Editorial | La clave del éxito está en saber maniobrar en la realidad política, jurídica e institucional de Costa Rica. Ignorarla, culparla o querer destruirla solo llevará al fracaso.
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PorEl Financiero
El año 2025 nos recibe con grandes retos, tanto a nivel global como local. En el plano internacional, nos enfrentaremos con un nuevo gobierno de Donald Trump en los EE. UU. y la amenaza que provocan sus propuestas de política migratoria y proteccionismo comercial; la profundización de las tensiones geopolíticas entre los EE.UU. y China y sus consecuencias en la región; la inacabada invasión rusa a Ucrania, los términos de una eventual finalización y sus efectos en los países de la Unión Europea; los diversos y complejos conflictos en Medio Oriente; el debilitamiento del sistema multilateral; el estancamiento del crecimiento económico en Latinoamérica del cual Costa Rica no escapa; y la violencia descontrolada que provocan las rutas transnacionales del narcotráfico, entre muchos otros males, hacen que el año venidero traiga importantes interrogantes.
A nivel nacional, los problemas acumulados no son menores: un sector educativo que hacía aguas desde antes de la pandemia, pero que con el apagón provocado por aquella ha dado señales de alarma sin que a estas alturas el gobierno haya sido siquiera capaz de dar a conocer sus planes para atender la crisis; las fallas en la seguridad social son cada vez más evidentes, tanto en cuanto a la calidad del servicio como a su sostenibilidad financiera; la seguridad ciudadana se ha deteriorado a niveles nunca antes vistos, ciertamente como consecuencia de los ajustes de cuentas entre bandas criminales, pero cuyas muertes y pánico repercuten en toda la ciudadanía; el ajuste fiscal alcanzado con la reforma aprobaba durante la administración anterior se desvanece aceleradamente; y las exportaciones desde zonas francas y la visitación de turistas, hasta ahora los motores que han dado combustible al crecimiento económico del país, empiezan a dar muestras de agotamiento luego del cuestionado manejo de la política cambiaria. Todo esto sin analizar los rezagos que mostramos en los sectores de energía renovable, infraestructura física o conectividad.
La compleja realidad anterior tiene lugar en la antesala de un nuevo año electoral, en donde las dificultades políticas podrían agravarse, pero en la que la administración Chaves puede jugar un papel trascendental si se lo propone. La disyuntiva es clara: por un lado, el presidente y su gabinete pueden optar por involucrarse de lleno en la campaña electoral, evadiendo los retos, posponiendo las soluciones, repartiendo responsabilidades sin asumir las que le corresponde, y continuar atizando el rencor, la división y el revanchismo político sin conseguir ningún logro tangible más allá que el pasajero apoyo de un sector que se regocija, no con los beneficios de frutos inexistentes, sino con el ataque sistemático contra quienes se les atribuye todos los males del pasado.
Por otro lado, podrían optar por gobernar en serio, concentrarse en una agenda de soluciones concretas a los más importantes problemas, dialogar con los demás actores políticos e institucionales, negociar y llegar a acuerdos racionales, que, con la voluntad y determinación propia de un Ejecutivo responsable, puedan avanzar en la Asamblea Legislativa y en las demás instancias. Nunca es tarde para que en Zapote entiendan que en un régimen democrático y republicano como el nuestro no es posible -ni deseable- que se satisfagan únicamente los puntos de vista de solo una de las partes. Por el contrario, el sistema está diseñado para que, en el proceso -por naturaleza más lento, pero más sostenible-, se incorporen las consideraciones de todos los involucrados, incluyendo los sectores minoritarios.
De esta manera, la inteligencia no está en soñar con una mayoría legislativa avasalladora que permita imponer la voluntad sin cortapisas, sino en reconocer las limitaciones, identificar los puntos de encuentro con quienes piensan diferente, entender las preocupaciones e intereses de los otros, hacer concesiones, y avanzar. Tampoco se trata de seguir culpando a la institucionalidad y a los controles, pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho maduro y consolidado, sino de entender el fundamento histórico que los justifica y hace necesarios, aún con las innegables reformas y ajustes que de tanto en tanto requieren. La clave del éxito está en saber maniobrar en esa realidad política, jurídica e institucional. Ignorarla, culparla o querer destruirla solo llevará al fracaso.
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