EscucharEste año la tasa de crecimiento de nuestra economía será la más baja de esta década. El desempleo se desborda, el déficit fiscal es el más alto de los últimos 30 años, y la confianza de los consumidores está por los suelos. Esto ocurre cuando muchos advierten de la amenaza de una recesión local y de una posible crisis de carácter mundial. Roma arde y, mientras el incendio acecha, sindicatos y jerarcas de importantes instituciones públicas pretenden ignorar la realidad y seguir en la fiesta.
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En efecto, recientemente hemos visto cómo las universidades públicas interponen acciones legales para que la “regla fiscal”, columna vertebral de la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se les aplique. El Poder Judicial se autoreceta beneficios contrarios a dicha ley; y el presidente ejecutivo de la CCSS, descaradamente y con el beneplácito del ministro de la Presidencia y del propio presidente de la República, suscribe un acuerdo con los sindicatos que abiertamente violenta el ordenamiento jurídico. La policía y las municipalidades hacen fila para conseguir similares despropósitos. En medio de este descontrol, los funcionarios del Ministerio de Hacienda, desautorizadas por las acciones y señales de Zapote, hacen ingentes esfuerzos por retomar el norte de la disciplina fiscal y evitar la catástrofe.
La aprobación del mpuesto al valor agregado fue un duro golpe al bolsillo de los costarricenses, que muchos estuvieron dispuestos a aceptar únicamente porque se suponía que los nuevos tributos vendrían acompañados de estrictos controles al excesivo gasto público. Además, los sectores productivos solo se atreverán a invertir en nuevos proyectos si perciben que la Administración Pública, como un todo, está realmente comprometida con la reforma. Por todo ello, los hechos descritos minan en grado extremo la credibilidad del gobierno y se traducen en un freno adicional para la reactivación económica. Esto, a su vez, tiene como efecto la generación de menos fuentes de empleo, más pobreza y más inequidad. Es decir, mientras algunos empleados públicos privilegiados pretenden seguir sangrando las arcas del Estado, serán los sectores más necesitados de la sociedad quienes paguen las consecuencias. La situación es, además, injusta y discriminatoria contra los funcionarios del gobierno central, que sí se sujetaron a las limitaciones de la ley.
Tarea urgente
Es urgente, entonces, que el secuestro de las instituciones del Estado —con el beneplácito, por acción u omisión del Gobierno—, se detenga de una vez por todas y se evite todavía más daño a la mayoría de los costarricenses. Para lograrlo es indispensable restaurar la confianza y que el Gobierno y otras entidades tomen acciones concretas y agresivas que rectifiquen ese rumbo. Primero, el presidente Alvarado debe respaldar sin ambages a su ministra de Hacienda, remover a Román Macaya de su puesto, y emitir un mensaje claro de que no se tolerará ningún desvarío en ninguna otra institución ni Poder de la República. Segundo, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa deben asegurar que el presupuesto del Poder Judicial será recortado en las partidas correspondientes para garantizar que la ley se acate. Tercero. La Contraloría General de la República debe improbar el presupuesto de la CCSS en los rubros ilegítimos.
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Por su parte, el Congreso debe aprobar el proyecto de ley para evitar el abuso de las huelgas en el sector público, arma predilecta de coacción en ese secuestro institucional a que nos tienen acostumbrados. Al mismo tiempo, debe avanzar en la tramitación del proyecto de Empleo Público y no dejarse amedrentar por los grupos de presión. Igualmente, hacen bien las fracciones legislativas al exigir garantías de austeridad y disciplina fiscal, de previo a la aprobación de los préstamos que se tramitan actualmente. El mensaje debe ser diáfano: los afanes de colaboración están sujetos a la seriedad en el manejo de la Hacienda Pública y al acatamiento estricto de la ley.
Finalmente, debe también el gobierno echar marcha atrás en todas aquellas contrataciones públicas y proyectos que tengan como único propósito darle aire adicional a algunas instituciones públicas que no cumplen ya ningún fin de interés público y que no son más que agencias de empleo, como es el caso del CNP, Racsa o Japdeva y muchas otras más. Seguir manteniéndolas artificialmente con vida es una afrenta al sacrificio que están haciendo los contribuyentes al aportar más recursos al fisco.
“A quienes quieran detenernos, no nos detendrán”, vociferó el Mandatario en Nicoya hace pocas semanas. El momento de demostrar que dichas palabras tenían algún contenido es ahora.
