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Todo lo bueno que hizo el Gobierno en 2018 con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) en medio de una fracasada huelga de 89 días en la que participaron no solo el pequeño grupo de Albino Vargas, sino también los numerosos sindicados de educación, quedó en el olvido. El Ejecutivo borró con el codo lo que escribió con la mano en momentos de alta efervescencia social y peor aún, de alta presión fiscal.
En menos de mes y medio los sindicatos –sin ser numerosos en sus huelgas– derrotaron dos veces al Gobierno. La primera caída se consumó el pasado 1.° de julio cuando Carlos Alvarado entregó en bandeja de plata la cabeza de su ministro de Educación, Édgar Mora, en medio de una manifestación autofabricada por los sindicatos y por un incipiente y poco serio grupo de estudiantes que levantó una serie de reclamos basados, la mayoría de ellos, en noticias falsas.
A los estudiantes se unió el oportunista grupo sindical de Vargas (pequeño en cantidad de agremiados) y los traileros quienes bloquearon vías y afectaron el tránsito de mercancías en las principales rutas de exportación e importación del país.
La manifestación autofabricada por estos grupos se motivó, primero, por una serie de noticias falsas en torno a los baños individuales para alumnos trans, falacias sobre la educación dual recién aprobada en el Congreso, la compra de drones para colegios agropecuarios y por la supuesta intención del entonces ministro de celebrar el orgullo gay en los centros educativos el 28 de julio, este último argumento, también falso.
Alianzas fatídicas
En esta alianza fatídica (el concepto viene del libro Cómo mueren las democracias) se mostraron supuestos vínculos entre la novel agrupación política de corte neopentecostal, Nueva República, que según diversos eventos creados en Facebook, convocó a estudiantes al cierre de colegios para oponerse a temas falsos. La cúpula del partido lo desmintió en ese momento.
Sin embargo, el 30 de julio, un diario digital de poca trayectoria y hasta entonces prácticamente desconocido, que replica comunicados de prensa del Partido Nueva República (PNR), publicó una noticia falsa sobre las presuntas intenciones del Gobierno de presentar un nueva iniciativa para aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 16%.
Esta “noticia” fue desmentida por el Gobierno, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y por el Ministerio de Hacienda. El medio es propiedad de Francisco Prendas, presidente del PNR y la publicación fue compartida en la página de Facebook de Fabricio Alvarado, pero también fue replicada por Albino Vargas en su Twitter.
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En medio de la niebla fantasmagórica (ampliamente explicada por Jorge Vargas Cullell) que atraviesa el país, es difícil ver con claridad las alianzas que se gestan en las sombras, aunque el coqueteo político entre Vargas y Nueva República no es nuevo. De momento es solo eso, un coqueteo que reúne a actores de diferentes bandos con objetivos comunes.
La segunda victoria
Los sindicatos se anotaron su segundo triunfo frente al Gobierno este lunes 12 de agosto. Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) firmó un acuerdo con los sindicatos que permite a esa institución mantener intactos los pluses salariales para 57.000 empleados en contra de la reforma fiscal y mientras un tribunal se toma hasta cinco años para resolver el tema. Eso es patear la bola.
El trato con los sindicatos contó con la bendición del presidente de la República, Carlos Alvarado, lo que se traduce en una contrariedad con respecto a la posición congruente que manifestó y puso en marcha Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, quien lideró con valentía la aprobación del plan fiscal, los eurobonos y ahora el proyecto de empleo público.
Aguilar ya se mostró incómoda con la decisión del Ejecutivo y dijo que está “totalmente en desacuerdo” del arreglo con la Caja. Este documento y el que se firmó en febrero, permiten mantener vivo el crecimiento del gasto corriente en salarios de la CCSS mientras que a los empleados públicos de otras instituciones sí se les ajustarán los sueldos de un pago porcentual a uno nominal (monto fijo).
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El Gobierno da señales de debilidad y empodera a diferentes grupos del país para que se autofabriquen una lucha bajo un nombre específico, pero con objetivos completamente diferentes. Así pasó con el movimiento de junio y julio, primero un grupo de estudiantes se lanzó a las calles con argumentos construidos por noticias falsas, de inmediato la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) vio la oportunidad y se sumó para pedir que se retirara la ley de empleo público y que se suspendiera el IVA, a los transportistas les sonó bien, aunque hasta ahora no sabemos con exactitud por qué se subieron a la carroza. Después pidieron perdón.
En la huelga de la CCSS ocurrió lo mismo. El discurso público de los gremios fue que arrancaron la protesta para defender a la institución de las intenciones que pretenden privatizarla y de la aplicación de la regla fiscal, un tema que ya había sido aclarado por Hacienda y la Sala Constitucional, previa y contundentemente.
Pero el objetivo final de la huelga no era otro que defender los 19 pluses que la CCSS paga con el dinero de todos los asegurados a su personal. Finalmente lograron que nadie les toque el salario durante unos años y el Gobierno se garantizó –si se puede utilizar esta palabra– un poco de oxígeno en momentos de alta incertidumbre, de primeras declaraciones y pagos del IVA, y de desaceleración económica.
Para lograr su triunfo, los sindicalistas de la CCSS provocaron la suspensión de 68.000 citas médicas, la pérdida de 1.400 cirugías programadas y una denuncia por la muerte del químico Mario Castro quien presuntamente no recibió la atención médica oportuna en el Hospital de Alajuela.
El sector empresarial del país y varias fracciones en el Congreso, incluidas Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), piden anular el acuerdo entre el Gobierno y la CCSS y, sobre todo, mayor congruencia del Ejecutivo en tiempos de estrechez fiscal.
Las derrotas también son señales políticas que contribuyen a aumentar el empantanado clima de incertidumbre de que reina en el país. Los ciudadanos demandan un Gobierno firme que pueda trazar una ruta y sostenerse en el camino mientras transita por ella.
El autor es periodista de economía y política de El Financiero.
