EscucharEn el mercado de seguros costarricense todavía queda una especie de monopolio: el de los seguros obligatorios. ¿Por qué “una especie de”? Porque no es uno que se dé estrictamente por ley; desde el 2011 las aseguradoras privadas tienen la puerta abierta para ofrecer estos ramos, sin embargo en once años ninguna entidad ha entrado y no parece que lo vayan a hacer pronto.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es el único oferente del Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), ¿por qué continúa este monopolio y qué ganamos y perdemos con que se mantenga el status quo? Se lo explicamos a continuación.
¿Cómo está el mercado?
El mercado de los seguros obligatorios se abrió en enero de 2011, tres años después que el de los voluntarios, sin embargo ninguna aseguradora privada ha concretado un ingreso. Además, de momento, parece que hay poco interés por entrar en el corto plazo.
Por lo menos eso se puede inferir ya que, si bien la Superintendencia General de Seguros (Sugese) ha tenido conversaciones con las aseguradoras privadas sobre este ramo, ninguna ha escalado a una oferta concreta.
El superintendente de Seguros, Tomás Soley, comentó que ni siquiera han recibido una retroalimentación formal y específica sobre qué habría que modificar para que el negocio de los seguros obligatorios sea atractivo para el sector privado. Esto hace que lo que Sugese se formule sobre el fenómeno monopólico sean hipótesis propias, nada más.
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¿El mercado obligatorio es grande?
Sí, en 2021 representó un 23% de todas las primas pagadas; alrededor de ¢204.000 millones. Además, tanto el RT como el SOA suelen estar entre los ramos más vendidos cada año.
¿Si mueve tanto dinero, por qué las aseguradoras no han querido entrar?
Hay varias hipótesis al respecto, la principal tiene que ver con la rentabilidad del servicio y es una que teoriza incluso la misma OCDE en su publicación Costa Rica: Revisión del Sistema de Seguros de 2019.
Allí, el organismo internacional menciona lo siguiente: “esto puede atribuirse en parte a que existen límites máximos de ganancias y requisitos para la reinversión de las ganancias excedentes en la misma línea comercial para el seguro obligatorio de vehículos, y la fijación de precios a ganancia cero en la línea obligatoria de compensación para trabajadores, dada la ausencia de otros proveedores de seguros en este segmento del mercado”.
¿Son, entonces, seguros con dificultad de lucro?
Sí, en cuanto se pone en contexto que cualquier entidad privada que ingrese en el mercado tendrá que competir con un INS que, en teoría, calcula los montos de los seguros obligatorios al costo. Es decir, su objetivo es no perder dinero, pero manejar el SOA y el RT al menor precio posible, así lo considera Elian Villegas, expresidente del INS.
Villegas pone como ejemplo el caso del seguro de RT: “por lo menos nosotros siempre tuvimos una claridad enorme de que el costo del Riesgo de Trabajo es un costo directo a la competitividad de las empresas, entonces hay que tenerlo lo más bajo posible y eso va directamente en contra del factor de rentabilidad”.
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Evidentemente, un privado no puede darse el lujo de trabajar bajo un fino margen de ganancias, especialmente cuando es probable que deba hacer una inversión grande para entrar debido a que su competencia, el INS, cuenta con un aparato de servicio ya consolidado para brindar estos ramos obligatorios.
Adicionalmente, la misma legislación restringe los márgenes de ganancia. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Tránsito, N° 9078, las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las aseguradoras que comercialicen este producto (de momento, solo el INS). Sin embargo, dichas tarifas deben ser autorizadas por la Sugese y esta institución no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al 6%.
Si de todas formas llegara a haber un excedente, se constituirá una reserva acumulativa para hacerle frente a futuras pérdidas del seguro obligatorio hasta de un 25% de las primas percibidas en el año. Si el excedente supera este porcentaje, el remanente se trasladará a título de contribución especial a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mitigar el costo por la atención de personas lesionadas, cuando se agote la cobertura del seguro obligatorio.
¿Está desnivelada la cancha a favor del INS en materia legal?
Para el abogado Esteban Carranza, miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Derecho de Seguros (Acodes), se mantiene una ventaja “inusual” entre el sector público y el privado.
Carranza explica que la normativa de los seguros obligatorios, especialmente el de RT, todavía contienen una serie de disposiciones previas a la apertura del mercado que podrían generar discusión sobre cuáles son las facultades de las aseguradoras privadas en una eventual participación en el mercado obligatorio.
El abogado lo ejemplifica con los artículos 203 y 269 del Código de Trabajo, donde se señala que el INS puede ordenar el cierre de un centro de trabajo que no posea póliza de RT y no queda claro cómo funcionaría esa potestad en un mercado de múltiples participantes.
“O bien los artículos referentes a la conformación de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo o el Consejo de Salud Ocupacional, en donde un representante del INS ocupa un puesto, situación que debería eventualmente variar en caso de mercado en competencia”, menciona Carranza.
