Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), aseguró que tanto la estructura como las amarras de la carga en el Caribbean Express 21016S están por debajo de los estándares de calidad ideal. Esto hace que la retención en El Salvador de la carga con destino a Costa Rica, sea responsabilidad total de la naviera.
Durante la Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (Repica), que se celebró del 26 al 29 de octubre en El Salvador, Rivera solicitó la reunión con el presidente de la Autoridad Marítimo Portuaria (AMP) salvadoreña, Oscar David Lizano, y otros funcionarios de esa entidad. La cita se concretó durante una pausa en la reunión y participaron también Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio (CCCR) y Mónica Segnini, miembro de la junta directiva de la CCCR y co-coordinadora de la Comisión de Comercio Internacional.
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A su regreso al país, este lunes 1 de noviembre, Rivera presentó un reporte al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), dirigido al ministro Andrés Valenciano, para que esa organización pueda tomar decisiones sobre cómo abordar el caso.
Sin embargo, en entrevista telefónica con EF, Rivera fue enfático al afirmar que las autoridades salvadoreñas actuaron de acuerdo con sus disposiciones oficiales y, por lo tanto, la responsabilidad recae “por completo” en la naviera.
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Eso sí, la identificación de la empresa aún es incierta, debido a la difusa cadena de responsabilidades que rodea el servicio tipo “feeder”, de consolidación de carga, que ofreció el barco detenido.
Este transporte marítimo debía llegar a Costa Rica el 15 de setiembre de 2021, con más de 300 contenedores importados desde Asia. Sin embargo, antes de alcanzar puerto Caldera, en Esparza, Puntarenas, tenía paradas programadas en México, Guatemala y El Salvador. Durante esta última, un episodio de mal tiempo en aguas territoriales salvadoreñas llevó a la pérdida de 21 contenedores, 14 de los cuales llegaron a la costa en El Salvador.
La fianza de $5 millones impuesta por la AMP a la embarcación corresponde a un depósito de seguridad para cubrir costos de recuperación y posible daño ambiental. Distintos actores del sector de comercio marítimo consideran que se trata de una cifra “elevada”, aunque aplicada de acuerdo con las políticas locales para estos casos.
¿Cómo se dio su participación en la reunión con la AMP?
En realidad yo la solicité. Yo estaba en la reunión de Repica cuando me mandaron una copia de la nota de EF donde se reportaba el caso y busqué el espacio con el presidente de la AMP, Oscar David Lizano, y con el director ejecutivo.
¿Las autoridades locales estaban enteradas de la situación?
Desde luego estaban más que enterados, incluso un poco precavidos porque pensaron que nosotros íbamos a reclamar, pero lo que queríamos era enterarnos de cuál era la situación. Ellos nos comunicaron oficialmente que la carga está liberada, o sea, en cualquier momento se puede atracar y hacer transbordo o enviar los contenedores por vía terrestre. Lo que está detenido es el barco.
Según nos dijeron, (el día de la pérdida de contenedores) en aguas salvadoreñas había otros muchos barcos y a ninguno le pasó nada”
¿Se han reunido con la naviera?
No hemos hablado con los representantes de la naviera. Cuando regresé le presenté un reporte al ministro de Comex sobre cuál era la situación, para que él se comunicara con las cámaras o los dueños de la carga y ver qué podían hacer. Pero el problema es definitivamente de la naviera.
¿A qué se refiere?
Me enseñaron fotos en donde el barco estaba en muy malas condiciones, no solo en la parte digámosle estructural, en los pines que sostienen los contenedores, sino que los refuerzos o las amarras de los contenedores estaban pésimamente hechas. Eso es responsabilidad total de la naviera. No sé cuál es, pero pareciera no es un armador muy confiable.
Cada autoridad portuaria mide cuáles pueden ser las consecuencias de un eventual contaminación de sus aguas territoriales y así procede”
A los propietarios de la carga no se les ha dado esa opción de movilizarla de otras formas ¿usted tiene idea de a qué se debe esto?
Por eso es que nosotros quisimos hablar con la AMP, para saber cuál era la situación real. Ellos nos confirmaron que la carga está libre. Aquí es un problema total y absolutamente de la naviera y ella es la que tiene que solucionarle el problema a sus clientes, porque ellos no tienen la culpa de que la naviera amarrara mal la carga y se cayera.
¿Cuál es su valoración general de este caso?
Es muy lamentable esta situación. Lástima que no esté el ferry funcionando porque sería una opción para ayudarle a los señores esos: traernos esa carga por ferry. Pero aquí, repito, es un problema de la naviera. Que no le echen la culpa a las autoridades de El Salvador ni mucho menos. Sí están cobrando un depósito, porque no es una multa, para pagar los eventuales daños ambientales, porque mal que bien, son 11 contenedores que no han aparecido ¡a saber qué carga traen! Pero están contaminando el mar salvadoreño.
Ahora que menciona lo del ferry ¿cómo son las relaciones con las autoridades salvadoreñas, pensando precisamente en la operación de un proyecto como el ferry?
Nosotros mantenemos comunicación constante con nuestro par, que es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y con la AMP también. Y ya le digo, tenemos buenas relaciones, nosotros le pedimos la cita y en el primer intermedio que hubo estuvimos tamaño rato conversando y ellos sin ningún problema nos atendieron.