EscucharLa Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) recomendó al Poder Ejecutivo derogar el decreto llamado “Medidas para incentivar la participación de empresas, pyme y empresas de la economía social en las compras públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad”, porque aseguran que la medida, emitida en el 2020, limita la igualdad de condiciones entre los oferentes de bienes y servicios para la Administración.
Según la entidad, el decreto N°42709-H- MEIC-MINAE-MICITT otorga discrecionalidad absoluta para ponderar las evaluaciones que realizan a las empresas que participan en el Sistema de Compras Públicas (Sicop). Además, otro de los puntos que critica la Coprocom, es la autorización que se le brinda a las proveedurías institucionales para establecer los sistemas de evaluación de las compras, distintos al precio.
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La recomendación la dirigen principalmente a los entes involucrados en la publicación del decreto: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“La Administración debe colocar a todos los oferentes en igualdad de condiciones, desde el inicio del procedimiento y hasta la adjudicación o formalización del contrato, por lo que no puede crear discriminaciones jurídicas ni de hecho entre ellos, susceptibles de dar ventaja o perjudicar a ciertos concurrentes”, señaló Viviana Blanco, presidenta del órgano superior de la Coprocom.
La ubicación geográfica, inclusión social, empresas con economía social en consorcio o micro, pequeñas y medianas empresas son más factores de elección que se autorizan en el decreto y que puede conllevar a la ineficiencia del gasto público al adquirir bienes y servicios, a un mayor precio y una menor calidad.
“En caso de que se impongan restricciones, deberá evaluarse si existe un vínculo claro entre la restricción y el logro de un objetivo público específico y determinar si las restricciones no son más limitantes de lo necesario para lograr la meta. Finalmente, se debe valorar un horizonte temporal de aplicación y determinar si se cumple con el objetivo establecido”, indicó Blanco.
Ahora la Comisión, además de la solicitud de derogar el decreto, recomiendan que se realice una nueva normativa que ‘contemple una evaluación del impacto de la regulación en la dinámica de la competencia’ y no obstaculice la libre competencia de las empresas oferentes en licitaciones públicas.
