EscucharLa Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) le recomendó al Poder Ejecutivo realizar una reforma global de la regulación que rige a los colegios profesionales en Costa Rica, con el propósito de adaptarla a la realidad actual del mercado y de que tales entidades velen por una actuación profesional de calidad “en beneficio de los usuarios y no por los intereses gremiales como ha sido, en general, hasta ahora”.
Así lo expuso la Coprocom en un comunicado de prensa emitido la mañana de este lunes 28 de febrero, en el cual añade que esta reforma debe partir de la necesidad de quitar las barreras regulatorias que limitan la competencia y la asignación eficiente de los recursos.
La presidenta de la entidad, Viviana Blanco, señaló que “los colegios profesionales han surgido en el país, principalmente, por el impulso de los gremios para regular su profesión, lo que explica la disparidad de fines y potestades de estas corporaciones y el hecho de que, en general, favorezcan la defensa de sus intereses y las restricciones a la competencia, en lugar de la protección de los usuarios de los servicios profesionales”.
La recomendación de la Comisión surge del Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica, realizado por la institución con el objetivo de analizar las restricciones a la competencia y libre concurrencia que caracterizan la prestación de dichos servicios en el país y evaluar los efectos sobre el bienestar social que se derivan de tales restricciones.
Asimismo, el estudio enfatiza que la reforma debe considerar, entre otras recomendaciones, lo siguiente:
- Eliminar la posibilidad de que los colegios profesionales establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales. Las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo.
- Redefinir los fines y las funciones de los colegios profesionales. El fin público esencial que debe guiar a los colegios profesionales es el de velar por una actuación profesional de calidad en beneficio de los usuarios. La labor de los colegios profesionales es fundamental para controlar el ejercicio de las profesiones liberales. Mientras que, en las profesiones que no se ejerzan de manera liberal, no parece necesario que un colegio profesional deba garantizar la idoneidad de un profesional o su ética, por cuanto las empresas o los patronos cuentan con mecanismos para ello.
- Limitar la colegiatura obligatoria a las profesiones que se ejercen de manera liberal, que sean relevantes para el ejercicio de funciones públicas y que sean muy cualificadas por su incidencia social, ya que es en el ejercicio de estas profesiones donde la función pública del colegio profesional resulta esencial.
- Regular la elaboración de normas internas por parte de los colegios profesionales en cuanto a su contenido, de tal manera que estén orientados a establecer las normas éticas y generales de funcionamiento, despojándolas de restricciones injustificadas al acceso y al ejercicio de la profesión.
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Por su parte, el estudio compara la regulación de los servicios profesionales en la Unión Europea (UE), así como en un conjunto de países de América miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Estados Unidos, México, Colombia y Chile. De acuerdo con la Comisión para Promover la Competencia, dicho análisis permite demostrar que existen formas alternativas de regular los servicios profesionales sin “menoscabo” de la competencia y libre concurrencia en los mercados.
Además, permite concluir que la mayoría de países han eliminado o se encuentran en proceso de eliminar muchas de las restricciones a la competencia que establecen los colegios profesionales. El comunicado de prensa de la Coprocom destacó que, de las naciones analizadas, solamente permanece en Costa Rica la permisividad al establecimiento de tarifas mínimas, “una de las restricciones más perjudiciales sobre los consumidores y la economía del país”.
Finalmente, la presidenta de la Comisión dijo que distintos estudios indican que una regulación “más proporcionada y adaptada a la realidad del mercado” se traduce en la generación de más oportunidades de negocio, más empresas emergentes y servicios innovadores introducidos por los nuevos oferentes. “Asimismo, esto genera ventajas para los consumidores en términos de precios más bajos como consecuencia de la disminución de los márgenes de utilidad, así como por una mayor diversidad de la oferta”, concluyó.
