EscucharPor más de 20 años, en el Estado costarricense las palabras “reducción de empleo” y “reducción de salarios” no se habían pronunciado, pero ahora el Ministerio de Hacienda lo hace y propone reducir el gasto en un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), unos ¢225.000 millones, dentro de su nueva reforma fiscal.
¿Es un atrevimiento? Sí. Para algunos analistas, la osadía significará la cabeza del jerarca de la cartera, pero la mayoría sabe que hacerlo era necesario.
Édgar Ayales, ministro de Hacienda, asegura que si el 80% del presupuesto nacional se destina a salarios, si solo un 5% del gasto es flexible y si el país, en tiempos de crisis, lo único que puede hacer es reducir inversión y seguir deteriorando la infraestructura pública (puentes y carreteras), eso hace evidente que es imposible seguirle poniendo curitas a las finanzas públicas.
La nueva reforma incluye, en síntesis, un programa para evaluar la eficiencia en el gasto público que ya está aplicando, de tal forma que, dentro del presupuesto de la República del 2014, se asignen recursos a los programas mejor calificados. También pretende concentrar agencias y aprobar el proyecto de ley de empleo público, hoy en discusión.
Igualmente, el plan quiere equiparar y eliminar beneficios que no coinciden con el nivel de ingresos del país.
Ayales puntualiza: 150 funcionarios públicos ganan más de ¢10 millones mensuales, una comunidad de 1.600 funcionarios ganan más de ¢5 millones anuales, hay cesantías a 25 años y, para muchos, el salario se incrementa un 8% cada año trabajado, solo por concepto de anualidad, más el incremento en costo de vida.
El problema se agravó del 2008 a la fecha. En cuatro años, el incremento en el índice de salario promedio del Gobierno Central fue de un 78,6%, y en el resto del sector público (universidades e instituciones autónomas) el aumento se pudo haber duplicado.
Reducción de salarios
Un estudio para evaluar eficiencia del gasto público –que acompaña la nueva reforma llamada Consolidación Fiscal– advierte que el gasto social de Costa Rica es el más alto de América Latina, seguido de Chile y, sin embargo, se ocupa el décimo lugar en la región en oferta de camas de hospital por habitante.
Además, Costa Rica es el segundo país que más gasta en salud en América Latina, pero ocupa el sétimo lugar en cantidad de empleados en el sector.
La conclusión es simple: gastamos mucho, pero mal.
Con una anualidad general del 2% para todos (hoy es del 8% en algunos casos), Hacienda dice que se puede ahorrar 0,5% del PIB.
Cambios desde ya
La Dirección de Presupuesto Público y la Autoridad Presupuestaria, asesorados por organismos internacionales, trabajan en los indicadores y la metodología que se aplicará para evaluar el gasto público en Costa Rica.
El presupuesto del 2014 se asignará en algunos programas con base en los resultados de una evaluación del desempeño. Los primeros en pasar por la fila serán los programas dirigidos al combate a la pobreza que incluyen entidades como IMAS y Fodesaf.
En marzo próximo se darán a conocer las variables que serán evaluadas, a fin de que las instituciones reaccionen y, a partir del presupuesto 2014, los recursos se asignarán según resultados de programas y no por partidas.
Lo anterior supone que, muy probablemente, ya para el próximo ejercicio fiscal se evidencien algunos perfiles de instituciones o agencias que no están cumpliendo sus metas.
Reducción de empleo
En esa línea, la nueva reforma también propone la concentración de agencias, la eliminación de juntas directivas y terminar con los procesos de desconcentración de funciones.
Se impulsa de vuelta la concentración y no la desconcentración del Estado. Para el analista de la Universidad Nacional Fernando Rodríguez, esta es una propuesta ambiciosa que no se veía desde finales de la década de los 80, cuando el país conoció los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).
La nueva reforma también recoge ideas del reciente estudio presentado por la Comisión de Notables sobre gobernabilidad y advierte que ministerios como los de Cultura, Agricultura, Obras Públicas y Educación manejan decenas de agencias paralelas que no necesariamente han mejorado el servicio al ciudadano.
La propuesta es evaluar eficacia, eficiencia y calidad del gasto.
La eliminación o reestructuración del empleo público, sin embargo, no afectaría al grueso del empleo público. Según Ayales, no se puede prescindir de maestros y policías, quienes pueden representar el 70% de la planilla del Gobierno Central.
¿Posible?
