EscucharCausa preocupación lo expresado por la exsuperintendente de entidades financieras y de pensiones, Rocío Aguilar, en su informe de labores en relación con la amenaza a la independencia técnica de las superintendencias. Ella menciona que la dependencia presupuestaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) limita la autonomía de las superintendencias, al igual que las eventuales presiones políticas que pueda recibir del mismo ente emisor, del Ejecutivo y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
La independencia de los órganos reguladores son un principio consagrado en las buenas prácticas internacionales definidas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos (Basilea) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre muchos otros.
LEA MÁS: 3 correcciones urgentes para evitar descalabros como los de Coopeservidores y Desyfin
Estos principios establecen que los órganos reguladores y la cabeza del regulador debe blindarse de presiones políticas indebidas que comprometan las decisiones técnicas y los desarrollos reglamentarios que buscan el bien común de los usuarios y de los efectos virtuosos que el buen funcionamiento del sistema financiero tiene sobre la creación de riqueza y el crecimiento económico.
Por lo tanto esa autonomía ayuda a que sus decisiones no estén influenciadas por intereses políticos momentáneos. Esto es importante para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero a largo plazo, ya que las políticas regulatorias deben basarse en criterios técnicos y no en intereses de los políticos de turno.
Por tanto, es conveniente avanzar en la búsqueda de esa independencia técnica, en donde un punto de inicio sea la desvinculación presupuestal del BCCR y crear mecanismos para evitar la politización en los nombramientos de los miembros del Conassif y de los superintendentes.
Lo anterior no es contrario al interés que debe mantenerse en una regulación del sistema financiero que considere los objetivos legítimos de un banco central, pero ello dista del interés de un banco central por controlar las decisiones en materia de regulación de los mercados financieros, mediante el nombramiento de miembros del Conassif y de cuerpos gerenciales en las superintendencias que respondan a sus intereses que podrían ser contrarios a mantener un sistema financiero estable, confiable y transparente.
En este sentido, el proceso de elección de los jerarcas que van a dirigir la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia de Pensiones (Supen), debería ser un proceso en donde el BCCR se abstenga de participar, ni siquiera en el filtro de los candidatos que van a ser sometidos al proceso de nombramiento en el Conassif. Esto debe ser así pues puede existir un conflicto de intereses dentro del BCCR al haber funcionarios que podrían estar interesados en participar en estos puestos. Esto podría interpretarse como un caso particular de puertas giratorias que comprometa la independencia de la supervisión.
Igual de delicado es que las superintendencias estén acéfalas por un tiempo prolongado. Esto le resta efectividad a la supervisión y daña el clima laboral ante la incertidumbre del rumbo que tomará la superintendencia, y ante un riesgo extremo, podría afectar la confianza en el sistema financiero.
El Conassif debe estar consciente que está juego más que el nombramiento de un jerarca de una superintendencia, pues también se está decidiendo sobre la importancia que tiene la credibilidad en el sistema financiero. El buen funcionamiento regulatorio coadyuva en que las instituciones financieras operen de manera ética y sólida, y que el sistema financiero esté orientado a beneficiar a la sociedad en su conjunto y no solo a los actores financieros más poderosos.
