EscucharEn el centro del actual debate fiscal se encuentra el problema de la representación política. Por un lado 57 diputados electos por el voto ciudadano masivo y por el otro una dirigencia sindical electa en pequeñas y a veces manipuladas elecciones. Estos dirigentes sindicales encapsulados por décadas en el movimiento sindical se arrogan abusivamente la representación de la nación, y quieren sustituir desde la calle y el bochinche, como lo han confesado, a la auténtica representación ciudadana. Los sindicatos no son el pueblo, tan solo una parte de este.
Vuelven los episodios de oposición extraparlamentaria contra el Gobierno de un partido que hace un corto tiempo firmó una alianza con grupos sindicales. El presidente de la República se encuentra prensado entre los dos extremos ideológicos de su coalición.
La ceguera de los trasnochados dirigentes sindicales es proverbial, no quieren darse cuenta de la seriedad del problema fiscal y se aferran a sus privilegios en perjuicio del resto de la ciudadanía. Esta dirigencia sindical, nostálgica de la guerra fría se aferra a un lenguaje binario y dice representar a la clase obrera, cuando lo único que representa son los intereses de una capa burocrática que ordeña el presupuesto.
En un mundo globalizado e interdependiente, pretenden aferrarse, como Trump, a los dogmas del mercado interno, sin percatarse de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía ante las calificadoras de riesgo si no se resuelve o se avanza en el tema del déficit fiscal.
El bochinche que promueve el eterno dirigente sindical conduce a una situación de enfrentamiento cuando lo que necesita el país es entendimiento.
Es falso que el Mandatario no haya querido dialogar. Lo cierto es que la posición sindicalista ha sido extremista desde el inicio, aunque en el estado actual de la situación el Gobernante debería esforzarse por hacer volver al diálogo sin condiciones a los rebeldes.
La arcaica visión sindicalista ha querido ser maquillada con un documento presentado al Gobierno, lleno de planeamientos difusos o permeado de la ideología de “nosotros los pobrecitos y ellos los ricos que deben ser afectados en sus empresas”. Los populistas sindicales han olvidado lo que sus inspiradores marxistas planteaban sobre las fuerzas productivas como motores del desarrollo social.
Albino y su combo
Albino y su combo han puesto como condición para conversar la retirada de un proyecto normal y legalmente incluido en la corriente legislativa. La comisión de reformas fiscales les ha dado audiencia para que hagan llegar sus observaciones. En este periodo de sesiones legislativas el presidente Alvarado no puede retirar el proyecto. La intransigencia de los muchas veces autoungidos líderes es de antología. Se trata de aceptar lo que ellos plantean o de la nada, es el regreso de la democracia de la calle y al desorden en las vías públicas, en perjuicio de la libertad de tránsito de los demás ciudadanos y atropellando la Constitución.
Por otra parte, la clara afinidad de estos sectores con el Frente Amplio ha quedado manifiesta en las actitudes del irascible diputado José María Villalta y en el alejamiento de la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, de las posiciones del Gobierno en cuanto a la reforma fiscal. Mora ha roto con la armonía de esa entelequia extraña llamada Gobierno nacional; debería presentar su inmediata renuncia por apartarse del principal tema que anima la acción de este Gobierno y obstaculizar la obtención de su meta crítica.
La estrategia de la burocracia sindical ha quedado muy clara, quieren el bochinche callejero para polarizar aún más a nuestro sociedad, sacar partido en río revuelto para seguir disfrutando de sus privilegios y gollerías; no quieren renuncian a sus golosinas de pluses y cesantías desorbitadas.
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Del lado del Gobierno posibles excesos policiales con los estudiantes constituyen un manjar en el plato sindical, pues suministran la oportunidad al sindicalismo irresponsable para unir sus demandas maximalistas con el agravio que sienten los universitarios ante la irrupción de la policía en el campus universitario. La experiencia anterior (Combo ICE 2000) muestra que cuando las reivindicaciones sectoriales se unen, los movimientos extraparlamentarios logran imponer su voluntad a las instituciones.
Ante esa situación hace bien el presidente de la República en ordenar investigaciones y recibir al rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, para conversar sobre ese pensoso incidente. El Gobierno no debería darle esta excusa a Albino para que profundice el desorden populachero y siga vomitando su logorrea carente de sentido.
El proceso legislativo de la reforma a las finanzas públicas debe continuar por la vía actual, los diputados opositores han tenido el espacio para manifestar sus desacuerdos y los manifestantes tienen derecho a expresar en el espacio público su inconformidad; están en el ejercicio de derechos constitucionales a la libertad de expresión y asociación para fines lícitos. Lo que no es aceptable es el cierre de vías, la brutalidad policial y la violencia callejera como métodos de acción política.
