Escuchar
Ante la emergencia nacional generada por la COVID-19, toda entidad estatal y empresa privada se vio forzada a tomar medidas preventivas para asegurar la salud de sus empleados y funcionarios.
Así, la mayoría de las instituciones estatales, entre ellas el Poder Judicial, el Registro Nacional o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), adecuaron su forma de trabajo con el fin de proteger la salud y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de sus servicios.
El TSE continuó recibiendo solicitudes de naturalización mediante un sistema de citas recién implementado. El Registro Nacional se apoyó en una novedosa plataforma digital, como también lo hizo el Poder Judicial, asegurándose así a los habitantes cierta normalidad para suplir sus necesidades.
Sin embargo, hubo una institución que no logró empatar la salvaguarda por la vida con la necesidad de sus usuarios. Esta es la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que cerró sus puertas al público desde mediados de marzo del 2020.
LEA MÁS: La resiliencia en el proceso de planificación de proyectos de infraestructura
En estos días mucho se ha escuchado del cierre de la DGME pues si bien es cierto que la misma continúa trabajando, este trabajo es parcial. La DGME se encarga de muchísimos trámites, entre ellos, solicitudes de refugio, Residencias, documentación de personas con solicitudes aprobadas, renovaciones de estatus migratorio, impresión de pasaportes, permisos de salida de menores y más. Pero son contados los servicios que han continuado operando con cierta regularidad. La DGME no recibe nuevas solicitudes de regularización desde marzo por lo que no es difícil entender por qué se ha generado tanto ruido alrededor de este cierre.
El impacto de esta situación lo podemos resumir en dos puntos.
Este desafortunado cierre ha generado una mala imagen de Costa Rica ante los extranjeros que viven en el país. Muchos de ellos, recordemos, son grandes inversionistas, personas con rentas altas, pensionados que escogen el país para vivir y generar negocios. Negarle la posibilidad a un inversionista de regularizar su situación migratoria genera ansiedad, preocupación y ciertamente vuelca sus ojos hacia países como Panamá, un gran competidor en la atracción de inversión extranjera. Al hacer una lectura rápida de los comentarios en redes sociales, o en programas de radio cuando las autoridades migratorias intervienen para justificar el cierre, es fácil detectar el sentir del migrante. Es un sentir de frustración al verse de manos atadas ante una institución que no logró ponerse a la altura de las circunstancias.
LEA MÁS: De la decadencia al apogeo: El Estado que necesitamos
El segundo punto sería la inseguridad jurídica que un cierre de meses le genera a los usuarios. Si partimos de que la Dirección General de Migración y Extranjería está llamada, por ley, a resolver las solicitudes que ante ella se presentan en tres meses, pero actualmente se oye de procesos que llevan más de tres años, estamos ante un sistema ineficaz. Si a eso le sumamos siete meses de cierre (y contando), es difícil de imaginar a qué se puede atener un extranjero que solicita estatus migratorio en este país
Para nadie es secreto que la DGME no cuenta con el personal que necesita, ni con el sistema tecnológico. Pero es decepcionante que sea hoy, siete meses después de que inició la emergencia nacional, cuando anuncian el estreno de una plataforma y expediente digital que los usuarios han estado clamando por años. Según han prometido, atrás quedarán las filas de las 5:00 a.m. para esperar horas por ser atendidos, promesa que es muy bien recibida. Pero ¿por qué hasta hoy se ofrece la plataforma digital? Podemos entender que se trata de un tema presupuestario y de coordinación.
Pero, dejando de lado los años de atrasos que significa que hasta el 2020 se está introduciendo un sistema que países como Colombia dominan desde hace años en el área migratoria, es inquietante que no hayan considerado medidas alternas para continuar brindando el servicio, en su totalidad, desde marzo. Bien se le sugirió a la DGME recibir solicitudes de regularización por correo electrónico (considerando que la Ley General de Migración y Extranjería indica que esto es una posibilidad) o si eso resultaba inaceptable, permitir la presentación de solicitudes por medio de Correos de Costa Rica. Pero siempre se obtuvo un no, apoyado por la Sala Constitucional. Un no obstinado que ya después de siete meses ha menoscabado la imagen del país ante la población migrante.
¿Adónde quedó la obligación, plasmada en la Ley General de la Administración Pública que en su artículo 4 indica que la actividad de los entes públicos “deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”?
LEA MÁS: ¿Por qué financiar un Estado que se olvidó de los ciudadanos?
¿Por qué la DGME recibió el aval de cerrar sus puertas al público, ocasionando así un detrimento a la población migrante y la inversión extranjera en el país? Parece que fue ayer cuando el Presidente Alvarado anunciaba la atracción de inversionistas y pensionados extranjeros como herramienta para la reactivación económica. Evidentemente el mandato presidencial no caló como se esperaba. Mientras el Presidente busca cómo financiar mil millones de dólares con el FMI, la DGME le cierra las puertas a un sector de la población que representa alrededor de un 8% del PIB o $5.214.320 para el año 2020. Esto si consideramos tanto a los grandes inversionistas de empresas multinacionales como al pequeño empresario y a los cientos de miles de extranjeros que convirtieron a Costa Rica en su hogar. Estas son personas que colaboran directa e indirectamente con la economía nacional.
La problemática generada por este cierre se suma al trato desigual que le dio Migración a los Residentes durante la pandemia, imponiéndose severas restricciones de ingreso al país, aun cuando la Constitución indica que los extranjeros y nacionales tenemos los mismos derechos bajo la ley. Esto no ayudó pues aunado a los meses de zozobra, el mensaje que se le dio al extranjero en cuanto a la importancia y el beneficio de obtener Residencia en Costa Rica fue muy negativo.
No pareciera ni justo ni correcto, pero es lo que sucedió y seguirá sucediendo hasta que la DGME vuelva a recibir al público sea por su nuevo sistema digital o por medio de citas. Estas nuevas modalidades, la modalidad virtual y la solicitud de citas, se empezarán a estrenar este octubre culminando con lo que se espera sea la reapertura total el 1º de diciembre.
John Adams decía que “todo problema es una oportunidad disfrazada”. La pandemia nos ha dado la oportunidad de reinventarnos y desarrollar nuevas habilidades para seguir funcionando bajo estas nuevas circunstancias. Esta es, sin duda, la oportunidad para que la DGME se convierta en una institución eficiente con una plataforma tecnológica que simplifique los procesos tanto para sus usuarios como para sus trabajadores, revirtiendo así la imagen que tiene la población extranjera de una institución percibida como complicada y lenta.
Este cierre, sin duda alguna, es un duro golpe propiciado por Migración, y nos afecta a todos. Nos queda sólo la esperanza de que el cambio prometido revierta las aguas.
Abogada de Outlier Legal
