Fijar tasas de usura para los créditos en colones y dólares no es una buena idea en medio de la crisis que atraviesa Costa Rica como consecuencia del apagón económico para mitigar el contagio del coronavirus. Así lo indicó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en un comunicado, este miércoles.
Las consecuencias de poner una tasa tope a los préstamos son una mayor exclusión financiera y un crecimiento en la demanda de créditos informales con condiciones desfavorables para quienes los necesitan.
La oposición de Sugef se da luego de que, el pasado lunes 20 de abril, un grupo de 45 diputados acordó dispensar de todo trámite el proyecto de ley que busca poner tasas de interés de usura a los préstamos.
Sugef cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.
“Un tope a las tasas de interés va a limitar el acceso al crédito de los sectores más riesgosos y de los créditos que acarrean un mayor costo por colón prestado; es decir, de aquellos cuyo costo y nivel de riesgo estén por encima de lo que cubre la tasa de usura. Para estos clientes, la entidad puede decidir no otorgar crédito a una tasa de interés que no compense su mayor costo y riesgo”, indicó la Superintendencia en el comunicado.
Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef, apuntó que las personas que vieron afectadas sus ganancias o ingresos por la crisis tienen ahora una capacidad de pago deteriorada y un mayor riesgo de caer en mora en el futuro.
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La fijación de topes a las tasas de interés de las entidades financieras formales impediría que las instituciones puedan darle acceso a crédito a personas con este perfil, lo que, a criterio de Sugef, abriría la puerta para acceder a préstamos en el mercado informal con tasas más altas y sujetos a prácticas de cobro y garantías mucho más adversas.
“Una vez superada la etapa de la cuarentena y cuando se intente volver a la normalidad, los costarricenses van a necesitar de un gran apoyo financiero y será vital que los intermediarios ofrezcan crédito y que la mayoría de hogares y emprendedores lo accedan sin obstáculos ni inconvenientes. Un límite a las tasas de interés podría convertirse, en ese preciso momento, en un serio obstáculo para alcanzar ese objetivo”, apuntó Alfaro.
La Superintendencia recordó que incluso si se aprobara el proyecto de ley que se discute en el Congreso, las tasas de usura no se aplicarían a los créditos y tarjetas que están vigentes en la actualidad.
Avance en el Congreso
Luego de recibir una dispensa de trámite, el proyecto de ley que impone una tasa de interés tope y castiga penalmente la usura tiene el camino libre para ser votado en primer debate.
45 diputados dieron sus votos, el pasado lunes 20 de abril, para que se acelere el paso de esta iniciativa. En contra están los congresistas María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y los independientes Ivonne Acuña y Erick Rodríguez Steller.
Justamente Rodríguez presentó 30 mociones de fondo ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. Sin embargo, una vez que los diputados dispensaron de trámite el proyecto, se anula la etapa previa y se trasladan las mociones al plenario donde deberán ser discutidas antes de la votación en primer debate.
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El texto fue dictaminado en febrero por la Comisión de Hacendarios y fija los umbrales de tasas de usura: un máximo de 55% para microcréditos en colones (préstamos menores a ¢675.000) y 39% para los otros tipos de préstamos, incluidas las tarjetas de crédito.
Mientras que para los microcréditos en dólares la tasa se definió en 45,6% y para los otros préstamos −incluidas las tarjetas de crédito− en 31,3%.
Un análisis publicado por EF, el 9 de marzo, evidenció que si se aplican los topes incluidos en el proyecto de ley a las tarjetas de crédito en colones que circulan en el mercado nacional actualmente, el 58,2% caerían en usura.
Para las tarjetas de crédito en dólares, el 30,4% de estos plásticos estarían ligados a tasas de usura.
EF utilizó la base de datos de los 469 tipos diferentes de plásticos que circulan en el país y que está contenida en el Cuarto estudio trimestral de tarjetas de crédito del 2019, publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en octubre del 2019. Se trata de la información más actualizada disponible.