EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) considera que el mejor camino que puede seguir el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) es fusionarse con otro banco estatal.
Así lo afirmó mediante un comunicado de prensa en el que además instó a la Asamblea Legislativa a tomar -con apremio- las acciones pertinentes para definir el destino final de banco y su patrimonio, ya que la entidad ya no puede sostenerse por más tiempo. Bancrédito dejó de ser viable financieramente.
Rocío Aguilar, jerarca de Sugef, resaltó que la entidad sufre costos importantes y un deterioro significativo de sus activos, al ser insostenible en el tiempo, por lo que las pérdidas pueden ensancharse en detrimento de su capital, que pertenece al Estado.
El 19 de marzo, Marco Hernández, interventor de Bancrédito, comunicó a Conassif que la posibilidad de rescatar a Bancrédito es nula y por tanto, dictaminó que "no es viable financieramente".
Aunque el informe se presentó el lunes, desde hace más de un mes Hernández ya consideraba que este sería el camino más probable.
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"Un banco que no ejerza su función esencial que es la de intermediación financiera, pues no es sostenible en el tiempo, entonces por supuesto que vamos encaminados hacia una resolución que tendrá que darse a través de un proyecto de ley que tendrá que decidir la Asamblea Legislativa", afirmó Hernández en febrero a EF.
El 16 de febrero, Hernández solicitó que se aplicara la garantía del Estado para saldar las deudas de Bancrédito.
El 1 de marzo del 2018, Luis Paulino Mora, ministro a.i. de la Presidencia, solicitó a la Procuraduría General de la República que se pronunciara sobre cómo proceder para aplicar esa garantía y la existencia de otros mecanismos que se puedan usar para obtener recursos, pero ese ente no ha dado respuesta.
Las consultas fueron:
Primera: ¿cuáles son las condiciones legales que deben cumplirse para hacer efectiva la garantía del Estado prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional?
Segunda: ¿existe habilitación legal para que, durante un proceso de intervención, el interventor pueda hacer uso de otras vías o mecanismos -distintas de la garantía estatal- que posibiliten el adecuado pago de las obligaciones con terceros acreedores, a través de los activos en propiedad de la entidad bancaria?
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Dentro de esas obligaciones que tiene la entidad, la más relevante es la que mantiene Bancrédito con el Ministerio de Hacienda, por ¢131.840 millones, por lo que con la fusión se evitaría que el Estado asuma esa pérdida.
La deuda consiste en certificados de depósito que el Ministerio de Hacienda le compró a Bancrédito, entre marzo y abril de 2017.
¿En qué consistiría hacer efectiva la garantía del Estado? Esto implicaría una “operación seca” para el Gobierno, denominada así porque no existe una erogación real de recursos.
Lo que se generaría es una compensación del pasivo que tiene Bancrédito con Hacienda, de modo que el estado asumiría esa deuda y pasaría a ser el principal acreedor del banco, afirmó Hernández a EF.
El patrimonio del banco es de ¢38.101 millones, monto que le impide pagar sus obligaciones vencidas de inmediato.
La intervención de Bancrédito inició en diciembre del 2017 y se extendería hasta por un periodo de seis meses, sin embargo, Hernández afirmó que existe basta información para proceder conforme lo dicta el artículo 161 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Este precepto dicta que "cuando se trate de entidades financieras pertenecientes al Estado y a los bancos organizados como entidades de Derecho Público, se entenderá que la asamblea de miembros está integrada por el Consejo de Gobierno, salvo en el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en el cual dicho órgano será la Asamblea de los Trabajadores, definida en su ley orgánica. La Superintendencia ejercerá sus atribuciones de igual forma que con los entes privados, excepto que no podrá pedir su quiebra ni su liquidación. En su lugar, deberá informar a la Asamblea Legislativa".
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El camino de la fusión es el mejor, según la Sugef, porque persigue el objetivo de rescatar el patrimonio, potenciar la recuperación de sus activos y de esa manera, pagar las deudas vencidas.
Al mismo tiempo, se logra el cierre de Bancrédito y se capitaliza al banco comercial estatal que absorba la operación de la entidad, explica el documento firmado por la superintendente.
Será entonces el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) o el Banco de Costa Rica (BCR) quienes tendrían que analizar la posibilidad de absorber lo que queda del banco cartaginés. Sin embargo, esto sucedería únicamente si este es el camino por el que opta la Asamblea.
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La opción de fusionarlos se codea con otra propuesta de optar por el cierre definitivo, sin que su operación sea absorbida por otro banco estatal.
