La calificadora de riesgo internacional Standard & Poor's (S&P) recortó este jueves 25 de febrero la calificación de riesgo soberano de Costa Rica de BB a BB- y mantuvo la perspectiva negativa.
Según un comunicado enviado por la firma, la principal razón tiene que ver con la combinación de las crecientes presiones del gasto y la falta de una reforma tributaria que ha debilitado las finanzas del país y aumenta la vulnerabilidad frente a shocks externos.
Asimismo, la perspectiva negativa refleja un riesgo de que pueda bajarse aun más la calificación si fallan las medidas de control del gasto y de aumento en los ingresos para estabilizar el peso de la deuda.
Esta noticia surge precisamente cuando el Gobierno acaba de presentar un borrador de un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que pretende imponer un límite al déficit.
Razones y antecedentes
El 8 de febrero pasado, la otra agencia de calificación de riesgo, Moody's, había cambiado la perspectiva de estable a negativa, pero mantuvo la calificación.
Las razones que Moody's dio en ese momento se enfocan en la ausencia de un consenso político para el manejo del déficit fiscal, lo que continuará ejerciendo peso en el peso de la deuda del Gobierno.
Esas anotaciones no distan de la baja anunciada este 25 de febrero por parte de Standard & Poor's que, a su vez, critica el déficit del país, que concluyó el 2015 en 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para este calificadora, el continuo deterioro fiscal ha impulsado el alza del pago de intereses, por lo que la combinación del gasto y la ausencia de la reforma debilitan las finanzas públicas e incrementan la vulnerabilidad de Costa Rica ante los choques externos.
S&P no solo resalta la nula llegada de la reforma, si no que también desconfía de la capacidad que posee la administración del presidente Luis Guillermo Solís para presentar una reforma fiscal sustancial, a medida que se acerca su último año a cargo del país.
Una reforma fiscal integral es cada vez más improbable, obligando al Gobierno a confiar más en los controles de gasto para contener el deslizamiento fiscal, indica el comunicado de prensa.
Lo anterior, considerando la fragmentación del Congreso, que ha impedido llegar a un acuerdo para aplicar una solución fiscal integral (modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta).
La expectativa de la entidad dicta que el déficit de las administraciones públicas de Costa Rica continuará en aumento y llegará a superar el 7% del PIB en 2017, lo que se traduciría en una deuda neta del Gobierno por encima del 45% del PIB.
Mientras, el pago de intereses llegaría a casi el 13% de los ingresos de las administraciones públicas en 2017, cuando en 2012 fue de 8%.
El comunicado que dio a conocer S&P, destaca también la alta dolarización del país, que representa alrededor de la mitad del total de créditos, limitando así la flexibilidad monetaria.
La calificadora afirmó que la calificación puede sufrir reducción en un periodo de entre 6 y 18 meses, si la dirección política del país no llega a un consenso sobre las medidas fiscales, para contener un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Al contrario, una correción fiscal reduciría el déficit y hace más lento el aumento de la deuda pública, lo que podría estabilizar la deuda soberana.
Un crecimiento continuo de la economía y un alza modesta del déficit en la cuenta corriente, podría llevar a S&P a mantener la calificación actual.
* Esta información fue ampliada posterior a su publicación