En los primeros meses del año, nuestros editoriales alertaban sobre la excesiva inestabilidad en el mercado cambiario, pues algunas métricas indicaban que Costa Rica era uno de los países con el tipo de cambio más volátil del mundo.
En ese momento, en un lapso algo mayor a un año, el tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) varió de ¢644 por dólar en marzo de 2022 a casi ¢700 en junio de ese mismo año, para luego colocarse cerca de ¢536 en abril de 2023. Esta altísima volatilidad, indicábamos, afectaba el riesgo para los negocios, especialmente las actividades vinculadas al comercio exterior y generaba una resistencia de los precios de los productos transables a la baja.
Desde marzo y finales de abril del presente año hasta la fecha (31 de octubre), la situación ha variado de forma drástica, pues la política cambiaria del BCCR se fue al otro extremo: hacia un tipo de cambio con una muy baja volatilidad. En estos meses recientes, el tipo de cambio de venta de referencia se ha mantenido en una franja entre ¢535 y ¢550 colones por dólar. Esto significa que, comparando ambos periodos, la desviación estándar del tipo de cambio se redujo 90%, pues pasó de casi ¢50 por dólar a menos de ¢5 por dólar.
Así como en el pasado alertamos de una política cambiaria con un exceso de volatilidad, ahora también lo debemos hacer con la muy baja variación observada. En este último caso, un tipo de cambio estático puede dar una falsa impresión a los agentes económicos de la inexistencia del riesgo cambiario y promueve la dolarización y el endeudamiento en dólares entre no generadores, lo cual aumenta la vulnerabilidad del sistema financiero ante choques cambiarios.
Esta tendencia, incluso, es reforzada por el mayor deudor no generador del país, el Ministerio de Hacienda, cuyo ministro ha manifestado recientemente que “necesitamos muchos dólares”, en referencia al deseo de colocar un nuevo tracto de eurobonos de deuda externa en el presente mes de noviembre, a pesar de las condiciones adversas de tasa de interés existentes en los mercados internacionales.
En adición, en los últimos días de octubre la Asamblea Legislativa aprobó el segundo presupuesto extraordinario de la República, en donde se muestra un “ahorro” de ¢135.000 millones en el pago de la amortización de la deuda pública, lo cual en realidad es una transferencia de riqueza. Es decir, un impuesto de los generadores de divisas y de los ahorrantes en dólares al gobierno.
En su más reciente revisión en el marco del Servicio Ampliado concluida en setiembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que el BCCR debe promover un mercado de divisas más líquido y profundo. Además, indica que una mayor flexibilidad del tipo de cambio ayudaría a ser más efectiva la transmisión de la política monetaria a la actividad económica y a la inflación.
En esta dirección, el FMI recomienda una mayor transparencia de la política cambiaria por parte del BCCR, especialmente en cuanto a las reglas de intervención, que en el pasado hemos criticado, tanto por su opacidad como por su asimetría, pues la entidad emisora no se comporta igual cuando el tipo de cambio tiene un movimiento súbito al alza, en donde interviene con celeridad, que cuando el tipo de cambio baja.
Así, el FMI recomienda que el BCCR debiera reducir el impacto de sus operaciones en el mercado cambiario relacionadas con la compra de divisas para el sector público no financiero (SPNF). En esta vitrina hemos indicado que estas compras de divisas que realiza el BCCR para el SPNF pueden constituirse en un conflicto de intereses que se contraponga con los objetivos monetarios del ente emisor, más aún si dentro de la ecuación incluimos los intereses del Ministerio de Hacienda, el cual busca un tipo de cambio más reducido como una forma alterna de recaudar un impuesto que no ha sido sujeto al control legislativo.
