En la Edad Antigua, los aranceles o impuestos a la importación cobrados en aduana fueron utilizados como un medio eficaz para recaudar recursos en favor del fisco. Posteriormente, durante las épocas imperiales, se convirtieron en herramientas clave para controlar el comercio con las colonias y acumular riqueza, en línea con las políticas mercantilistas predominantes.
Estas políticas limitaban a las colonias a comerciar exclusivamente con sus metrópolis. Más tarde, los aranceles fueron empleados como parte de estrategias industriales destinadas a incentivar la producción local mediante el proteccionismo generado por tarifas elevadas.
Tuvo que transcurrir mucho tiempo –y atravesar diversas catástrofes económicas y conflictos armados– para que los beneficios recíprocos del libre comercio y las ventajas comparativas, explicados por Adam Smith y David Ricardo desde el siglo XVIII, fueran ampliamente aceptados.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se establecieron las bases de un sistema multilateral de comercio fundamentado en reglas y principios que promovieran el intercambio entre naciones y facilitaran la reducción negociada de barreras comerciales. Así nació el GATT en 1948, un acuerdo que evolucionó significativamente con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995.
Este régimen, junto con los acuerdos regionales, impulsó una expansión comercial sin precedentes, redujo la pobreza y fomentó esquemas de producción basados en cadenas de valor multinacionales que ha generado una interdependencia beneficiosa entre los países. Sin embargo, la política arancelaria implementada por la segunda administración de Donald Trump pretende desmantelar estos avances. Aunque sus motivaciones e intenciones no están del todo claras, esta estrategia ha generado caos e incertidumbre, debilita la confianza en el gobierno estadounidense y en el mercado más grande del mundo.
La imposición de aranceles a productos provenientes de China, Canadá y México fue seguida por tarifas globales aplicadas al acero y aluminio. Además, se anunciaron aranceles recíprocos para compensar supuestas desventajas en la balanza comercial que afectarían aproximadamente al 15% de sus socios comerciales. También se iniciaron investigaciones para gravar importaciones de cobre, madera, semiconductores, y productos agrícolas y farmacéuticos. Por último, esta semana se acordaron tarifas sobre los automóviles, se amenazó con sancionar con aranceles a países que importen petróleo de Venezuela, y, según reporta la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos estaría retrasando sus contribuciones a la OMC.
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La improvisación, ignorancia e irrespeto por las normas y acuerdos suscritos mostrados por el gobierno estadounidense están causando graves consecuencias tanto a nivel interno como externo. En el ámbito interno, el argumento falaz de que los aranceles serían pagados por los extranjeros no ha convencido ni a consumidores ni a inversionistas, lo que ha tenido repercusiones significativas en los mercados financieros y en las expectativas económicas. Además, es poco creíble que los ingresos generados por los aranceles puedan compensar la prometida reducción de los impuestos directos o que estas medidas vayan a provocar un retorno masivo e inmediato de inversiones actualmente establecidas en otros países.
Externamente, esta política ha desencadenado una perniciosa guerra comercial debido a las respuestas de los países afectados, incluidos los miembros de la Unión Europea. Esto reducirá la competitividad de diversos sectores productivos, incrementará los precios y la inflación, y probablemente desacelerará el crecimiento económico mundial, afectando negativamente el nivel de vida global. El argumento del mandatario estadounidense de que el sistema comercial vigente ha perjudicado a su país es falso y los cambios propuestos están lejos de beneficiar a su población y a muchas de sus industrias, pero esta política tendrá también un severo impacto en todo el planeta.
Para Costa Rica, los riesgos son igualmente significativos. La inestabilidad y confusión generadas por esta política podría derivar en eventuales aranceles sobre nuestros productos, lo que implicaría una disminución considerable en los flujos de inversión extranjera y una contracción de nuestras exportaciones. Esto afectaría directamente el crecimiento económico del país y la generación de empleo. Aunque nuestro pequeño tamaño y una balanza comercial equilibrada con Estados Unidos podrían protegernos parcialmente frente a esta alarmante situación, será necesario apostar por que los tercos hechos obliguen a nuestro principal socio comercial a entrar en razón.
