EscucharEl caso de la financiera Desyfin dio un nuevo giro la última semana cuando se reveló que su descalabro podría ser más que una mala gestión del negocio: el Ministerio Público sospecha que sus accionistas mayoritarios supuestamente idearon un plan para obtener un beneficio patrimonial antijurídico. Le resumimos qué se ha publicado hasta ahora.
¿Cuáles son las sospechas?
Según reveló el periódico La Nación, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual teoriza que los socios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin ejecutaron supuestas acciones fraudulentas en detrimento de los ahorrantes, los inversionistas y uno de los propietarios minoritarios de la entidad.
La Fiscalía presume que se usaron fideicomisos y sociedades anónimas para ocultar los números reales de la financiera intervenida, también supuestamente se alteraron los registros contables y se presentaron informes inexactos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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Además, la Fiscalía sospecha de simulación de negocios y aparentes pagos extrasalariales a socios y a la alta gerencia en Panamá, sin reportarlo a la seguridad social ni tributarlos.
Estas conjeturas se desprenden de una serie de publicaciones hechas por La Nación que tuvieron como base la solicitud de allanamiento de las casa y oficinas de los accionistas mayoritarios de Desyfin, cinco miembros de la familia Lacayo Beeche.
¿Quiénes son los sospechosos?
Según se reportó, la Fiscalía investiga el accionar de 26 personas, entre imputados y encartados. Allí se incluye a toda la junta directiva de Desyfin. Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche Michaud, Silvio Lacayo Beeche, Manfred Lacayo Beeche y Mauricio Lacayo Beeche, socios principales de Desyfin, son los que encabezan las sospechas judiciales.
En esa lista también se incluye el nombre de Mario Gómez Pacheco y el de José Antonio Hidalgo Marín, representantes de las firmas Consultores Financieros Cofin S. A. y Bufete Gómez & Galindo Abogados y Notarios de Centroamérica S. A.
La Fiscalía teoriza que sus sociedades funcionaron como los fiduciarios de varios fideicomisos que habrían sido utilizados para “ocultar la situación financiera real” de la Financiera Desyfin ante la Sugef y para “erosionar, de forma regular, sistemática y deliberada, el patrimonio de la Financiera Desyfin”, en beneficio propio y de los Lacayo Beeche, según expuso La Nación con base en la Fiscalía.
El Ministerio Público supone que Gómez e Hidalgo obtuvieron dos créditos ―cada uno de alrededor de $1 millón―, que aparantemente nunca se pagaron, a pesar de que en la contabilidad de Desyfin no se registró ninguna morosidad.
¿Qué dicen los sospechosos?
Silvio Lacayo Beeche, accionista y representante legal de Desyfin, negó las acusaciones por parte de la Fiscalía.
“Todos y cada uno de los hechos de esa demanda no son ciertos, todos son totalmente mentira, puras cortinas de humo que presentó la Sugef para argumentar la necesidad de hacer la intervención”, le dijo Lacayo a La Nación. También agregó que ya presentaron una desestimación contra el caso.
Por su parte, Gómez e Hidalgo le dijeron al mismo medio que ellos actuaron de forma correcta y que son “las víctimas” de esta situación. Sobre los créditos, los dos dijeron que fueron cancelados desde el 2018 y no saben por qué la financiera no los borró de sus registros contables.
¿Por qué se intervino a Desyfin?
Desyfin originalmente había sido intervenida por la combinación de varias banderas rojas, entre ellas la subvaluación de alrededor de un 20% de su cartera crediticia, una débil gestión de riesgos, actuaciones contrarias a las disposiciones regulatorias vigentes, registros incorrectos de gastos e ingresos de la entidad y una junta directiva, alta gerencia y auditoría interna que incumplieron sus funciones y responsabilidades para advertir y mitigar de forma oportuna los riesgos, según explicó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el pasado 13 de agosto, fecha en la que se ordenó su intervención.
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¿Qué pasó con Desyfin?
La interventoría, encabezada por Marianne Kött, encontró que los pasivos de la financiera consumían por completo el patrimonio de la entidad, al punto de generar pérdidas por ¢21.968 millones. Al concluir la intervención, el Conassif declaró que Desyfin era financieramente inviable y ordenó su proceso de resolución.
En este tipo de procesos los activos y pasivos de la financiera se dividen en dos canastas: el “banco bueno” y el “banco malo”. En el primero estarán activos que buscarán ser transferidos a una entidad solvente con el objetivo de que esta entidad adquiera los pasivos (es decir, que honre las obligaciones de la financiera).
Los activos del banco malo se tratarán de vender por medio de un fideicomiso para que ese dinero sirva para incrementar el porcentaje de dinero que le será devuelto a los depositantes.
Todavía no se ha anunciado la adquisición del banco bueno por parte de ninguna entidad solvente.
