EscucharComo ha sido ampliamente difundido, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ha declarado que el negocio de Coopeservidores es financieramente inviable, por lo que se prosigue con el proceso de liquidación de esta cooperativa. Esta decisión se adopta pues, de continuar funcionando esta entidad financiera, los activos no serán capaces de cubrir los pasivos. O sea, el patrimonio sería negativo, lo que llevaría a que las pérdidas para los ahorrantes sean mayores en el tiempo.
El faltante entre activos y pasivos podría cubrirse mediante una recapitalización de los accionistas de la entidad, que son los asociados en el caso de la cooperativa. Sin embargo, la Sugef concluyó no lo ve posible por la magnitud de la recapitalización requerida y por ser esta de carácter voluntaria.
Según el interventor de Coopeservidores, el patrimonio de la empresa es cero. Esto quiere decir que las pérdidas consumieron todo el capital social. Por tanto, lo que procede es iniciar el proceso de resolución de la entidad financiera para recuperar la mayor cantidad del dinero de los ahorrantes.
Durante este proceso de intervención es importante destacar aquellos aspectos que nos parecen que son positivos desde el punto de vista del ahorrante y la estabilidad del sistema financiero, pero también otros que generan oportunidades de mejora en el proceso de regulación y supervisión.
Iniciemos por lo positivo. Resulta formidable que un proceso de intervención de una entidad financiera para detectar la viabilidad o inviabilidad del negocio, en el caso de Coopeservidores, sea corto. Este requirió de solo unas pocas semanas. Esta situación le resta incertidumbre a la mayoría de los ahorrantes, especialmente los pequeños, para quienes una situación como la presentada es traumática y les genera ansiedad.
A su vez, la rápida resolución de la intervención permitirá activar el seguro de depósito que garantiza los primeros ¢6 millones ahorrados en la cooperativa. Esto le solucionaría el problema al 97% de los clientes de Coopeservidores, cuyos depósitos y ahorros no superaban el monto cubierto por el seguro de depósito. En este sentido, ha sido un gran acierto la existencia de la Ley 9816 que creó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en el año 2020.
A pesar de lo expuesto, es importante mencionar que la liquidación de Coopeservidores utilizará más de la totalidad de los recursos acumulados en el FGD, pues el compartimento destinado a “cooperativas y otros” no llega a ¢1.000 millones de acuerdo con los estados financieros auditados a 2023. En el caso que este monto sea insuficiente, como ocurrirá con Coopeservidores, la Ley prevé utilizar el 2% del total de pasivos sujetos al Encaje Mínimo Legal (EML) o reserva de liquidez de las entidades supervisadas por la SUGEF. Estos recursos son un gasto para las entidades financieras pues deberán restituir la reserva de EML cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) lo estipule. Es importante notar que esta prerrogativa debe ser un mecanismo excepcional.
Por lo tanto, el FGD quedará en un estado precario y por ello es importante tener la seguridad de que la resolución de Coopeservidores no genere un efecto sistémico que involucre a otras entidades financieras. Así, hay que saber diferenciar entre daño sistémico y efecto contagio, pues otras organizaciones que ahorraban en esta cooperativa y muy por encima del límite del FGD, como las asociaciones solidaristas, sí se han contagiado del fallo de Coopeservidores.
Viendo los aspectos negativos del proceso de intervención, permanece la impresión de que la Sugef llega tarde cuando ya los riesgos se han materializado y no queda más función que redactar el acta de defunción de la entidad. De lo encontrado por el interventor existe evidencia suficiente de que los problemas iniciaron no hace meses, sino años.
En este aspecto, sí se debería realizar una revisión de la regulación y supervisión para determinar si administrativamente se pueden mejorar y calibrar los procesos internos de la Sugef para que sean más efectivos en la detección de riesgos o si se requieren reformas legales para fortalecer la institucionalidad.
