Fue la culminación de un largo y tesonero proceso, cuyo origen data de octubre del 2010, cuando el Ministerio de Comercio Exterior, por primera vez, inició las gestiones que en aquel entonces muchos consideraban ilusorias.

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A esta gestión inicial le siguió la ejecución de una estrategia cuidadosamente diseñada que implicó la suscripción de documentos, el análisis de muchas de nuestras políticas públicas y la participación en los órganos técnicos de la organización hasta que, dos años después, la expresidenta Laura Chinchilla presentó formalmente la solicitud de ingreso y se inició la ejecución de un Plan de Acción, que luego fue continuado con timidez por el gobierno de Luis Guillermo Solís, pero retomado con fuerza en la presente administración y con el respaldo de la Asamblea Legislativa.

La OCDE es un organismo internacional cuyo objetivo es el diseño de las mejores políticas públicas para promover la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de las personas.

Para ello, los gobiernos y la sociedad civil de los distintos países colaboran para establecer estándares internacionales y proponer soluciones con base en la experiencia y datos empíricos de sus miembros.

Es así un centro de conocimiento para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, al cual ahora tendremos acceso pleno.

La mayoría de los miembros de la OCDE son países desarrollados que, en muchas áreas, lo han hecho mejor que nosotros, de manera que la incorporación a la organización nos permitirá medirnos con ellos, aprender de sus prácticas y obligarnos a corregir nuestras falencias, construir sobre nuestras virtudes y aspirar a la excelencia en el diseño y ejecución de políticas públicas en prácticamente todo el quehacer de gobierno.

Se trata de una gran oportunidad cuyo aprovechamiento, sin embargo, dependerá exclusivamente de nosotros.

Para lograrlo, debemos, primero, asumir con seriedad el compromiso que esto representa.

La membresía implicará un intenso trabajo de preparación a lo interno de las instituciones para poder identificar con precisión las debilidades, fortalezas, y necesidades de mejora en las distintas áreas. Implicará también una ingente tarea posterior.

Voluntad de cambio

Pero, sobre todo, requerirá que el país muestre una genuina voluntad de cambio, aprendiendo de la experiencia de otros, tomando decisiones con base en datos y el conocimiento, alejándose del sesgo ideológico y el dogmatismo político.

Ningún país está condenado a alcanzar el desarrollo, pero podemos avanzar significativamente por ese camino si tenemos la determinación y el temple para hacerlo.

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Costa Rica debe también priorizar las áreas en que debemos avanzar con más relevancia. Nos es imposible atender con la rigurosidad y regularidad debida todos los foros de la organización.

El trabajo allí es intenso, demandante y de alta calidad, mientras nuestros recursos económicos y humanos son escasos, por lo que la identificación de las prioridades se convierte en un imperativo, necesario para concentrarnos en lo esencial y sacar el mayor provecho posible dentro de las limitaciones existentes.

En nuestro criterio, temas como reforma del Estado, competitividad, educación, régimen de seguridad social y pensiones deben estar en esa lista de prioridades.

Finalmente, el país deberá contar también con los mecanismos institucionales necesarios para coordinar, planificar y dar seguimiento al trabajo en la OCDE.

Se trata de una delicada labor de articulación interna y representación externa, que requerirá de liderazgo, músculo político y una demostrada capacidad de acción.

Para ello no es indispensable la creación de un nuevo ente, pero sí de regulaciones que otorguen facultades y recursos suficientes, que garanticen un trabajo efectivo.

Hasta ahora el país ha realizado una labor ejemplar, dándole al proceso la importancia que merecía más allá de intereses partidarios.

Con compromiso, prioridades claras y una organización adecuada podemos entonces poner manos a la obra.