Después de 8 años de llevar a cabo un proceso de colaboración y revisión por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Costa Rica ha recibido la invitación para incorporarse como miembro activo. Desde el punto de vista fiscal, este ingreso nos genera una serie de ventajas y responsabilidades que debemos asumir como país.

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Tal vez una de las ventajas más significativas que podemos mencionar es la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, respecto de los temas fiscales necesarios de aplicar por parte de Costa Rica. Muchos de estos miembros (formales y consultivos), ya han pasado algunas de las situaciones que nuestro país enfrenta y pueden servir de guía en la resolución de estos.

De hecho, durante nuestro proceso de evaluación, Costa Rica ha implementado varias de las mejores prácticas impulsadas por la OCDE en sus acciones para evitar la erosión de bases imponibles y traslado de utilidades (BEPS), tales como precios de transferencia, economía digital, instrumentos híbridos, y limitación de intereses, entre otros, así como los esfuerzos para aumentar nuestros tratados para evitar la doble imposición e intercambio de información tributaria y la firma del Convenio Multilateral de la OCDE.

Otra de las ventajas corresponde a la oportunidad de formar parte de comités y foros futuros, relativos a nuevas recomendaciones de mejores prácticas, permitiendo la participación y opinión activa de Costa Rica en dichos procesos. Esto sin considerar la imagen internacional positiva que damos a la inversión extranjera, tan importante para la economía de Costa Rica.

Discusiones maduras

Sin embargo, si bien es cierto no debe enfocarse como una desventaja sino como una responsabilidad, también es necesario indicar que, con el ingreso a la OCDE, Costa Rica asume ciertos compromisos.

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Las mejores prácticas que terminen siendo consensuadas a lo interno de la OCDE no constituyen leyes para sus países miembro, pero sí existe un compromiso de los países miembro para realizar las gestiones internas necesarias para implementar dichas prácticas, lo cual obligará a Costa Rica a tener discusiones maduras entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con el fin de impulsar y aprobar los proyectos de Ley que sean necesarios para lograr estos objetivos.

El ingreso de Costa Rica a la OCDE es un paso en la dirección correcta, los beneficios que podemos esperar, en la medida que los aprovechemos, pueden ayudarnos a estabilizar nuestras políticas fiscales y mejorar nuestra transparencia y recaudación.

Sin embargo, también nos coloca en el predicamento de mantener nuestra responsabilidad y madurez en la toma de decisiones que nos permitan cumplir dichos objetivos.