El exministro de Hacienda Alberto Dent cree que, de sobra, sí es viable la reforma. De hecho, recuerda que, en su gestión, tres congelamientos de recursos públicos aportaron un 0,8% del PIB.
“Una pequeña intervención en el enorme gasto en incentivos salariales ya es suficiente para logar reducir el gasto en una proporción muy significativa”, aseguró.
Empero, el analista, Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe), advierte que pellizcar un 1% del PIB a un gasto tan inflexible, es una tarea titánica que solo se lograría tras alcanzar acuerdos nacionales con el sector sindical, algo que considera imposible en el corto plazo.
De alcanzarse la meta de Hacienda, la nueva propuesta de reforma fiscal debería estar aprobada en abril del 2014.
Para lograrlo, se debe continuar el proceso de negociación del proyecto de empleo público que el sector sindical evalúa, también el plan de eficiencia de las finanzas públicas y se debe discutir y aprobar la nueva reforma fiscal en un plazo de 12 meses.
En marcha
Pese al fracaso de la reforma anterior, se ha aprobado legislación fiscal.
Proyecto de “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”: Fue presentado por la administración de la presidenta Laura Chinchilla después del fracaso de Solidaridad Tributaria. La recaudación esperada asciende al 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB). La propuesta autoriza el traslado de superávit libres al Gobierno Central, congela las pensiones de lujo y elimina las exoneraciones a la remesa de utilidades al exterior.
Transparencia fiscal: Vigente desde octubre del 2012. Otorga un plazo de 10 días para que un juez de lo contencioso administrativo decida si el levantamiento del secreto bancario pedido por la Administración Tributaria es pertinente. Esos datos podrán ser compartidos con las autoridades de los 13 países con los que Costa Rica mantiene acuerdos de intercambio de información.
Fortalecimiento de la gestión tributaria: Elevó a 500 salarios el monto de que determina cuándo un caso debe ser resuelto por los tribunales. El objetivo es que una mayor cantidad de infracciones se resuelvan en la vía administrativa. Además, elevó las multas para quienes comentan actualizaciones fiscales culposas y dolosas. Contiene un capítulo de derechos del contribuyente.
Impuesto a las sociedades anónimas: El impuesto grava con ¢180.000 la tenencia de las sociedades anónimas, la representación de personas jurídicas extranjeras y las empresas individuales de responsabilidad limitada activas ante la Dirección de Tributación. Las sociedades inscritas pero inactivas deberán pagar la mitad del importe (¢90.000). El dinero se destinará a la compra de equipo policial y capacitación de los oficiales de la Fuerza Pública.
Impuesto solidario: La ley aprobada el 31 de octubre de 2008, impone un gravamen a los propietarios de viviendas cuyo valor sobrepase los ¢100 millones. El tributo tiene vigencia de una década y los recursos deben destinarse exclusivamente a financiar programas de dotación de vivienda digna a familias en condición de pobreza extrema.
Fuente: Archivo.
Reforma fallida
El largo debate del proyecto de Ley de solidaridad tributaria terminó en fracaso. La Sala IV ordenó su retorno a comisión por vicios de procedimiento después de su aprobación en primer debate. Estas eran algunas propuestas:
Renta de asalariados: Se planteaba un nuevo tramo para gravar los sueldos más altos. Los salarios superiores a los ¢7.000.000 mensuales pagarán el 25% de impuesto. Las personas físicas con actividad lucrativa pagan un 15% sobre los primeros ¢4.000.000 de utilidades netas anuales y un 25% por encima de este monto.
Renta global: Los contribuyentes tributan según la renta bruta de todos sus ingresos .Las personas jurídicas y demás entidades sin personalidad jurídica pagan un 30% sobre sus utilidades como tarifa general. No obstante, cuando una empresa genera intereses que no están relacionados con su giro habitual de negocio pagan un 15%. Las pymes, inscritas como tales en el registro del MEIC o el MAG, tienen una escala diferenciada que va desde un 10% sobre los primeros ¢4.800.000 millones de utilidades netas anuales hasta un 25% para las empresas que reporten utilidades netas anuales superiores a los ¢8.800.000.
Renta mundial: Los alquileres obtenidos por inmuebles en el exterior, intereses generados por inversiones financieras y dividendos obtenidos por actividades empresariales en el extranjero, así como el producto de los derechos de propiedad intelectual pagan un 15% al repatriarse.
Fuente: Archivo
