EscucharEn las últimas semanas ha habido muchas discusiones alrededor del estado financiero y actuarial de los seguros de salud y pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), luego de la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo tras promover un incremento salarial retroactivo a los empleados de la institución. Esta situación llevó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a afirmar que la CCSS “está quebrada”. De acuerdo con Chaves, el despido de Ramos obedece a que sus decisiones fueron inconsecuentes y contrarias a los esfuerzos del gobierno para poner orden en las finanzas públicas.
¿Está realmente la CCSS en quiebra? Esta pregunta debe responderse de conformidad con el seguro del que se trate. En el caso del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), los propios estudios actuariales de la CCSS muestran que el régimen inicia a consumir su reserva a partir del año 2024; es decir, en 14 meses, y esa situación lo llevará a agotar dicha reserva en el año 2033. Estas proyecciones asumen que se pagará la deuda que la CCSS le ha imputado al Estado y cuyo monto no ha sido reconocido por el Ministerio de Hacienda, pues se aduce que no se han presentado los comprobantes suficientes para su verificación.
En el caso del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), los estudios actuariales de la CCSS mostraban que previo a la última reforma que bajó los beneficios y postergó la pensión anticipada para las mujeres y la eliminó para los hombres, los recursos de la reserva se agotarían en el año 2037. Con los cambios que rigen a partir del año 2024, la CCSS ahora estima que la reserva se agotará en la década de 2050. A pesar de ello, las evaluaciones actuariales realizadas por la CCSS al IVM han estado sometidas a fuertes cuestionamientos debido a la deficiente capacidad para corroborar las predicciones con las cifras observadas, aun en los escenarios más pesimistas.
Independientemente de ello, ambos seguros de la CCSS se basan en sistemas de reparto, lo que significa que dependen de las cuotas de los trabajadores activos para financiar los gastos en salud y en pensiones. Este esquema de financiamiento se basa en la existencia de pirámides poblacionales. Sin embargo, Costa Rica está en un proceso de transición demográfica muy acelerado en donde su principal característica es la notable e inesperadamente rápida caída en la tasa de fecundidad. Por lo tanto, de insistir la CCSS en este modelo de financiamiento, tanto el SEM como el IVM están condenados a la insolvencia financiera, pues los niños que en el futuro iban a sostener estos seguros nunca nacieron.
Los efectos de estas tendencias demográficas se han magnificado por las reformas que se han producido en el IVM, cuyo principal elemento es el incremento en la tasa de cotización. Esto ha llevado a un encarecimiento en la formalidad tanto para empresas como para trabajadores. De hecho, este es uno de los factores que explican el aumento que el país viene observando en la tasa de informalidad, cuyas cifras ya se aproximan al promedio latinoamericano. Este proceso de precarización del mercado laboral repercute a su vez en menores tasas de crecimiento económico y mayores niveles de pobreza.
¿Qué implica la insolvencia del SEM y el IVM? En sentido estricto, los seguros sociales no quiebran, pues tienen como garante al Estado. No por ello lleva razón el expresidente ejecutivo Ramos, cuyo paso fugaz por la institución vio retroceder décadas a la CCSS en cuanto a la calidad de los servicios en salud, tras del hackeo perpetrado contra el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), lo cual ha hecho regresar al uso del papel, aumentando los costos operativos y las ya alarmantes listas de espera.
En cambio, la insolvencia del SEM e IVM tienen al menos dos aristas que afectarán tanto a contribuyentes a la CCSS como a los no asegurados. En primera instancia, el Estado tendrá que cubrir los faltantes en ambos seguros mediante deuda e impuestos, lo cual implica un retroceso en los esfuerzos de consolidación fiscal que el país está intentando lograr. Por ejemplo, en países como Argentina, el gasto público en pensiones supera el 12% del Producto Interno Bruto, y las contribuciones solo alcanzan para cubrir el 60% de esta cifra. En palabras simples, los desequilibrios en los seguros sociales tienen el potencial de causar inestabilidad macroeconómica y ello afecta a toda la población.
En segunda instancia, la insolvencia de los seguros sociales implica un empeoramiento paulatino en los indicadores de cobertura, equidad de acceso y suficiencia de los servicios prestados. Varios de estos efectos ya los estamos experimentando en Costa Rica. En el caso del SEM, las dificultades financieras han llevado a una disminución en la calidad de los servicios que presta la CCSS y cuya manifestación más visible es el incremento en los tiempos de las listas de espera, lo cual podría representarse en términos de vidas humanas perdidas. Pero también, la falta de una atención oportuna lleva a las personas que pueden costearlo a buscar soluciones privadas, lo cual le resta equidad al sistema de seguridad social.
En el caso del IVM, la insolvencia financiera va produciendo una disminución en el tiempo del monto de la pensión, so pena de convertirse en un monto insignificante para los trabajadores que tienen acceso a ella. Pero en el camino, la cobertura del sistema se va reduciendo, especialmente entre los trabajadores con ingresos más modestos, lo que va convirtiendo al seguro en un esquema elitista.
En síntesis, la pregunta correcta no es si la CCSS está o no quebrada. Más bien, la pregunta debe ser si el sistema actual tiene la capacidad para cubrir las necesidades que la sociedad costarricense requiere en un futuro muy próximo.
