EscucharEl pasado 11 de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rindió su informe sobre el Estudio Económico sobre Costa Rica 2025.
El documento realiza una evaluación sobre el desarrollo de la economía costarricense y brinda una serie de recomendaciones sobre el crecimiento, la estabilidad económica, la energía renovable, la gestión del agua y los residuos, la maximización de los beneficios del comercio y la igualdad de oportunidades laborales. En cuanto esta última, el informe retoma el tema -por tanto tiempo desatendido- de la alta informalidad y la baja participación de la mujer en el mercado laboral de Costa Rica.
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No son temas menores pues identifican, una vez más, graves fallas de nuestro sistema e importantes barreras de entrada que agravan la situación de desigualdad y exacerban el ciclo de pobreza en amplios sectores de la sociedad.
En un caso, los datos indican que el 40% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad y, como consecuencia de ello, quedan fuera de la cobertura de la protección social, tanto en cuanto a derechos laborales mínimos, como a seguro médico y pensión para la vejez.
En el otro, el porcentaje de mujeres que participa en el mercado laboral llega apenas al 50%, muy por debajo de la media de la OCDE, que es de un 70%. Esto no solo reduce los ingresos de los hogares, ya de por sí en muchos casos escasos, sino que también perpetúa la dependencia económica de la mujer.
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Las razones por las que esto ocurre son de sobra conocidas y las recomendaciones de la OCDE para remediar la situación son todas muy sensatas. Para atender la informalidad, se aconsejan cuatro medidas puntuales: (a) reducir las cargas sobre la planilla, en particular las atinentes al INA y al Fodesaf, para que estas pasen a estar a cargo del presupuesto nacional; (b) revisar el esquema de salarios mínimos, cuya base se considera relativamente alta y su aplicación compleja; (c) modificar las cargas relativas a las jornadas parciales, para que sean proporcionales al salario efectivamente recibido; y (d) reducir la burocracia y las regulaciones onerosas, de forma que faciliten las actividades productivas sobre todo de las micro y pequeñas empresas.
Para incentivar una mayor participación femenina, la recomendación más relevante es la de incrementar sustancialmente la cobertura de la Red de Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, pues las responsabilidades domésticas, que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, se convierten en una insalvable barrera de entrada, especialmente para los sectores más necesitados.
Esta medida debería acompañarse de una extensión de la jornada escolar (actualmente de solo 4 horas), una equiparación -o al menos aproximación- de la licencia por paternidad a la de maternidad, de programas para la atención de los adultos mayores y de incentivos para que más mujeres incursionen en carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM), que son las que mejores oportunidades laborales deparan.
Ninguna de esas recomendaciones está fuera del alcance de la realidad costarricense. Si bien es cierto algunas de ellas son onerosas -como la de pasar al presupuesto algunas de las cargas sociales sobre la planilla o la de universalizar la cobertura de la red de cuido-, es cierto también que en el largo plazo sus réditos -económicos y sociales- sobrepasarían con creces los costos iniciales.
Las estimaciones de la OCDE consideran, por ejemplo, que una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo podría incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 4,7 puntos porcentuales en diez años.
Asimismo, esa mayor participación femenina y la reducción de la informalidad ampliarían el número de contribuyentes tributarios y de la seguridad social, y, además, disminuiría la presión sobre los programas estatales de atención a la pobreza.
Ha pasado demasiado tiempo desde que se señalaron por primera vez estos problemas, así como las posibles soluciones. Se trata de una deuda pendiente con sectores que mucho lo necesitan y que cuya atención oportuna nos beneficiaría a todos, mientras que su postergación solo acentúa la desigualdad. El oportuno recordatorio que nos hace la OCDE nos obliga a poner manos a la obra con celeridad. Sería imperdonable que no lo hiciéramos.
