciales robusta, posición geográfica privilegiada, matriz eléctrica limpia, estabilidad política y una reconocida seguridad jurídica que debemos cuidar y potenciar, tanto porque beneficia a las empresas como a sus colaboradores.
Este indiscutible éxito también tiene un reto que es mantener y fortalecer las condiciones que han hecho de Costa Rica un destino atractivo para la inversión y la consecuente diversificación de la matriz exportadora. En este sentido, uno de los pilares clave para garantizar un crecimiento sostenido en atracción de IED, exportaciones y generación de empleo de calidad es la seguridad jurídica. Si bien Costa Rica ha sido un país que ofrece estabilidad y un marco normativo favorable para hacer negocios, este último requiere de una modernización que responda de manera adecuada a las características de nuestro tejido productivo actual, conformado por empresas nacionales y multinacionales con procesos productivos más tecnificados y complejos, que compiten a nivel global.
Las recientes propuestas de reformas laborales, como las jornadas 4x3, son un ejemplo de cómo podemos actualizar nuestro marco normativo para brindar mayor seguridad jurídica a las empresas al mismo tiempo que aumentamos la competitividad del país; facilitando esquemas flexibles que se adaptan a la realidad de los diferentes sectores productivos que hoy producen y exportan desde nuestro país y emplean talento costarricense bien remunerado. Estas jornadas ofrecen oportunidades para las personas trabajadoras y los patronos sumando un nuevo esquema de jornada laboral a los ya implementados en nuestro país, en el marco de lo que permite la Constitución Política y los Tratados Internacionales.
Contrario a lo que se ha especulado, el proyecto establece medidas para garantizar que no se erosionen los derechos de las personas colaboradoras. Por ejemplo, establece la obligación para los patronos de ejecutar medidas contra la fatiga, asegurar descansos de 90 minutos para el disfrute de los alimentos e, incluso, otorga la opción de un periodo de prueba de tres meses en el cual los colaboradores pueden volver a su jornada ordinaria, sin que puedan existir medidas discriminatorias en su contra, todo esto bajo la fiscalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, el modelo propuesto también ayuda a optimizar recursos, lo que permite a las empresas y sus colaboradores ser más competitivos en un mercado global cada vez más exigente.
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Garantizar estabilidad y seguridad jurídica a las empresas que ya están operando en el país y atraer más empresas de manufactura tecnificada y servicios que generen empleo y bienestar a las y los costarricenses, es una gran oportunidad que tenemos hoy y debemos aprovecharla para seguir construyendo una patria más próspera e inclusiva.
Si queremos que Costa Rica siga el camino de desarrollo que lo ha caracterizado durante décadas, es vital que brindemos aún más certeza jurídica a las empresas que operan en nuestro país y a su personal. Esto no solo les dará la confianza de que sus inversiones y puestos de trabajo están protegidos, sino que también permitirá que nuestras políticas laborales se adapten a las nuevas realidades globales y la especialización de nuestro sector productivo actual.
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* Laura López es economista y gerenta general de Procomer.