El mismo superintendente Soley considera que hay “mucho arreglo institucional” que correspondería llevar a cabo en caso de que se concrete la participación de privados, pero no hay claridad sobre cuáles serían específicamente debido a esa falta de retroalimentación explícita por parte de las compañías que en algún momento le han mostrado interés a la Sugese. “(Por eso) no hemos podido hacer una remoción de estos elementos que podrían estar impidiendo la competencia”, menciona Soley.
¿En algún momento participarán privados?
Para Norma Montero, directora de la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP), es muy probable que sí, pero no cree que este sea el momento correcto. Según explica Montero, las aseguradoras privadas han buscado crecer primero donde el mercado más lo necesite y eso ha sido, por lo menos hasta ahora, lejos de los seguros obligatorios.
Bajo su perspectiva —la cual aclara que no necesariamente habla en nombre de todas las aseguradoras y sus decisiones comerciales—, el ingreso al ramo obligatorio se dará cuando haya una mayor maduración del mercado y se revise la actual normativa.
Hay que tomar en cuenta que aunque la apertura ya tiene más de una década, el mercado de seguros privados todavía se considera joven. “Las entidades que han ingresado han tenido que realizar una altísima inversión en capital, por lo que toma cierto tiempo que puedan recuperar y llegar a puntos de equilibrio, situación que quizás ha contribuido a demorar el ingreso de participantes en los seguros obligatorios”, considera Carranza.
¿Alguno de los dos seguros tiene una entrada más amigable que el otro?
Carranza piensa que sí: bajo su criterio una eventual participación de una aseguradora privada en el SOA es más probable debido a que existe normativa ya actualizada en la Ley de Tránsito y es un seguro que, bajo su perspectiva, no difiere sustancialmente de los seguros voluntarios de automóviles en cuanto a su operatividad y trámites.
La asegura Quálitas sería una obvia candidata para ingresar en este ramo debido a que su especialización es la de vehículos. Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, comentó que ha sido de interés de la aseguradora ofrecer el SOA, pero considera que se deben modificar “algunos temas legales” para que le sea interesante al sector privado. Sobre cuáles serían esas modificaciones, la gerente dijo que no podía mencionarlas todavía.
“En el caso de RT, la normativa del Código de Trabajo, así como la operativa hospitalaria en torno a las prestaciones, podría eventualmente demorar un poco el proceso”, explica el abogado.
De hecho, este mismo Código, en su artículo 208, todavía hace alusión al INS como único oferente: “El sistema tarifario y las modalidades de pago del seguro de riesgos del trabajo serán establecidos sobre la base técnica que disponga el Instituto Nacional de Seguros”, se lee en él.
El sitio web de Sugese, en cambio, sí dice que serían cada una las aseguradoras oferentes las que propondrían la tarifa, no solo el Instituto.
¿Cómo cambiaría la fijación de tarifas con más de una aseguradora en el mercado obligatorio?
Para el superintendente Soley, la fijación de tarifas perdería relevancia en un mercado en competencia. En caso de ingresar privados en la ecuación, esta sería una práctica que habría que reevaluar.
“La intervención tarifaria tiene más sentido en un contexto monopólico, cuando no hay opciones y donde puede darse eventualmente un abuso del mercado contra el consumidor”, dice Soley.
Por último, ¿qué ganamos y perdemos con que el INS sea el único oferente?
La principal ganancia está en tener una institución con garantía del Estado y con una teórica función social como único oferente de un seguro que tiene una base solidaria importante.
Actualmente el INS es la empresa más rentable que tiene el sector público, cuenta con una buena calificación de riesgo y el Gobierno suele meter mano a sus excedentes cuando necesita financiar algo especial (recordemos los ¢1.000 millones que dio para comprar vacunas, por ejemplo).
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Por otro lado, la desventaja —o una de ellas, más bien— viene de la incapacidad para comparar. ¿Cómo saber qué tan bueno es —o puede ser— el servicio si no tenemos contra qué sopesarlo?
Tener un único oferente es, en cierta medida, ponerle una especie de techo sobre el potencial del producto. El mismo Villegas, conocido defensor del Instituto, así lo considera: “sí creo que es importante que exista la posibilidad de que llegue un tercero porque eso hace que el INS siempre tenga un pie en el acelerador, que el INS siempre tenga el cuidado suficiente de mantener calidad y costo, porque sabe que si se descuida puede venir y meterse ese tercero al mercado”.
Tanto Montero como Soley consideran que las ventajas de que ingrese un privado se parecerán a las que se tuvo cuando se abrió el mercado de seguros voluntarios. “Creo que han sido clarísimos los beneficios de la apertura de los servicios voluntarios: la diferencia en precios, atención al cliente, solución de reclamos, comunicación, etc, creo que el mercado ha ido mejorando fuertemente y es evidente ese valor agregado. No veo por qué no pueda darse lo mismo en los seguros obligatorios”, dice el actual superintendente.
Por ahora y ante la ausencia de presentaciones formales ante el mercado o peticiones explícitas para reformas legales el status quo se mantendrá por algunos años más, eso sí, no hay nada de fondo que impida el cambio.
