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Los ajustes en los mercados laborales provocados por el COVID-19 son atípicos, no siguen las dinámicas de ajuste de crisis anteriores. Comprender estas diferencias es importante para un mejor diseño de las políticas de crecimiento y de empleo post-pandemia. Señalo a continuación cinco diferencias que nos dejarán un legado muy complejo para las políticas de recuperación.
Primero, la magnitud, profundidad y velocidad de los impactos han sido mucho mayores que en crisis anteriores. En todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) hubo una pérdida masiva de empleos en el II trimestre del 2020. Según el Panorama Laboral de la OIT publicado en setiembre, la tasa de ocupación promedio de ALC se redujo en 10 puntos porcentuales; esto es una destrucción de 47 millones de empleos entre el I y II trimestres. En Costa Rica la tasa de ocupación pasó de 55,5% a 43,7%, una reducción de 11,8 puntos porcentuales. Pasamos de 2,2 millones de personas ocupadas en marzo a solo 1,7 millones en julio, medio millón de empleos destruidos en cuatro meses. Ninguna crisis en la historia reciente había provocado tal devastación. Y esto no captura 100% la magnitud del daño.
Segundo, en las crisis anteriores, la mayoría de las personas que perdieron su trabajo iniciaban, casi de inmediato, la búsqueda de otro. Esta vez es diferente. La gran mayoría se han retirado de la fuerza de trabajo, es decir, no han pasado al desempleo sino a la inactividad. Estos son los desalentados que no buscan empleo por la evidente falta de alternativas laborales. La OIT estima que en ALC solo el 6% pasó a la desocupación, el 94% pasó a la inactividad. Es decir, en una mayoría de países el aumento en la tasa de desempleo es menor al esperado. Para ALC en su conjunto, esta pasó de 8,5% antes de la pandemia, a “solo” 11,5% en el III Trimestre, 2020. Esto no son buenas noticias: es más bien una ilustración de que en esta crisis la tasa de desempleo ha perdido valor como indicador del estado del mercado de trabajo.
Costa Rica es excepcional en este punto. No solo teníamos una de las tasas de desocupación más altas de la región antes de la pandemia (12,5%), sino que, como resultado del shock pandémico, la tasa se duplicó a 24%. Somos el país de la región donde más se elevó esta tasa. La OIT estima que de las 500.000 personas que perdieron el empleo en el país como resultado de la pandemia, aproximadamente la mitad fue a la desocupación, y la otra mitad pasó a la inactividad. Según la última Encuesta Continua de Empleo (ECE), 191.000 personas del medio millón que perdieron el empleo, estaban todavía fuera de la fuerza de trabajo en setiembre. La elevación de la tasa de desempleo en Costa Rica es algo atípico con respecto a lo que ha sucedido en otros países de la región y se requiere más investigación para tener una explicación satisfactoria.
La tercera diferencia con crisis anteriores es que la masiva destrucción de empleos mencionada no refleja adecuadamente el impacto negativo de la crisis. Esta vez ha habido, además, una masiva reducción de horas trabajadas (y de ingresos) entre las personas que han mantenido su empleo, en particular en el sector privado. Se trata de una enorme subutilización de la fuerza de trabajo, muy lejos de una ocupación plena, que se agrega a la destrucción de empleo ya comentada. El indicador de reducción de horas trabajadas es útil porque captura no solo la pérdida de empleos, sino también la subutilización asociada con las reducciones de jornada y con las suspensiones temporales de contrato.
Al respecto, se pueden señalar varias dinámicas o mecanismos de ajuste para los trabajadores formales en esta crisis: tránsito hacia el desempleo, tránsito hacia la inactividad, suspensión temporal de contrato, trabajadores ocupados ausentes (no han trabajado pero mantienen el vínculo laboral y tienen expectativa justificada de volver a su puesto) y reducción de jornada laboral. Las primeras cuatro situaciones llevan a cero horas trabajadas y la última lleva a reducciones parciales, que pueden ser de 50% o más. Muchos de los empleos que inicialmente se mantuvieron redujeron drásticamente las horas de trabajo, y con ello los ingresos. Además, la categoría de trabajadores ausentes significa que la cantidad de personas que efectivamente están trabajando es menor que la indicada por la tasa de ocupación.
Hay una dimensión macroeconómica de la reducción de horas y de los ingresos que vale la pena subrayar: la reducción de horas genera una reducción en la demanda agregada que afecta las ventas de las empresas de muchos tamaños y en muchos sectores. Sin embargo, esta no es una demanda agregada que el sector público pueda estimular à la Keynes, porque el multiplicador fiscal está en gran parte bloqueado por las restricciones sanitarias y las medidas y comportamientos de distanciamiento social. Solo con el regreso al trabajo y el levantamiento de las restricciones sanitarias se podrá ir desbloqueando la demanda agregada, y el multiplicador fiscal, siempre y cuando hubiera espacio fiscal para tal estímulo.
