La policía de Panamá anunció que utilizará toda la “fuerza necesaria” para despejar las rutas bloqueadas y restablecer el orden, luego de casi tres semanas de protestas contra una mina que han semiparalizado al país.
“Vamos a utilizar la fuerza necesaria para que se aperturen las vías y se logre el bienestar de todos los ciudadanos”, dijo el comisionado Elmer Caballero a periodistas, mientras los bloqueos de rutas causan escasez de alimentos, medicinas y combustibles en varias ciudades.
“Vamos a actuar enérgicamente para poder restablecer el orden que se necesita en Panamá”, añadió Caballero, horas después de que la cúpula empresarial pidiera al presidente Laurentino Cortizo “una postura firme y contundente” para terminar los bloqueos, iniciados el 20 de octubre.
Panamá cumple este viernes tres semanas de protestas luego de que el Congreso aprobara un polémico contrato entre el Estado y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
El martes, un hombre enfurecido disparó en un bloqueo en las afueras de la capital y mató a dos manifestantes. Ambos eran maestros.
Una marcha-vigilia tuvo lugar este jueves para pedir “justicia”, mientras el acusado de disparar a los dos docentes permanece detenido. Se trata de un abogado panameño de 77 años que nació en la antigua Zona del Canal de Panamá, por lo que tiene doble nacionalidad panameña y estadounidense.
El comisionado hizo el anuncio luego de que dirigentes de los manifestantes acudieron a la casa de gobierno y entregaran un petitorio con sus demandas, según la Presidencia. Su principal exigencia es anular por ley el contrato con la minera.
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Caballero dijo que este jueves la policía levantó los primeros bloqueos en la ruta que conduce a Merca Panamá, el mercado donde se comercializa el 80% de los vegetales en la capital, y la avenida Balboa, la costanera que atraviesa la ciudad, donde hay diariamente manifestaciones.
Exigencia de empresarios
Horas antes, Cortizo recibió a líderes empresariales, quienes exigieron “una postura firme y contundente en favor del respeto a la legalidad” para que terminen los bloqueos que han paralizado el transporte de pasajeros y mercancías.
El mandatario ha sido criticado por su inacción para despejar los caminos.
“Se expuso a su vez al Presidente Cortizo la situación insostenible de las empresas panameñas ante los cierres y bloqueos de calles y vías de comunicación”, dijo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en un comunicado.
“Grupos radicales con intereses políticos nos tienen ‘secuestrados’” a los demás panameños, aseguran los empresarios.
Los bloqueos han causado escasez de alimentos en la capital, pues no llegan los camiones con carga desde la provincia agrícola de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, que produce el 80% de los vegetales que consume el país.
Miles de citas médicas perdidas
Las clases están suspendidas en buena parte de las escuelas y además se han perdido más de 160.000 citas médicas en centros de salud públicos, según las autoridades de salud.
Para acallar las protestas, el Congreso aprobó el pasado viernes una moratoria de la minería metálica, pero decidió dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión final sobre el contrato, lo que satisfizo a los ambientalistas.
Sin embargo, el sindicato de la construcción y gremios de maestros continuaron las protestas y bloqueos para exigir que sea anulado de inmediato el contrato, que sustituye al acuerdo de la concesión de 1997, que se dio sin licitación y en condiciones desfavorables para el país.
El gobierno y la empresa argumentan que el nuevo contrato da aportes mínimos anuales al Estado por $375 millones, diez veces más que el monto del acuerdo inicial, y que la mina genera unos 50.000 empleos directos e indirectos y aporta el 5% del PIB.