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El sistema financiero ha ajustado más de 900.000 operaciones de crédito desde que reventó el impacto del coronavirus en el bolsillo de los hogares y las empresas en Costa Rica.
Son miles de personas que han acudido a medidas de alivio en sus finanzas ante la imposibilidad de atender sus deudas con regularidad. Su capacidad de pago se vio reducida, en un momento en el que ya de por sí la población estaba altamente endeudada.
Esta realidad también desata riesgos en la banca, que ya venía golpeada por la mayor morosidad de los deudores y un crédito que no terminaba de animarse.
El 2019 fue un año difícil para deudores y retador para las entidades financieras, pero el 2020 será aun más desafiante.
Capacidad de pago deteriorada
Conforme las puertas del turismo internacional se fueron cerrando, también lo hicieron los ingresos de los sectores más dependientes como hotelería, restaurantes y afines.
Asimismo, el Gobierno empezó a adoptar medidas de confinamiento que involucran restricciones para que las personas hicieran sus compras fuera de casa, cientos de trabajadores a ejercer sus labores desde casa y horarios reducidos para la operación de los negocios.
El sector comercio se enfrenta con la realidad de un menor tránsito, producto de esas disposiciones del Gobierno, sus ventas caen o inclusive se paralizan, y no le queda más que afrontar el reto de acelerar su llegada a las ventas por la vía digital y a domicilio.
Sin embargo, la competencia entre los comercios es voraz. Restaurantes y comercios que no vendían a domicilio ahora lo hacen, y el consumidor tiene infinidad de opciones.
Al mismo tiempo, muchos trabajadores vieron reducidos sus ingresos, luego de que el Congreso aprobara una ley que dio permiso a las empresas a recortar la jornada laboral, y por ende el salario, o suspender de forma temporal el contrato de trabajo. Todo esto, bajo previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Rodrigo Cubero, jerarca del Central, explicó que por el momento no se han visto movimientos significativos en la cantidad de cotizantes de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), lo que se usa para inferir sobre la posible afectación de la pandemia en el mercado laboral.
Sin embargo, se registra que alrededor de 7.000 empresas (al 22 de abril), con unos 118.000 empleados, han solicitado modificación de los contratos laborales al Ministerio de Trabajo.
Los trabajadores de esas empresas, y muchos otros que han sido despedidos, recibieron un golpe sin poder preverlo ni siquiera un mes antes de la llegada del COVID-19 al país. Esto generó una reducción en la liquidez de los hogares, en el consumo y en su capacidad de pago.
El mismo Banco Central estima que en 2020 el consumo de los hogares caerá por primera vez en 38 años y contribuiría a la contracción que experimentaría el país de 3,6%.
Esta es la coyuntura económica que enfrentan las empresas y las personas, y lo que explica la forma voraz en la que han acudido al sistema financiero en busca de soluciones.
Respuesta del Gobierno y banca
Las autoridades anunciaron el primer caso de COVID-19 el viernes 6 de marzo, y a partir de ahí la economía empezó a deteriorarse como un efecto dominó. Al igual que ocurrió en el resto de países del mundo impactados por este coronavirus.
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Esta pandemia llegó en un momento retador para la banca.
La morosidad pegó un salto entre el 2018 y el 2019, con algunos pasos de mejoría en los últimos meses, pero que podrían dar marcha atrás según la dinámica que siga la economía.
El Banco Central ya lo ve como uno de los riesgos del 2020: el incremento en la mora crediticia (o readecuaciones de créditos) y las tensiones de liquidez en el sistema financiero.
De momento, así ha respondido la banca y las autoridades para atender la crisis:
Una semana y media después de que se anunciara ese primer contagio, el Gobierno anunció una directriz presidencial que instó a los bancos comerciales del Estado a readecuar los créditos de la población.
Dos días después (20 de marzo ), el presidente Carlos Alvarado dio una conferencia en compañía de representantes del sector bancario, el Banco Nacional de Costa Rica y BAC Credomatic.
