EscucharEste jueves 5 de octubre tuvo lugar la segunda comparecencia del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Estas audiencias se han dado debido a la solicitud de datos crediticios sin anonimizar que el Central le hizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a los cuatro bancos más grandes del país.
Esta segunda comparecencia, si bien no resaltó por dilucidar información que no haya sido reportada con anterioridad, demostró tres puntos particulares: que en los diputados todavía existe una reticencia fuerte en contra de la solicitud de datos del deudor —acompañada de una desconfianza en el ente emisor—; que el Central mantiene su posición —amparada en el criterio de la Procuraduría General de la República— de que no solicitó datos sensibles; y que a esta discusión todavía le queda rato, por lo menos en el plenario.
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A continuación le resumimos esos tres puntos:
1. Fuerte oposición
Pareciera que todas las bancadas representadas en esta última comisión, salvo la del Partido Progreso Social Demócrata (PPSD), el partido de Gobierno, mantienen una alta desconfianza en el proceder del BCCR.
Durante la sesión, el diputado liberacionista Francisco Nicolás calificó como excesivas las solicitudes de datos del Banco Central. El congresista le recriminó a Madrigal el haber pedido los datos de los créditos de todo el país en lugar de solicitar solo los que estuvieran en las zonas de riesgo que les determinara la Comisión Nacional de Emergencias.
El Central ha mencionado que el fin de estos datos es construir un indicador sobre el riesgo hidrometeorológico al que está expuesta la cartera crediticia del país. Estos fenómenos son, básicamente, exceso de lluvias y sequías. El número de identificación de los deudores es la variable que, según Madrigal, necesitan para precisar la ubicación correcta del crédito.
“Me cuesta comprender cómo es que para ubicar 30 o 40 cuencas que tienen riesgo potencial hidrológico ustedes pidieron información de todo el país (...) uno va a donde está el riesgo, no hace un spray en todo el país para ver todo el crédito”, le dijo el liberacionista.
“Es que no sabemos en qué cuencas están esos créditos”, le respondió Madrigal. El presidente del Central también señaló que el indicador que quieran armar no es específico de zonas en riesgo, sino del riesgo de la cartera crediticia a nivel nacional.
Por su parte, el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, intentó hacer una conexión entre la solicitud de datos del Central y la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) del Gobierno de Carlos Alvarado.
El congresista hizo hincapié en el hecho de que Eleana Fonseca, asesora jurídica del Banco Central de Costa Rica, firmó un criterio jurídico en el que se reafirma que la solicitud de datos del Central es pertinente. Fonseca también fue asesora del presidente Alvarado durante la operación de la UPAD.
“Resulta que doña Eliana Fonseca fue la misma persona de la UPAD y es la persona que firmó el criterio jurídico en el cual se basó la junta directiva del Banco Central para tomar el acuerdo de solicitar los datos de todos los costarricenses, entonces por supuesto es válida nuestra preocupación”, mencionó el diputado.
Sin embargo, el criterio al que hace referencia Alvarado fue del pasado 14 setiembre de 2023, casi diez meses después del acuerdo de junta directiva, tomado en noviembre del año pasado. Por ende, el BCCR no se pudo haber basado en él.
2. Sensibilidad de los datos
El jerarca del BCCR mantuvo su postura de que los datos que solicitó no pueden ser considerados como sensibles, basado en el dictamen que realizó la PGR.
En dicho documento, el PGR-C-125-2023, la Procuraduría concluye que los datos crediticios no pueden ser catalogados como sensibles y por ende no quedan protegidos en la excepción que otorga la Ley del Sistema de Estadística Nacional.
“Estamos haciendo una investigación, un expediente, por el uso de datos sensibles cuando en realidad no hay datos sensibles. Si necesitamos cambiar la legislación para cambiar los datos, sentémonos y la cambiamos. Vamos a tratar de que venga la Procuraduría para externar su criterio y la Prodhab (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes) para estar convencidos de que no estamos utilizando datos sensibles”, mencionó Daniel Vargas, diputado del PPSD.
3. Más comparecencias
A esta comisión todavía le queda mucha tela por cortar. Por lo menos eso se entiende debido a que aprobaron mociones para traer en audiencia a ocho personas más, entre ellas tanto implicados directos como expertos en la materia.
Los dos más involucrados en el tema que serán llamados a comparecer son la superintendenta de Sugef, Rocío Aguilar, y el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro. Ambos jerarcas fueron denunciados penalmente por la gerenta del Banco Central, Hazel Valverde.
Además, también se aprobaron las mociones para convocar a Mauricio París, abogado especialista en seguridad de datos; a Ronulfo Jiménez, asesor de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC); a Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC; a Iván Vicenti, procurador General de la República; a Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); y a Wendy Rivera, directora de la Prodhab
