Ello a través de la aspiración de consolidar los sistemas que se han creado en el tema de la formación dual y la potencial incorporación de todos los centros educativos y las empresas formadoras al sistema, con la única condición de que coincidan en el objetivo de formar a las personas estudiantes en las capacidades requeridas por el mercado laboral.

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Ello nos permitirá prepararnos ante los retos que nos imponen los cambios que se están dando en el mercado de trabajo, como consecuencia de la revolución tecnológica y la revolución del conocimiento, que se concretan en la llamada cuarta revolución industrial. Cambios que veremos en corto tiempo y sobre los que no podemos quedarnos como pasivos observadores.

La inacción en materia educativa frente a la cuarta revolución industrial, nos condenará a futuro al limitar las posibilidades de garantizar trabajos de alta calidad y valor agregado para las generaciones actuales y venideras, con importantes consecuencias en nuestra productividad y la plena incorporación de nuestra economía a las dinámicas mundiales.

A ello se suma la situación laboral de nuestra juventud, que a grandes rasgos preocupa y nos motiva a actuar. Según el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, hay 126.000 jóvenes desocupados en el país, cifra récord de la última década. Esta situación afecta más a mujeres jóvenes y viene aumentando significativamente, 44.515 jóvenes entraron en la categoría de desempleados entre 2017 y 2018. A esto se suma que el 44,5% de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal.

Pieza clave

Frente a estas realidades, la ley mencionada se convierte en una pieza del engranaje que facilitará la inserción de los jóvenes en un mercado laboral en constante cambio y redefinición, con la protección y las garantías respectivas para llevar adelante una vida plena.

Entre las garantías se encuentran: 1) el principio de alternancia que permitirá el adecuado balance entre la formación en el sistema educativo y en las empresas, 2) un fondo de becas del INA sólo para educación dual que será fondeado tanto por la institución como por las empresas formadoras, y permitirá contar con los recursos necesarios para dotar a los estudiantes de elementos clave para su formación, 3) un seguro de riesgos especial para los estudiantes en modalidad dual, y 4) una serie de obligaciones y responsabilidades tanto de los estudiantes como los centros educativos y las empresas formadoras, que aseguran el equilibrio necesario para el adecuado desempeño educativo.

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Con esta nueva legislación manifestamos al mundo que Costa Rica puede estar a la vanguardia de la educación en modalidad dual y que aspira y tiene la capacidad para competir con países como Alemania, Austria, Australia y el Reino Unido que han implementado este modelo de manera exitosa desde hace muchos años.

Daremos especial seguimiento a la implementación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo para que en el más corto de los plazos inicie el cumplimiento de sus objetivos.