La OIT estima que América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción de horas de trabajo en todo el mundo, con una pérdida estimada de 20% en los primeros tres trimestres de 2020, en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Esto es casi el doble de la pérdida estimada a nivel mundial, de 11,7%. En Costa Rica, según la ECE, aproximadamente 525.000 personas, un 28% de los ocupados, tuvieron un recorte de salario asociado a suspensión de contrato, o reducción de jornada, o suspensión de la actividad propia. Aunque hay evidencia de que en setiembre algunos (pocos) han vuelto al trabajo, quedan todavía 148.000 trabajadores formales con jornada reducida y 70.000 con contratos suspendidos. Y a esto hay que agregarle las horas reducidas de los trabajadores informales y por cuenta propia.
Cuarto, en crisis previas al caer el empleo se observa un aumento de la informalidad y del cuentapropismo como mecanismo contracíclico y como estrategia de sobrevivencia para muchos. Sin embargo, esta vez esto también es diferente. El trabajo informal y por cuenta propia (que en su mayoría es informal) no aumentó, sino que cayó bruscamente en el II trimestre en la mayoría de países.
En Costa Rica la tasa de informalidad bajó de 47% antes de la pandemia a 40% en el II trimestre. Esto se debe a que se perdieron más empleos informales que formales. Esto a su vez se explica por varios factores: la mayor tasa de informalidad en sectores que debieron parar sus actividades a causa de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, la mayor facilidad para interrumpir una relación asalariada no registrada, la mayor incidencia de informalidad en MIPYMEs menos productivas que no pudieron seguir operando, y los esquemas de jornadas reducidas, que contribuyeron a sostener o apuntalar a una cierta proporción del empleo formal, pero que no aplicaron para los trabajadores informales.
No debemos, sin embargo, engañarnos: la caída de la tasa de informalidad es un fenómeno temporal. Mayores tasas de informalidad y de pobreza serán un legado estructural de la pandemia por varios años en toda la región, y Costa Rica no será la excepción. Esto será así a causa de la enorme destrucción de empleos formales, del empobrecimiento generalizado y la pérdida de ingresos. Post pandemia, habrá más cantidad de personas ejerciendo estrategias de sobrevivencia. Reducir la informalidad y la pobreza serán dos de los grandes retos de los próximos años, lo cual requerirá una combinación de políticas sociales con medidas para promover la creación acelerada de empleos formales.
Una quinta diferencia es el mayor impacto desigualador de esta crisis en comparación con crisis anteriores. Un estudio recién publicado del BID, La Crisis de la Desigualdad, hace un análisis de 129 recesiones entre 1972 y 2018 en 22 países de la región, y muestra que en crisis anteriores el segmento más afectado en promedio fue la clase media. Sin embargo, tal como señala el estudio, esta vez una alta proporción de la clase media ha podido seguir haciendo trabajo remoto; otro segmento ha evitado el despido gracias a los esquemas de jornada reducida; los empleados públicos han estado básicamente protegidos de los impactos (con la excepción de Uruguay por un breve período ningún otro país de la región les ha variado ni el empleo ni el salario); y las personas con mayor educación han tenido mucho menos incidencia laboral que las personas con menos educación.
En contraste, la mayoría de los informales y las personas en situación de pobreza no tienen acceso al teletrabajo; su empleo y medios de vida fueron fuertemente afectados por las medidas de confinamiento; la educación de sus hijos ha sido trágicamente impactada; y son los segmentos con menor educación los que han sido más golpeados por el desempleo y el subempleo, los que menos oportunidades tendrán en la recuperación y los más dañados en sus posibilidades de ingresos futuros.
Las medidas de transferencias de efectivo condicionadas y no condicionadas han ayudado, pero no lo suficiente para compensar los fuertes efectos empobrecedores y redistributivos del shock pandémico, que son exacerbados por las deficiencias de cobertura en los sistemas de protección social y las vulnerabilidades de las micro y pequeñas empresas. Sociedades más desiguales y fracturadas será otro de los legados estructurales de la pandemia, más que con otras crisis, realidad que las políticas económicas y sociales post-pandemia deben enfrentar.
Reparar y reducir las brechas exacerbadas por la pandemia será imposible sin recursos fiscales y gran voluntad política. Razón de más para hacer hoy las reformas fiscales que permitan no solo mantener la estabilidad financiera, sino financiar mañana la reducción de las brechas y de los graves daños estructurales y regresivos de esta crisis.
