EscucharEl año pasado llegaron a Costa Rica 2,75 millones de visitantes, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y aunque no hay una cifra exacta, un porcentaje de esos viajeros optó por hospedarse en alguna propiedad inscrita en aplicaciones como Airbnb o Vrbo. Esta es una tendencia cada vez más común entre los turistas, pues en ocasiones les permite ahorrar más en sus estadías, llegar a sitios donde no hay hoteles y organizar viajes en grupos.
Pese a que este sistema genera recursos para los anfitriones y la economía local, existe también un “lado oscuro” en el funcionamiento de este negocio.
En las principales ciudades europeas y otras con alta visitación están prohibiendo o restringiendo rigurosamente los alquileres a corto plazo. ¿La razón? Los habitantes locales están cansados de los altos flujos de visitantes y se quejan que ya no hay casas para habitar, pues la mayoría se utilizan para alquilar y las que quedan, tienen precios muy elevados.
El ejemplo más reciente es Barcelona, cuyo alcalde Jaume Collboni anunció planes de prohibir los alquileres temporales a partir de 2028. Parte de la idea es recuperar al menos 10.000 departamentos que estaban inscritos en alguna aplicación de alquiler.
Nueva York es otro ejemplo de estas restricciones rigurosas, pues en esta ciudad es ilegal que un turista rente un departamento sin que el propietario esté presente. La medida se tomó como forma de aliviar la crisis de vivienda, aunque a la postre, provocó un incremento de precios en las tarifas hoteleras de la Gran Manzana.
Pero, ¿cuál es el panorama en Costa Rica? ¿Se podrá restringir el uso de estas plataformas que benefician a turistas y a propietarios? Le explicamos.
Por el momento en el país no se vislumbran restricciones severas hacia este tipo de hospedaje en el corto plazo, más bien lo que se pretende es una mayor eficiencia con la normativa que actualmente regula a los hospedajes no tradicionales, ya que la Ley 9742 (rige desde 2020) parece no ser la ideal.
Tanto representantes de la plataforma como del sector hotelero tradicional coinciden en que la ley actual no es lo ideal para el desarrollo de este modelo de negocio en el país. Carlos Muñoz, gerente de políticas públicas de Airbnb para Centroamérica dijo en entrevista con El Financiero que: “existe la ley, pero no ha funcionado. Es como un Frankestein”.
“Creo que hoy en la Asamblea Legislativa hay interés de hacerle reformas a esa ley, a las cuales Airbnb quiere aportar, quiere traer modelos positivos que puedan ayudar a crecer el sector en Costa Rica, pero que lo haga de una manera más efectiva y eficiente. Los mismos anfitriones en Costa Rica están pidiendo esa estabilidad legal que hoy día no la tienen porque hay una ley que existe, pero no se aplica y entonces viven en una incertidumbre jurídica que a nadie beneficia”, amplió Muñoz.
Por su lado, el sector hotelero tradicional en el país ha solicitado en reiteradas ocasiones que se igualen las condiciones de competencia con las aplicaciones, dejando claro que nunca se han opuesto a su uso, de hecho, han tenido que adaptar su modelo de negocio para hacerle frente a la competencia.
Las peticiones de los hoteleros consisten en que a las aplicaciones de arrendamiento se les cobre los servicios públicos como la electricidad y el agua con tarifa comercial y no residencial, que paguen patentes municipales, pólizas, permisos del Ministerio de Salud, entre otros.
Incluso, la Cámara de Hoteles, solicitó a los huéspedes que utilicen Airbnb y otras apps similares, un mínimo de seis días y cinco noches de hospedaje, esto con el fin de proteger el tejido empresarial formal de los hoteles y el empleo que generan.
Flora Ayub, directora de la Cámara dijo que el sector no ha contemplado una restricción del servicio, sino que haya controles y fiscalización que pongan en orden su funcionamiento. “Se deben crear condiciones en la ley para garantizar su aplicación y el cumplimiento de sus disposiciones, así mismo, sanciones para quien lo incumpla”, agregó.
Ayub además indicó que desde la llegada de este tipo de aplicaciones de hospedajes, los hoteles han tenido que ajustar la flexibilidad en sus políticas, sus tarifas diarias y los servicios que se ofrecen. Según la directora, hay hoteles que están ofreciendo un servicio más limitado para reducir los costos de alojamiento.
“Algunos, inclusive, han optado por incluir parte de su inventario de habitaciones en estas plataformas”, aseguró Ayub.
Airbnb en Costa Rica: los datos
Aunque no compartieron la cantidad de anfitriones registrados en Costa Rica, Airbnb sí dio a conocer varios indicadores del impacto económico que genera en el país. La información se reveló el año pasado, por lo que mucha de la data es de 2022.
Según una encuesta hecha por la aplicación, el 39% de los huéspedes que se alojaron en Costa Rica indicó que la razón principal para utilizar Airbnb era ahorrar dinero, el 43% señaló que quería una experiencia más local y alojarse fuera de una zona turística, y el 14% quería flexibilidad con el calendario o el destino de su viaje.
Otra cifra relevante es que los hospedajes de este tipo son una alternativa más económica para los viajes en familia o en grupos de amigos. “Alojarse en un espacio completo representa una opción aún más asequible con un precio promedio por persona de menos de ȼ35.600. Para viajeros solos y parejas, las habitaciones privadas representan una opción asequible con un precio por noche de alrededor de ȼ41.800″, resaltó Airbnb.
Según datos oficiales de la plataforma en Costa Rica, cuatro de cada diez reservas que se realizan en el país son precisamente de nacionales que buscan conocer destinos internos.
Por otra parte, el 56% de los huéspedes declararon que el dinero que se ahorraban por alojarse en un Airbnb les permitía gastar más en otros servicios, favoreciendo a la economía local.
¿Qué novedades hay sobre la ley de regulación en Costa Rica?
Actualmente hay un proyecto de ley en la corriente legislativa, presentado por la diputada liberacionista Carolina Delgado, que pretende reformar la actual ley que regula el hospedaje no tradicional. La iniciativa incorpora sanciones por incumplimiento y nuevos requisitos de operación.
Ante una consulta de EF, Delgado indicó que una vez que inicie el nuevo periodo de sesiones ordinarias en el plenario (a partir del 1.° de agosto) esperan agilizar la discusión sobre el tema, mediante un texto sustitutivo para tratar de aprobar el proyecto “lo antes posible”.
Del lado de Hacienda, trabajan en una resolución que permita conocer a detalle quiénes son los anfitriones en la plataforma y los ingresos que generan por esta actividad. Esto sería clave para que los propietarios paguen los impuestos correspondientes como establece la ley actual.
Es claro que sobre este asunto de la regulación de alquileres no tradicionales todavía hay mucha tela que cortar. Una regulación equilibrada permite que las plataformas continúen operando de manera que beneficie a la economía local y a la comunidad, sin sacrificar la calidad de vida de los residentes ni la competitividad del destino turístico.