Así, las medidas adoptadas para aliviar las finanzas de los deudores ya eran tomadas no solo por la banca estatal, sino también por el sector privado.
El resto de bancos privados empezó a anunciar poco a poco cuáles eran sus propuestas para que la población afectada pudiera atender sus deudas.
Las medidas se resumen en arreglos de pago, periodos de gracia por unos tres o seis meses en el pago de la deuda, renegociación de deudas y reducción de tasas de interés. Además, aplican medidas distintas al analizar cada caso por aparte para cuidar también su negocio.
Mientras la banca calibra sus medidas, la regulación se ha ido ajustando para darle más holgura.
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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) empezaron a calibrar, junto al Banco Central, una serie de medidas con dos objetivos: evitar un deterioro en la calificación de riesgo de los deudores y blindar a las entidades financieras ante posibles resultados negativos en este periodo de crisis.
La medida de holgura más reciente consistió en dar luz verde a las entidades para que ofrezcan prórrogas específicas o generales en los créditos. Conassif quitó el bache que le impedía a la banca alargar los plazos de los préstamos con tal de reducir la cuota que pagan los deudores.
El cambio regulatorio aplicará durante un año y no implicará una afectación para la entidad que lo aplique, puesto que no deberá hacer una estimación para sostener esa operación.
Así, el deudor puede recibir un periodo de gracia durante, por ejemplo, tres meses; pero además, una extensión en el plazo del crédito, para que esa moratoria no le golpee las cuotas cuando retome el pago de la deuda.
Este fue el último anuncio, ya publicado en el diario oficial La Gaceta, pero las autoridades han hecho ajustes desde hace más de un mes.
El primer anuncio llegó el 16 de marzo mediante una conferencia de prensa, cuando se anunció la reducción de la Tasa de Política Monetaria a 1,25% por parte del Banco Central, mientras Conassif amplió la posibilidad de renegociar hasta dos veces (en 24 meses) las condiciones pactadas en los créditos, sin afectar la calificación del deudor. Inclusive en algunos casos, se permite un tercer arreglo. La medida estará vigente hasta el 30 de junio del 2021.
Se avaló además la posibilidad de que las entidades desacumularan sus estimaciones, para tener más liquidez y prestar dinero.
Mientras tanto, llegaban propuestas al Congreso que pretendían dotar de una moratoria generalizada a todos los deudores. Es decir, dar a cualquier deudor un periodo de gracia determinado para aliviar sus finanzas. Esto de inmediato despertó a detractores, por los elevados riesgos que conlleva para la sostenibilidad del sistema financiero la aplicación de una medida de este tipo.
La propuesta no progresó, por lo que cada entidad financiera siguió apostando a sus medidas internas para elegir quiénes se verían beneficiados con sus programas de alivio y quiénes no.
La banca se enfoca en atender a quienes se han visto afectados por la pandemia (negocios del sector turismo, comercio, restaurantes, así como personas con una reducción o suspensión de su jornada laboral), y no a quienes ya enfrentaban una situación de deterioro en sus finanzas desde antes de esta crisis.
El 23 de marzo, Conassif y Sugef anunciaron, entre otros, que las entidades supervisadas podían mantener la capacidad de pago del deudor sin cambios a pesar de la aplicación de prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos. También, dieron luz verde a los periodos de gracia, sin el pago de interés ni principal, a criterio de cada entidad.
Además, suspendieron, por un periodo de 12 meses, el paso de una entidad a irregularidad 2, cuando presente pérdidas en seis o más periodos mensuales en los últimos 12 meses. Esto para evitar distorsiones por los efectos del COVID-19.
Los supervisores brindan holgura a las entidades supervisadas y la forma en la que estas negocian con los deudores, y la banca ajusta operaciones de crédito como nunca en años. Son medidas extraordinarias en medio de la crisis que desató la pandemia.
