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Fortalecer la competencia en los mercados de bienes y servicios es esencial para el desarrollo económico y, sin duda, para mejorar el bienestar de los consumidores.
Los mercados competitivos son determinantes para el aumento de la productividad. Sin competencia, las empresas no tienen los incentivos para ser más eficientes (asignar con eficacia sus recursos y reducir sus costos), innovar, mejorar la calidad ofrecida, aumentar sus niveles de inversión y crear más puestos de trabajo.
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De esta manera, una mayor competencia es un elemento muy importante para el funcionamiento eficiente de los mercados; beneficia a los consumidores, aumenta la productividad y promueve el crecimiento de la economía. En el mismo sentido, la apertura comercial permite aumentar las capacidades tecnológicas y el aprovechamiento de las diferencias en costos de producción, propiciando que los mercados locales sean más competidos, tanto para productos de origen nacional, como para importados.
Las políticas públicas en este campo buscan propiciar el funcionamiento eficaz de los mercados, reprimiendo (sancionando y disuadiendo) las prácticas anticompetitivas y tienen como objetivo último, mejorar el bienestar de los consumidores. Lo hacen mediante la aplicación de la ley y las actividades de promoción y abogacía. El cumplimiento eficaz de la ley es importante, tanto para sancionar las conductas inapropiadas de los agentes económicos, como para disuadirlos de cometerlas en el futuro.
En este sentido, los Estados han establecido regulaciones para prohibir los acuerdos que limitan la competencia y reprimir el uso abusivo del poder de mercado por parte de agentes económicos con posiciones de dominio o con un grado de concentración significativo y que por lo tanto, pueden afectar de manera negativa el funcionamiento de los mercados, traduciéndose así, en perjuicios para los consumidores (por ejemplo: precios más altos, menor calidad, o limitaciones en el acceso de bienes y servicios).
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Parece evidente entonces la relevancia de la regulación de la competencia; las prácticas anticompetitivas se traducen en beneficios económicos para unos pocos, en precios más altos para las mayoría y, por lo tanto, perjudican el bienestar social.
Además, existen regulaciones impuestas por los gobiernos o comportamientos surgidos de la confluencia de intereses privados, con la posibilidad de tener efectos similares a los de las prácticas anticompetitivas. Estas barreras a la competencia pueden ser incluso más perjudiciales y difíciles de corregir, pues en muchos casos, se encuentran fuera del alcance de las normas de competencia por tratarse de regulaciones gubernamentales o legislaciones específicas.
Para enfrentar este tipo de problemas, las políticas públicas deben contener mandatos claros en materia de abogacía y promoción de la competencia. Estos comprenden la identificación y análisis de políticas que pueden, por ejemplo, crear barreras legales o estructurales a la entrada y salida de agentes económicos (en algunos casos, producto de intereses y captura de políticas públicas) y, por lo tanto, impidan la libre competencia en favor de los consumidores finales.
En el país
Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica el país logró un avance importante en esta materia. Esta ley fortalece el marco jurídico e institucional del país, otorga más independencia y recursos a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y reduce el alcance de las excepciones creadas por otras legislaciones. Sin embargo, si no se implementa de manera oportuna y decidida, siguiendo una hoja de ruta clara y determinada para hacerla eficaz, el esfuerzo realizado habrá sido en vano.
Desafortunamente, pese a la aparente decisión del Presidente de apoyar e impulsar el fortalecimiento de la regulación y promoción de competencia en el país, los hechos hablan más fuerte que las palabras.
A las puertas del nombramiento de los comisionados de la Coprocom, un paso determinante para la conformación del equipo al cual le correspondería liderar la aplicación efectiva y exitosa de la ley, el Ministerio de Hacienda no ha realizado las modificaciones presupuestarias requeridas para asignar los recursos establecidos en el marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa para esta institución. Se percibe entonces, no sólo falta de convicción con respecto a la importancia crucial de las políticas de competencia para el desarrollo sostenible e inclusivo, sino una inconsistencia y desarticulación en las decisiones gubernamentales.
A esto, se suma el retroceso en la intención de liberalizar el precio del arroz, el esquema regulatorio en vigor ha beneficiado, por años, a unos pocos y perjudicado, precisamente a las personas más vulnerables, quienes pagan precios más elevados, incluso superiores a los internacionales y genera rentas a quienes han defendido su propio interés en perjuicio de la mayoría de los consumidores, en particular, de aquellos con menores ingresos.
En efecto, como ha mencionado el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, “el tema de la competencia no es teórico, sino de justicia social, pues donde no la hay los más perjudicados son los pobres.”
El país tiene la oportunidad de dar continuidad a una de las políticas públicas con mayor impacto transversal por su efecto sobre el bienestar de la población. Para que la aprobación de la ley se traduzca en resultados, es fundamental su implementación efectiva, completa y oportuna. Esto implica dotarla de los recursos necesarios y nombrar comisionados con la capacidad de liderar los cambios, con ímpetu, independencia y conciencia de la trascendencia de la tarea que tienen entre manos.
