En países como Venezuela, Argentina y España este tipo de acciones se conocen como ‘escraches’ y tienen la finalidad de intimidar a funcionarios para que adopten o rechacen medidas en el ámbito político.

El ‘escrache’ en sí no es una actividad delictiva, pero roza los límites. Los practicantes ticos lo saben y por eso han llamado a sus acciones “visitas a los diputados”, para evitar la acusación de intimidación o coacción.

No obstante, para visitas están las oficinas de los diputados. Perturbar con cacerolazos la privacidad de los hogares, alarmar a niños y adultos mayores con gritos y consignas, roza peligrosamente la ilegalidad.

Muy grave

Turbar la tranquilidad de los vecinos e interrumpir el tráfico de vehículos también es inaceptable. La intimidación, el acto de causar o infundir miedo en un funcionario obligándolo a inquietarse por la seguridad de su familia frente a masas vociferantes, con la intención que haga lo que los manifestantes desean, podría configurar un tipo penal.

Lo anterior obligaría al Ministerio Público a intervenir, dado lo notorio de estas acciones y su defensa pública por líderes sindicales destacados en el grave contexto político que vivimos.

Por escribir un memorándum en el que se promovía el miedo, un exvicepresidente tuvo que renunciar y purgar exilio político por una década. Los mismos que denunciaron ese miedo en el pasado, lo practican hoy.

Estos actos son muy graves, pues trascienden las intenciones y se materializan en acciones, cuyo efecto podría ser generar miedo, trastornar los ánimos y alterar la paz de los vecindarios con la agitación de militantes enardecidos.